José Rubén Galeana García

Expediente 1477/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1477/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • José Rubén Galeana García
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1477/2022, promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal Rufino Lucas Luna, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado al día siguiente a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************, por conducto de su apoderado legal Rufino Lucas Luna, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. RESIDENTE EN CHILPANCINGO, GUERERO. ACTO RECLAMADO: "1.- LA NEGATIVA Y/O OMISION DE ACORDAR SOBRE EL TERMINO CONCEDIDO AL DEMANDADO EN EL AUTO DE 19 (DIECINUEVE) DE AGOSTO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), ADMITIR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS DEL NUEVO DESPIDO DEL QUEJOSO, ASI COMO SEGUIDO DEL PROCEDIMIENTO CERTIFICAR EL TOTAL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, ABRIR EL PERIODO PARA LOS ALEGATOS Y DECRETAR EL CIERRE DE INSTRUCCION PARA QUE SEA TURNADO EL EXPEDIENTE PARA SU PROYECTO DE LAUDO. I 2.- LA OMISIÓN DE AJUSTARSE AL PLAZO DE 12 MESES PARA DICTAR EL LAUDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 81 DE LA LEY 51 DEL ESTADO: ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO." SEGUNDO. En el escrito de demanda señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos. TERCERO. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda como juicio de amparo indirecto 1477/2022 y se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se tuvo como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atoyac de Álvarez, Guerrero; al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, luego de diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que tiene su domicilio dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo y a las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: La omisión de acordar las promociones exhibidas el doce de marzo de dos mil veinte, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, veintiuno de abril, doce de septiembre y dieciocho de octubre, estas últimas de dos mil veintidós, ante la responsable, en el expediente laboral 557/2013 sin ajustarse al pazo de doce meses para terminar el proceso, en términos del artículo 81 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y solo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de estas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Sobre esa tesitura, se tiene que es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de acordar las promociones exhibidas el doce de marzo de dos mil veinte, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, veintiuno de abril, doce de septiembre y dieciocho de octubre, estas últimas de dos mil veintidós, ante la responsable, en el expediente laboral 557/2013 sin ajustarse al pazo de doce meses para terminar el proceso, en términos del artículo 81 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, no obstante que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado lo haya negado, pues realizó manifestaciones que denotan su certeza, misma que se corrobora con las copias certificadas de diversas actuaciones que allegó a los presentes autos, a las que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. CUARTO. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Página: 553, Materia Común, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, quien aquí resuelve no entrará al análisis de la controversia planteada en el juicio que nos ocupa, en virtud de que en la especie, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar las promociones exhibidas el doce de marzo de dos mil veinte, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, veintiuno de abril, doce de septiembre y dieciocho de octubre, estas últimas de dos mil veintidós, ante la responsable, en el expediente laboral 557/2013 sin ajustarse al pazo de doce meses para terminar el proceso, en términos del artículo 81 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consonancia con lo anterior, en el presente caso, el acto reclamado esencialmente se hace consistir en la omisión de acordar las promociones exhibidas el doce de marzo de dos mil veinte, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, veintiuno de abril, doce de septiembre y dieciocho de octubre, estas últimas de dos mil veintidós, ante la responsable, en el expediente laboral 557/2013 sin ajustarse al pazo de doce meses para terminar el proceso, en términos del artículo 81 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. No obstante ello, de las copias certificadas allegadas por la autoridad responsable con su informe justificado y mediante oficio 407/2023, de veinticuatro de diciembre de dos mil veintitrés (sic) que obran a fojas 75, 100, 101, 102, 103 y 104 de autos, se advierte que el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en el que tuvo por recibidos los escritos que recepcionó el doce de marzo de dos mil veinte, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, veintiuno de abril, doce de septiembre y dieciocho de octubre, estas últimas de dos mil veintidós; acuerdo en el que de forma literal señaló: "Chilpancingo, Guerrero, veintidós de noviembre del año dos mil veintidós. El suscrito Lic. Luis Alberto Jiménez Patrón, tiene por recibidos cuatro escritos recibidos el veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno, doce de marzo, veintiuno de abril, doce de septiembre y dieciocho de octubre estos cuatro del año dos mil veintidós, signados los cinco por el LIC. RUFINO LUCAS LUNA, apoderado legal del C. JOSÉ RUBEN GALEANA GARCIA, dentro del expediente laboral número 557/2013, que promueve en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ, GUERRERO; en atención a los mismos se acuerda: Agréguense los escritos de referencia a los autos del expediente laboral en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes, ahora bien y en atención al primere escrito se le tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones a los CC. KENIA ITZEL GONZÁLEZ BAUTISTA, MARIA JAZMIN NAVARRETE RIVERA, CESAR DAVID VILLANUEVA RAMÍREZ Y ROSA ELIZABETH HERNÁNDEZ PÉREZ. Por otro lado, y en relación a los cinco escritos primeramente se emite pronunciamiento sobre la prueba de Inspección ofrecida por la parte actora en cuanto al primer despido, misma que fue desahogada en sus términos la cual será valorada en su momento procesal oportuno misma que corre agregada a foja 55 del expediente en que se actúa. Ahora bien, se le hace efectivo el apercibimiento a la demandada decretado en auto de fecha diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve, es decir se le tiene por perdido el derecho para presentar pruebas en relación al segundo despido. En relación al pronunciamiento sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte actora se instruye al secretario auxiliar de audiencias para que emita pronunciamiento al respecto. Lo anterior para todos los efectos legales correspondiente. ." El acuerdo antes señalado, fue hecho del conocimiento de la parte quejosa mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictado por este juzgado, mismo que le fue notificado al impetrante de forma personal, por conducto de su autorizado, el veintinueve del mismo mes y año, sin que hubiera ampliado la demanda de amparo en caso de ser inconforme con aquél. Por tanto, es manifiesto que el acto omisivo que reclamó el impetrante del amparo, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este juicio, dejó de causarle perjuicio, restituyéndolo en el goce de su derecho fundamental violado y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por la norma constitucional que consideró vulnerada, puesto que en fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la responsable emitió el proveído respectivo en el que realizó el pronunciamiento correspondiente respecto a las promociones que le fueron exhibidas por la parte actora aquí quejosa, el doce de marzo de dos mil veinte, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, veintiuno de abril, doce de septiembre y dieciocho de octubre, estas últimas de dos mil veintidós. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que la autoridad responsable haya señalado en el mencionado acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, que entre otras, acordó la promoción de doce de marzo de dos mil veintidós, toda vez que se observa en forma clara que ello se debió a un error, toda vez que, con su oficio 407/2023, antes referido, remitió a este juzgado la promoción de doce de marzo de dos mil veinte, como aquella que acordó en el señalado auto de veintidós de noviembre del año próximo pasado. En esas condiciones, es patente que tocante al acto reclamado se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede SOBRESEER en el juicio, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." QUINTO. Atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se hizo de su conocimiento, lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado el veintiocho del mes y año antes referido, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, 62 y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido ********************, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, que signa la Presidenta encargada del despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, atento a su contenido, téngasele desahogado el requerimiento que se le formuló en auto de veinte de enero del año en curso Con las constancias antes referidas, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su derecho convenga. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I.5º.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, del rubro y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará lagarantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado."

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy, la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, en virtud que resultan necesarias para resolver el fondo del asunto, las constancias relativas a los escritos presentados por la parte actora, aquí quejosa, ante la autoridad responsable, los días doce de marzo de dos mil veinte, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, veintiuno de abril, doce de septiembre y dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 557/2013. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita ante este juzgado copia debidamente certificada de las constancias referidas en el primer párrafo. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización , lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo y del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a que se cumpla con lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable y terceros interesados por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se aprecia que para el día de hoy, se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, en virtud que no se cuenta con la constancia de notificación personal del proveído de veinticinco de noviembre de esta anualidad, a la parte quejosa, en la que se le da vista con el informe justificado y constancias rendido por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Para dar margen a que se cumpla con lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable y tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materias Común, página 1253, registro digital: 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano