José Rubén Darío Díaz Romero

Expediente 961/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
961/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • José Rubén Darío Díaz Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que mediante auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se archivó el presente expediente como asunto totalmente concluido; sin embargo, se omitió remitir al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, las constancias recibidas mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, se devuelve el expediente original 326/2016, del índice de la responsable con nueve cuadernillos del mismo, lo anterior para los efectos legales correspondientes, solicitándole a la autoridad el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito suscrito por ********************, toda vez que dicha persona no forma parte del presente juicio de amparo, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...

  2. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. ...

  3. Principal

    En veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el suscrito secretario José Luis Cuevas Nolasco, Certifica: Que el termino de cinco días otorgado a la parte quejosa en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, para dar cumplimiento a la prevención formulada, le transcurrieron dos días del tres al seis de diciembre actual, en tanto que del citado proveído fue notificado el uno de diciembre anterior; ahora, los tres días restantes le transcurrieron del catorce al dieciséis de diciembre de año en curso, dado que del auto de nueve de diciembre anterior en que se le indicó que cumplió de manera parcial la prevención formulada, le fue notificado por lista de acuerdos el diez de diciembre siguiente; de ahí que la promoción presentada el dieciséis de diciembre se encuentra en tiempo, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la propia fecha se da cuenta con la certificación que antecede, el estado de autos y con el escrito recibido con folio 19114. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. PREVENCION CUMPLIDA. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso José Rubén Darío Díaz Romero, a través del cual en cumplimiento de la prevención formulada en auto de treinta de noviembre y reiterada el nueve de diciembre siguiente ambos de dos mil veintiuno, con dicho escrito y los diversos que obran en los autos, bajo protesta de decir verdad se le tiene señalando los antecedentes del acto indicados en la demanda, y desistiéndose de los actos de intimidación reclamados y a la vez señala que la fecha del acuerdo que ordena la desposesión de su casa, es el de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 326/2016, ello refiere porque al citar a audiencia de remate sin resolver los incidentes JOSE LUIS CUEVAS NOLASCO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b6.e3 06/03/22 15:13:32 planteados de su parte, conlleva la desposesión reclamada. En tales condiciones, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. En el caso, como se precisó en líneas precedentes, el acto reclamado consiste en el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio especial hipotecario número 326/2016, que ordenó citar a diligencia de remate en primera almoneda, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil de la Capital. Acto respecto del cual, el juicio de amparo que se promueve deviene improcedente, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra autos o resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, los artículos 367 y 368, del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Zacatecas, dispone: "ARTÍCULO 367 Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles. "ARTÍCULO 368. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de revocación: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de revocación deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en el acto de notificarse el auto o proveído y deberá contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes;" Del contenido de los preceptos transcrito se advierte que procede el recurso de revocación contra los autos o decretos emitidos por el juez que los dictó y que el citado medio de defensa, deberá hacerse valer por escrito, dentro de los dos días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva. De ahí que, si el promovente no agotó previamente a acudir al juicio constitucional el recurso de revocación dispuesto en el artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, en contra del acuerdo reclamado de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial hipotecario número 326/2016, que ordenó citar a audiencia de remate en primer almoneda y por el cual podía ser modificado, revocado o nulificado dicho acto; es inconcuso que el juicio de amparo que se promueve deviene improcedente. Lo anterior, porque el proveído reclamado de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, fue emitido por una autoridad judicial, precisamente el Juez Segundo del Ramo Civil de la Capital; el artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Zacatecas, establece el recurso de revocación contra los autos o decretos emitidos en el procedimiento civil; dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado sí permite que el recurso de revocación pueda promoverse dentro de aquél procedimiento; y con el medio de impugnación referido podría lograrse la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: ? El quejoso, al ser parte del juicio natural (demandado), no es tercero extraño a éste. ? El acuerdo reclamado no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. ? El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). ? La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Luego, se reitera que la parte promovente debió agotar el recurso de revocación antes de acudir al juicio de amparo, y al no hacerlo actualiza la hipótesis de improcedencia dispuesta en la fracción XVIII del artículo 61 dela Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, a la vez el juicio de amparo deviene improcedente, al actualizarse la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en tanto que al ser el acto reclamado dictado en el procedimiento de ejecución en el juicio hipotecario 326/2016, no constituye el último en el procedimiento de remate. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de los sentenciados o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" La norma transcrita en primer orden prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Por otra parte, el segundo de los numerales insertos en lo que interesa prescribe que el juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos de Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo únicamente es procedente, tratándose de actos de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, momento en el que pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hayan dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. El invocado precepto a la vez dispone que como última resolución en la fase ejecutiva es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente. Además, prevé que tratándose de procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos previamente precisados. Ahora, si como se apuntó en párrafos precedentes, el acto reclamado se hace consistir en el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio especial hipotecario número 326/2016, promovido por la institución bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en contra de José Rubén Darío Díaz Romero, a través del cual el juez responsable ordenó citar a diligencia de remate en primera almoneda, como se ve dicho auto no constituye el último en el procedimiento de remate, en tanto que a través de dicho proveído no se otorga la escritura de adjudicación, como tampoco se entregan los bienes embargados y ante lo cual, el amparo que se promueve en contra de dicho auto resulta improcedente. Por tanto, con independencia que el acto reclamado se haya dictado en el procedimiento de remate, resulta claro que para acudir ante la instancia constitucional la parte quejosa, debe esperar el dictado de la última resolución que en forma definitiva se dicte en el procedimiento de remate y hacer valer todas las violaciones acaecidas durante ese procedimiento. A lo anterior debe agregarse que si bien el Alto Tribunal del País ha sostenido el criterio que, tratándose de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente de manera excepcional cuando el actuar de la autoridad responsable produzca una afectación de manera directa en los derechos sustantivos del promovente y ajenos a la cosa juzgada, circunstancia que no acontece en el caso, pues el acto reclamado, sólo conlleva actos intraprocesales que en todo caso influyen el procedimiento y trascienden al dictado de la resolución que se dicte en el mismo, más de ninguna manera a circunstancia ajena a lo juzgado en el procedimiento, que es precisamente la propiedad dilucidada en el juicio de origen por las partes. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia publicada con el número P./J. 108/2010, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, página 6, con registro 163152, cuyo rubro y texto dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se JOSE LUIS CUEVAS NOLASCO aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En efecto, al advertir los elementos de esta definición de "ejecución irreparable", y aplicarlos al acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio especial hipotecario número 326/2016, a través del cual el juez responsable ordenó citar a diligencia de remate en primera almoneda ello sólo se traduce en un auto emitido en el procedimiento de remate, por tanto, resulta evidente, que con la determinación que se reclama en este contradictorio constitucional, sólo se pueden afectar derechos adjetivos o procesales del impetrante, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva y ajenos a la cosa juzgada. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el acto reclamado no reviste la categoría de actos que sean de imposible reparación ni ajenos a la cosa juzgada en el procedimiento de origen que como tal haga procedente el juicio de amparo que se promueve. De ahí que, si el auto reclamado fue emitido dentro del procedimiento de remate, resulta claro que para acudir ante la instancia constitucional la parte quejosa, debe esperar el dictado de la última resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria, dentro del juicio especial hipotecario de donde deriva el acto reclamado, para hacer valer las violaciones realizadas durante dicho procedimiento. Tiene aplicación la tesis de la Décima Época, de Registro: 2018278, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2163, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente". Asimismo resulta aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con el número 1a./J. 57/2019 (10a.), por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I Materia Común, Civil, Décima Época, página 110, con el registro 2020631, cuyo rubro y texto dice: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo". Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo analizadas, lo procedente es DESECHAR DE PLAN O LA DEMANDA promovida por José Rubén Darío Díaz Romero. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Juicio de Amparo 961/2021 El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado José Luis Cuevas Nolasco, Certifica: Que el término de cinco días otorgado a la parte quejosa en proveído de treinta de noviembre dos dos mil veintiuno, para dar cumplimiento a la prevención formulada; al día siete del mes y año en curso, en que presenta promoción para el cumplimiento aludido, le han transcurrido tres días, en virtud de que dicha determinación le fue notificada por medio de lista el uno de diciembre del presente año; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con un escrito registrado con el número 18539. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso José Rubén Darío Díaz Romero, a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada por auto de treinta de noviembre del año en curso; misma que cumple de manera parcial, ello en tanto que sólo cumple con lo requerido en el primer punto y parcialmente el segundo, al señalar que los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, y que indica en la demanda de amparo, lo hace bajo protesta de verdad y señalar al juzgado responsable como el que ejerce actos de intimidación. Sin embargo, de manera alguna se refiere a las circunstancias diversas contenidas en el segundo de los puntos, a saber que indique bajo protesta de verdad la fecha de los acuerdos o resoluciones que ordenan la desposesión de su casa habitación y en qué consisten los actos de intimidación que reclama en el escrito de demanda. De ahí que con el escrito que se agrega, sólo cumple de manera parcial el cumplimiento formulado en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, la presentación de la promoción que se provee, interrumpe el cómputo relativo al término de cinco días otorgado al quejoso para cumplir con las prevenciones realizadas en auto de treinta de noviembre del año en curso; por tanto, a efecto de que el impetrante del amparo se encuentre en posibilidades de cumplir con la prevención formulada, hágase de su conocimiento que dicho plazo se interrumpió, por lo que dicho plazo continuará al día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia que se precisa enseguida: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza. Doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas). EMVG

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