José Rosendo Martínez González o Rosendo Martínez González

Expediente 901/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
901/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • José Rosendo Martínez González o Rosendo Martínez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, mediante el cual remite copia certificada del testimonio pronunciado en el recurso de queja civil 9/2022 de su índice. Acúsese recibo. Luego, de tal testimonio se aprecia que dicho órgano colegiado resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Este asunto no se considera de relevancia documental.

  2. Principal

    Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, transcribe el proveído de veinte de enero actual, dictado en el recurso de queja civil 9/2022 de su índice, en el que se aprecia que dicho órgano colegiado admitió tal medio de impugnación interpuesto contra del proveído de siete de diciembre del año anterior, en que se desechó su demanda de amparo. Aspecto del que se toma conocimiento para los fines legales conducentes.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SINTESIS DICE ".. Vista el acta que antecede, se advierte que el quejoso José Rosendo Martínez González o Rosendo Martínez González ratificó el escrito recibido en este órgano jurisdiccional el cinco de noviembre de este año, registrado con el folio 15127, y reconoció como suya la firma estampada en él, a través del cual cumplió la prevención formulada en auto de veinticinco de octubre del año en curso; por lo que enseguida se proveerá en relación con la demanda de amparo, conforme a la información aportada en ella y en su escrito aclaratorio. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Del análisis íntegro a la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado es la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, en el recurso de revocación interpuesto por el demandado (quejoso) José Rosendo Martínez González o Rosendo Martínez González, por conducto de su mandatario Sergio Octavio Barboza Lunar, en el juicio ordinario civil C46/2021, que confirmó el auto de treinta y uno de agosto de este año, en que se le dijo lo siguiente: "Respecto de la primera petición del primer escrito, no se acuerda de conformidad su solicitud, toda vez que el auto de fecha seis de julio del año en curso, fue revocado mediante resolución de fecha dieciséis de agosto del presente año, misma que causó ejecutoria por ministerio de ley. En cuanto a la segunda de sus peticiones llámese a juicio a Martha Verónica Manríquez Corona, con domicilio en calle Guerrero, sin número, Estación Joaquín de la ciudad de Abasolo, Guanajuato, en términos de la resolución de fecha dieciséis de agosto del presente año. Toda vez que el domicilio de la litisconsorte se encuentra fuera de esta ciudad, se ordena girar atenta requisitoria con los insertos necesarios al Juzgado Único Menor Mixto de Abasolo, Guanajuato, para que la cumplimente en sus términos otorgando plenitud de jurisdicción a la Juez exhortada." El quejoso aduce que con la resolución reclamada se está otorgando doble término a la litisconsorte Martha Verónica Manríquez Corona, toda vez que ya había sido emplazada en diligencia de seis de agosto anterior, donde se le había otorgado también el término legal de nueve días para contestar la demanda. Conforme a lo narrado por el quejoso, en el juicio de origen aún no se ha dictado sentencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado destacado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no es de imposible reparación. Los artículos antes invocados, establecen textualmente lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." LEY DE AMPARO: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." El acto que reclama el promovente del amparo no tiene la naturaleza de imposible reparación, pues el hecho de que, como aduce, se otorgue doble término a la demandada para contestar la demanda, es un acto intraprocesal que puede ser reparado en definitiva en caso de que el demandado -aquí quejoso- obtenga sentencia favorable, y así, puede no producir ningún efecto o perjuicio. Ello es así, dado que resoluciones como la reclamada no revisten el carácter de actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, pues las consecuencias de tal acto, no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dichas resoluciones sólo tienen consecuencias o producen efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados con el sólo hecho de que quien se dice afectado obtenga sentencia favorable. En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello, que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón. En consecuencia, el acto destacado que aquí se reclama, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues en todo caso sólo produce una afectación a derechos adjetivos que puede remediarse en el fallo definitivo, que en su momento se dicte por el juez responsable. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia I.1o.A.7 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1231 del Tomo II, Diciembre de 2013, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Carta Magna o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, si se insta el amparo contra la resolución recaída a un medio de defensa interpuesto contra un acto intraprocesal, para decidir sobre su procedencia, debe atenderse a la naturaleza de la determinación recurrida, pues la pretensión principal que subyace en la interposición de un recurso es que se revoque o modifique el acto materia de la impugnación, por lo que es partícipe de la naturaleza de este último. Luego, si el acto combatido en la vía ordinaria no es de ejecución irreparable, porque no trastoca derechos sustantivos del demandante, atendiendo al vínculo indisoluble que existe entre aquél y la resolución que decida el medio de defensa, si la acción constitucional no procede contra el acto primigenio, tampoco lo será contra la que recaiga al recurso. Entonces, la resolución reclamada se considera sólo produce efectos de naturaleza adjetiva o procesal, sin que afecte directa e inmediatamente los derechos sustantivos del solicitante del amparo, por lo que las violaciones que ahora expresa, en todo caso podrá hacerlas valer en el juicio de amparo directo en términos del artículo 172, fracciones IX y XII, de la ley de la materia. "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Es decir, se estima que en el supuesto de que se dicte una resolución definitiva que sea desfavorable a los intereses del quejoso, el juicio de amparo directo, bajo el esquema de la Ley de Amparo, es la vía idónea para dilucidar la legalidad o constitucionalidad de la determinación que aquí se reclama, previo cumplimiento de todos los requisitos de procedencia, siempre que se haya dictado una resolución definitiva que sea desfavorable a los intereses de la parte promovente. En consecuencia, no es procedente la vía de amparo indirecto contra la resolución que reclama la parte quejosa, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, sólo implicaría la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, que podrían ser reparados de obtener sentencia favorable. En este orden de ideas, se concluye que la acción de amparo es improcedente, con base en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Rosendo Martínez González o Rosendo Martínez González..."

  4. Principal

    agréguese el escrito del quejoso, proporciona el número de teléfono ... a efecto de llevar a cabo la diligencia de reconocimiento de firma mediante videollamada por medo de la aplicación "Whatsapp". En ese sentido, dada la necesidad que la diligencia se lleve a cabo de forma directa con el interesado, y atendiendo a la causa (presuntamente contagio de Covid-19) que imposibilitó para que se llevara a cabo de forma directa con dicha persona en este órgano jurisdiccional, se comisiona a la secretaria adscrita a este juzgado responsable de la tramitación del juicio en que se actúa, a efecto de realizar lo siguiente: ... Finalmente, la secretaria deberá levantar razón de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.-

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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