José Rosas Torres

Expediente 482/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
482/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
31/10/2017

Partes del expediente

  • José Rosas Torres
  • JOSÉ ROSAS TORRES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 482/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, José Rosas Torres, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señala: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Presidente Ejecutor de la Junta Especial No 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 2. Junta Especial No 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Residente en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "Del presidente ejecutor de la junta reclamo el auto de fecha 10 de abril de 2017 mediante el cual sin fundamento ni motivación se niega la ejecución de la interlocutoria de fecha 3 de enero de 2017 y de la Junta Especial No 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje reclamo el auto de fecha 4 de mayo del presente (que me fue notificado el 9 de mayo de 2017), mediante el cual (.) se declara improcedente el Recurso de Revisión que promoví contra actos del presidente ejecutor." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Previa prevención de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, por auto de treinta y uno de mayo siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 482/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se ordenó notificar al Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de tercero interesado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracciones IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclaman dos acuerdos dictados en la etapa de ejecución de laudo por una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de un análisis integral de la demanda de amparo y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, se precisa que la parte quejosa como actora en el juicio laboral 831/2014, reclama de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje: 1. El auto de diez de abril de dos mil diecisiete por el cual se negó la ejecución de la interlocutoria de tres de enero de dos mil diecisiete, que ordenó el pago de $14,407.20 (catorce mil cuatrocientos siete pesos 20/100 moneda nacional) por concepto de seis meses de subsistencia en su favor, hasta en tanto se resolvieran el recurso de queja interpuesto por la parte demandada. 2. El proveído de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por el cual se desecha el recurso de revisión interpuesto en contra del referido acuerdo de diez de abril de dos mil diecisiete. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente; certeza que se corrobora además con las copias certificadas de las constancias que integran el cuaderno de amparo directo 1/2017 derivado del juicio laboral 831/2014, remitidas como apoyo a su informe justificado; documentales públicas que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia . CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias señaladas con anterioridad y con las remitidas con posterioridad mediante oficio recibido el trece de julio de dos mil diecisiete, las cuales dada su naturaleza de documental pública tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 de la legislación adjetiva civil en cita. 1.- El veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó laudo en el juicio laboral 831/2014, radicado ante la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en la cual se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a: "a) El pago del riesgo de trabajo que sufrió el 13 de noviembre de 1980, con el salario diario integrado que percibió el día que se accidentó dentro de la empresa en horas de trabajo, el cual era equivalente a 6.5. salarios mínimos diarios. B) Como consecuencia de lo anterior, al pago retroactivo o diferencias resultantes a su favor derivadas de la modificación del monto de suspensión por riesgo de trabajo, a partir del día 25 de septiembre de 2013 a la fecha en que se dé debido cumplimiento al presente laudo." 2. Inconforme con dicho laudo, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió amparo directo, y mediante interlocutoria de tres de enero de dos mil diecisiete, se negó la suspensión solicitada y se requirió al Instituto Mexicano del Seguro exhibiera la cantidad de $14,407.20 (catorce mil cuatrocientos siete pesos 20/100 moneda nacional), por concepto de seis meses de subsistencia en favor del trabajador. 3. En contra de dicha resolución interlocutoria, el Instituto Mexicano del Seguro Social interpuso recurso de queja, el cual por cuestión de turno, le toco conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, registrado como recurso de queja laboral 42/2017. 4. Mediante ejecutoria de quince de junio de dos mil diecisiete, se declaró fundado el recurso de queja promovido por el citado Instituto, pues consideró incorrecto que la autoridad responsable fijara la cantidad $14,407.20 (catorce mil cuatrocientos siete pesos 20/100 moneda nacional), para que exhibiera el demandado como pago por concepto de seis meses de subsistencia en favor del actor, derivado de la presunción de que el actor en el expediente natural recibe un pensión por riesgo de trabajo, la cual por su naturaleza supone ser periódica y no pone en riesgo su subsistencia en caso de que se conceda la suspensión solicitada por el instituto, por lo que determinó procedente se concediera la suspensión por el monto total de la condena del laudo sin someterlo a garantía, debiendo dejar insubsistente el acuerdo de suspensión anterior y emitir uno nuevo en esos términos. 5.- En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la Junta responsable mediante proveído de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de tres de enero de dos mil diecisiete, y procedió a emitir una nueva resolución en la cual concedió la suspensión de la ejecución del laudo sin necesidad de exhibir garantía alguna, en razón de que el mismo recibe una pensión por riesgo de trabajo, que no pone en peligro su subsistencia. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Precisado los antecedentes de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La anterior disposición establece la imposibilidad de analizar en el juicio de garantías, un acto que ha cesado en sus efectos, hipótesis que se actualiza principalmente en dos supuestos, por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. La causal de improcedencia en estudio se actualiza porque de los antecedentes destacados se obtiene que la Junta responsable en cumplimiento a la ejecutoria de quince de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en el recurso de queja laboral 42/2017, mediante proveído de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de tres de enero de dos mil diecisiete, y procedió a emitir una nueva resolución en la cual concedió la suspensión de la ejecución del laudo sin necesidad de exhibir garantía alguna, en razón de que el mismo recibe una pensión por riesgo de trabajo, que no pone en peligro su subsistencia. En ese sentido, los actos reclamados cesaron en sus efectos, pues la negativa a ejecutar la suspensión concedida mediante resolución de tres de enero de dos mil diecisiete, materia del recurso de revisión desechado por improcedente, quedó sustituida procesalmente por la diversa resolución de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dictada en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de queja laboral 42/2017, lo que incidió en la vigencia y ejecutividad de los actos reclamados, ya que se dejó insubsistente la resolución interlocutoria de tres de enero de dos mil diecisiete, y concedió la suspensión de la ejecución del laudo sin necesidad de exhibir garantía alguna, cuya ejecución pretendía con la solicitud y recurso aludido materia de este juicio. Ilustra en lo conducente la tesis I.2o.P.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable a página 2546, tomo IV, Enero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 482/2017 promovido por José Rosas Torres, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el diez de octubre de dos mil diecisiete, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: "VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 482/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, José Rosas Torres, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señala: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Presidente Ejecutor de la Junta Especial No 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 2. Junta Especial No 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Residente en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "Del presidente ejecutor de la junta reclamo el auto de fecha 10 de abril de 2017 mediante el cual sin fundamento ni motivación se niega la ejecución de la interlocutoria de fecha 3 de enero de 2017 y de la Junta Especial No 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje reclamo el auto de fecha 4 de mayo del presente (que me fue notificado el 9 de mayo de 2017), mediante el cual (.) se declara improcedente el Recurso de Revisión que promoví contra actos del presidente ejecutor." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Previa prevención de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, por auto de treinta y uno de mayo siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 482/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se ordenó notificar al Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de tercero interesado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracciones IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclaman dos acuerdos dictados en la etapa de ejecución de laudo por una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de un análisis integral de la demanda de amparo y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, se precisa que la parte quejosa como actora en el juicio laboral 831/2014, reclama de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje: 1. El auto de diez de abril de dos mil diecisiete por el cual se negó la ejecución de la interlocutoria de tres de enero de dos mil diecisiete, que ordenó el pago de $14,407.20 (catorce mil cuatrocientos siete pesos 20/100 moneda nacional) por concepto de seis meses de subsistencia en su favor, hasta en tanto se resolvieran el recurso de queja interpuesto por la parte demandada. 2. El proveído de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por el cual se desecha el recurso de revisión interpuesto en contra del referido acuerdo de diez de abril de dos mil diecisiete. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente; certeza que se corrobora además con las copias certificadas de las constancias que integran el cuaderno de amparo directo 1/2017 derivado del juicio laboral 831/2014, remitidas como apoyo a su informe justificado; documentales públicas que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia . CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias señaladas con anterioridad y con las remitidas con posterioridad mediante oficio recibido el trece de julio de dos mil diecisiete, las cuales dada su naturaleza de documental pública tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 de la legislación adjetiva civil en cita. 1.- El veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó laudo en el juicio laboral 831/2014, radicado ante la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en la cual se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a: "a) El pago del riesgo de trabajo que sufrió el 13 de noviembre de 1980, con el salario diario integrado que percibió el día que se accidentó dentro de la empresa en horas de trabajo, el cual era equivalente a 6.5. salarios mínimos diarios. B) Como consecuencia de lo anterior, al pago retroactivo o diferencias resultantes a su favor derivadas de la modificación del monto de suspensión por riesgo de trabajo, a partir del día 25 de septiembre de 2013 a la fecha en que se dé debido cumplimiento al presente laudo." 2. Inconforme con dicho laudo, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió amparo directo, y mediante interlocutoria de tres de enero de dos mil diecisiete, se negó la suspensión solicitada y se requirió al Instituto Mexicano del Seguro exhibiera la cantidad de $14,407.20 (catorce mil cuatrocientos siete pesos 20/100 moneda nacional), por concepto de seis meses de subsistencia en favor del trabajador. 3. En contra de dicha resolución interlocutoria, el Instituto Mexicano del Seguro Social interpuso recurso de queja, el cual por cuestión de turno, le toco conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, registrado como recurso de queja laboral 42/2017. 4. Mediante ejecutoria de quince de junio de dos mil diecisiete, se declaró fundado el recurso de queja promovido por el citado Instituto, pues consideró incorrecto que la autoridad responsable fijara la cantidad $14,407.20 (catorce mil cuatrocientos siete pesos 20/100 moneda nacional), para que exhibiera el demandado como pago por concepto de seis meses de subsistencia en favor del actor, derivado de la presunción de que el actor en el expediente natural recibe un pensión por riesgo de trabajo, la cual por su naturaleza supone ser periódica y no pone en riesgo su subsistencia en caso de que se conceda la suspensión solicitada por el instituto, por lo que determinó procedente se concediera la suspensión por el monto total de la condena del laudo sin someterlo a garantía, debiendo dejar insubsistente el acuerdo de suspensión anterior y emitir uno nuevo en esos términos. 5.- En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la Junta responsable mediante proveído de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de tres de enero de dos mil diecisiete, y procedió a emitir una nueva resolución en la cual concedió la suspensión de la ejecución del laudo sin necesidad de exhibir garantía alguna, en razón de que el mismo recibe una pensión por riesgo de trabajo, que no pone en peligro su subsistencia. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Precisado los antecedentes de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La anterior disposición establece la imposibilidad de analizar en el juicio de garantías, un acto que ha cesado en sus efectos, hipótesis que se actualiza principalmente en dos supuestos, por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. La causal de improcedencia en estudio se actualiza porque de los antecedentes destacados se obtiene que la Junta responsable en cumplimiento a la ejecutoria de quince de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en el recurso de queja laboral 42/2017, mediante proveído de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de tres de enero de dos mil diecisiete, y procedió a emitir una nueva resolución en la cual concedió la suspensión de la ejecución del laudo sin necesidad de exhibir garantía alguna, en razón de que el mismo recibe una pensión por riesgo de trabajo, que no pone en peligro su subsistencia. En ese sentido, los actos reclamados cesaron en sus efectos, pues la negativa a ejecutar la suspensión concedida mediante resolución de tres de enero de dos mil diecisiete, materia del recurso de revisión desechado por improcedente, quedó sustituida procesalmente por la diversa resolución de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dictada en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de queja laboral 42/2017, lo que incidió en la vigencia y ejecutividad de los actos reclamados, ya que se dejó insubsistente la resolución interlocutoria de tres de enero de dos mil diecisiete, y concedió la suspensión de la ejecución del laudo sin necesidad de exhibir garantía alguna, cuya ejecución pretendía con la solicitud y recurso aludido materia de este juicio. Ilustra en lo conducente la tesis I.2o.P.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable a página 2546, tomo IV, Enero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 482/2017 promovido por José Rosas Torres, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el diez de octubre de dos mil diecisiete, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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