José Rosario Rodríguez Mendoza

Expediente 403/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
403/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • José Rosario Rodríguez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que interponer recurso de queja, en contra del auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse tenido por no presentada la demanda relativa que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de los que se aprecia que no obra agregada en el expediente físico ni en el electrónico, la constancia de notificación al quejoso José Rosario Rodríguez Mendoza, del proveído de veintitrés de junio del año en que transcurre, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, túrnense los autos a la Actuaria de la adscripción para que proceda a realizar dicha notificación, o en el supuesto de ya haberla practicado, para que de inmediato se integre la constancia al expediente físico y electrónico. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Nitzshia Coral Cruz Islas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte el veintidós de junio pasado, se recibió en el correo electrónico institucional el oficio que remite el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana; en consecuencia, se otorga a dichas constancias pleno valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, con vista a las partes agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, que rinde una de las autoridades señaladas como responsables, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintiuno. Vista la copia simple de la demanda de cuenta y escrito aclaratorio, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 142, 143, 144, 146 y 157 de la Ley de Amparo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 850/2019-V, promovido por Leslie Shantal Quijano Díaz, por conducto de su defensor particular Gerardo Soto Gálvez, contra actos de la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, indicando categóricamente si son ciertos o no los actos reclamados; bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así, se tendrá por cierto el acto que se les atribuye y se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. En atención al esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, derivado del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que los informes que se les solicitan y, en general, los oficios que remitan a este Juzgado Federal, podrán ser enviados -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la cuenta de correo electrónico de este Juzgado Federal 1jdo15ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o bien, a través del uso de la firma electrónica. Se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus COVID-19, se hace del conocimiento de las partes que podrán comparecer a la audiencia incidental mediante escrito presentado físico o electrónicamente y en caso de quererlo hacer personalmente, deberán indicarlo a este órgano jurisdiccional con la debida anticipación a la fecha de la audiencia respectiva a fin de estar en aptitud de prepararla por videoconferencia electrónica, de conformidad con los artículos 26 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, 28 y 29 del Acuerdo General 12/2020, emitido por el propio Pleno. Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda se obtiene que la quejosa reclama la negativa vertida por el Agente del Ministerio Público Investigador y la determinación de dos de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en la que resolvió determinar infundada la pretensión que realizó la parte quejosa en el sentido de que se permita a la perito en grafoscopía Nancy Gabriela Solano Anguiano, el acceso a la carpeta de investigación con número único de caso 0205-2018-01977, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro, con residencia en esta ciudad, a fin de obtener datos de prueba y llevar a cabo la pericial en materia de documentoscopía que pretende ofrecer; acto reclamado que fue dictado fuera de juicio -durante la etapa de investigación complementaria-. Asimismo, solicita la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos: ''[.] solicito la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, sin interrumpir la secuela natural de proceso y en su momento y en su momento (sic) para el efecto de que no se desahogue la audiencia de la etapa intermedia, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo." En ese contexto, tomando en consideración que se reúnen los requisitos previstos en el artículo 128 de la ley de la materia, pues la medida cautelar fue solicitada por la quejosa, quien tiene el carácter de imputado en la causa penal de origen y con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que una vez concluida la etapa intermedia, el Juez responsable deberá suspender el procedimiento en lo que corresponda a la quejosa -sin emitir el auto de apertura a juicio- a fin de mantener la materia del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión; lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva en el presente incidente. En el entendido de que la presente medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si ya tuvo verificativo la audiencia intermedia. La presente medida surte efectos desde luego, sin necesidad de fijar garantía alguna como lo dispone el artículo 168 de la Ley de Amparo y continuará surtiéndolos hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva. Orienta lo antes expuesto la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, visible en la página 1987, del Libro 46, Tomo III, con registro 2015123, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AUNQUE LAS ETAPAS COMPLEMENTARIA E INTERMEDIA NO SON SUSCEPTIBLES DE SUSPENDER, EN CASO DE QUE SE LLEGUE A ESTA ÚLTIMA, DEBE CONCEDERSE DICHA MEDIDA CAUTELAR PARA EL EFECTO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL, UNA VEZ CONCLUIDA ÉSTA, NO ORDENE LA APERTURA A LA ETAPA DE JUICIO, HASTA EN TANTO NO SE RESUELVA EL JUICIO BIINSTANCIAL EN LO PRINCIPAL. En materia penal sólo puede suspenderse el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia (que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio), como puede advertirse del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por ende, dicha etapa no puede paralizarse. En el mismo sentido resulta la petición que haga el quejoso en cuanto a que se paralice la etapa complementaria (que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación), pues el artículo 150 de la misma ley, en su primera parte, dispone: "En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él;..."; de ahí que dichas etapas del sistema penal acusatorio no son susceptibles de suspenderse. No obstante, este último precepto, en su parte final, establece que si la continuación del procedimiento puede dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, la suspensión podrá concederse para el efecto de paralizar el procedimiento y evitar dicha circunstancia; máxime que el primer párrafo del artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, señala: "El tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este código.", por lo que, a efecto de evitar un daño o perjuicio de manera irreparable al quejoso en etapas previas al juicio, debe concederse la medida cautelar para el efecto de que, en caso de que se llegue a la etapa intermedia, el Juez de control, una vez concluida ésta, no ordene la apertura a la etapa de juicio, hasta en tanto no se resuelva el juicio biinstancial en lo principal." Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gerardo Soto Gálvez; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Con motivo del esquema de trabajo implementado por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se faculta a los Actuarios de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este asunto, se practiquen, incluso, a través de medios tecnológicos; en el entendido de que, en todos los casos, deberán recabar las constancias que permitan verificar plenamente la entrega al destinatario de la comunicación de que se trate. En ese sentido, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Finalmente, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable y de aquellas autoridades que tengan el carácter de tercero interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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