José Rosario López Bazán
Expediente 592/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Rosario López Bazán
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veinte de julio de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.
- Principal
se notifica vía electrónica el presente acuerdo a la parte quejosa, así como el diverso de nueve de junio del año en curso. Culiacán, Sinaloa, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de nueve de junio pasado, se desechó de plano la demanda presentada por José Rosario López Bazán; asimismo, que en el escrito petitorio se señaló el usuario kabayon15OO para oír y recibir notificaciones; por tanto, otórguese la autorización correspondiente y notifíquese el presente acuerdo a la parte quejosa, así como el diverso de nueve de junio del año en curso al usuario de referencia. Notifíquese personalmente el presente acuerdo y el diverso de nueve de junio del año en curso al usuario kabayon15OO. Culiacán, Sinaloa, nueve de junio de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. José Rosario López Bazán. II. Formación del expediente. Vista la demanda de amparo, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, aperturese expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Desechamiento de la demanda. A fin de proveer lo conducente en relación a la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA E IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Toda vez que la demanda de amparo promovida por José Rosario López Bazán no cuenta con firma original o su firma electrónica, se estima la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción I, de la Constitución establece: 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Los artículos 6 y 61, fracción XXIII, ambos de la ley de la materia, disponen: 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución, es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en relación con esa disposición el diverso 6 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su defensor, tratándose de causa criminal, por algún pariente o persona extraña en los casos permitidos por la Ley de Amparo. Luego, como en el procedimiento escrito la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma autógrafa o electrónica, ello no acontece en la especie respecto de José Rosario López Bazán, toda vez que en la demanda de amparo no contiene evidencia criptográfica de firma electrónica ni rúbrica original de puño y letra de dicho promovente de la vía constitucional, por lo que es inconcuso que si la demanda carece de firma electrónica o autógrafa de quien la promueve, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad, ya que la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Por tanto, ante la ausencia de firma autógrafa original o electrónica de José Rosario López Bazán en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada respecto a dicha persona; consecuentemente, los actos que se contienen en él, no afectan los intereses jurídicos de éste, razón por la cual procede desechar la demanda de amparo, al surtirse la causa de improcedencia que se plantea. En el entendido que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Se arriba a la anterior determinación, por los motivos que la informan, la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Quinta Parte, Séptima Época, cuyo rubro y textos son los siguientes: DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio. También es aplicable al caso la jurisprudencia 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2019715, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, que señala: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Consecuentemente, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII, 6 y 108, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por José Rosario López Bazán, por propio derecho. Sin que pase desapercibido que quien promueve la demanda por su propio derecho, como así lo refiere supuestamente designa como apoderado legal a Martín Leopoldo Quintero Rodríguez, de quien si se acompañó firma electrónica; sin embargo, esa designación no cumple con las formalidades requeridas para ello; por tanto, no ha lugar de reconocerle tal carácter. V. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. VI. Notificación. Se instruye al Actuario adscrito para que notifique personalmente el presente acuerdo a José Rosario López Bazán, en el domicilio ubicado en calle Presa Infiernillo 1052, colonia Las Quintas, de esta ciudad. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, nueve de junio de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. José Rosario López Bazán. II. Formación del expediente. Vista la demanda de amparo, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, aperturese expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Desechamiento de la demanda. A fin de proveer lo conducente en relación a la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA E IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Toda vez que la demanda de amparo promovida por José Rosario López Bazán no cuenta con firma original o su firma electrónica, se estima la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción I, de la Constitución establece: 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Los artículos 6 y 61, fracción XXIII, ambos de la ley de la materia, disponen: 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución, es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en relación con esa disposición el diverso 6 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su defensor, tratándose de causa criminal, por algún pariente o persona extraña en los casos permitidos por la Ley de Amparo. Luego, como en el procedimiento escrito la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma autógrafa o electrónica, ello no acontece en la especie respecto de José Rosario López Bazán, toda vez que en la demanda de amparo no contiene evidencia criptográfica de firma electrónica ni rúbrica original de puño y letra de dicho promovente de la vía constitucional, por lo que es inconcuso que si la demanda carece de firma electrónica o autógrafa de quien la promueve, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad, ya que la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Por tanto, ante la ausencia de firma autógrafa original o electrónica de José Rosario López Bazán en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada respecto a dicha persona; consecuentemente, los actos que se contienen en él, no afectan los intereses jurídicos de éste, razón por la cual procede desechar la demanda de amparo, al surtirse la causa de improcedencia que se plantea. En el entendido que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Se arriba a la anterior determinación, por los motivos que la informan, la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Quinta Parte, Séptima Época, cuyo rubro y textos son los siguientes: DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio. También es aplicable al caso la jurisprudencia 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2019715, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, que señala: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Consecuentemente, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII, 6 y 108, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por José Rosario López Bazán, por propio derecho. Sin que pase desapercibido que quien promueve la demanda por su propio derecho, como así lo refiere supuestamente designa como apoderado legal a Martín Leopoldo Quintero Rodríguez, de quien si se acompañó firma electrónica; sin embargo, esa designación no cumple con las formalidades requeridas para ello; por tanto, no ha lugar de reconocerle tal carácter. V. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. VI. Notificación. Se instruye al Actuario adscrito para que notifique personalmente el presente acuerdo a José Rosario López Bazán, en el domicilio ubicado en calle Presa Infiernillo 1052, colonia Las Quintas, de esta ciudad. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa.
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