José Rosario Lara Velázquez

Expediente 1077/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 22 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1077/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
09/07/2021

Partes del expediente

  • José Rosario Lara Velázquez
  • Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias remitidas por la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este órgano de control constitucional, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciaran al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "- Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil hipotecario 1364/2016, desde el llamamiento a juicio de José Rosario Lara Vázquez que se efectuó de manera ilegal y se retrotraigan las cosas al estado que guardaban antes de la violación.". (sic) Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable efectuó el acto siguiente: - En proveído de dieciocho de junio del año en curso, dejó insubsistente el emplazamiento realizado a José Rosario Lara Velázquez (aquí quejoso), así como todo lo actuado con posterioridad, incluida la audiencia de remate. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento a que realizó lo que se indicó en la misma. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Ahora, al no existir diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes relativos a juicio de amparo en las que se haya negado o concedido la protección constitucional. Asimismo, en su artículo 21, inciso c), prevé que es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, siempre y cuando se haya negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados. De igual manera, en el diverso numeral 20, fracción II, inciso a), prevé que deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, los duplicados, siempre que se cuente con el original. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, fue promovido incidente de suspensión en el cual se negó la medida precautoria respecto de todos los actos reclamados. Por tanto, es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses de archivado; asimismo, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente y de destrucción el original del cuaderno incidental.

  2. Principal

    En virtud de no haberse presentado el quejoso ni quien legalmente represente al tercero interesado a notificarse personalmente del acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que en lo conducente dice:Agréguense a los presentes autos el oficio de cuenta, remitido por la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, por el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene firma criptográfica de dicha Jueza, mediante el cual comunica actos relativos al cumplimiento de la sentencia protectora. Con lo anterior, dese vista a las partes quejosa y terceros interesados, por el plazo de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les realice del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que el oficio antes mencionado se encuentra en autos para su consulta; APERCIBIDAS que desahogada o no la vista ordenada en su favor, este Juzgado resolverá, de oficio, si se cumplió o no con la ejecutoria de amparo, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta de donde se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de mayo del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Rosario Lara Velázquez, REQUIÉRASE al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del momento en que se encuentre legalmente notificado del presente proveído, informe a este Juzgado Federal, el acatamiento que haya dado a dicho fallo protector; APERCIBIDO que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes; lo anterior, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral invocado en primer término. Conviene precisar que respecto a lo establecido en el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada; sin embargo, este Juzgado Federal, estima que los Magistrados y Jueces del Estado carecen de superior jerárquico, de modo que los requerimientos de cumplimiento de sentencias de amparo deben hacerse directamente a dichos tribunales. Lo anterior tiene sustento por analogía, en la jurisprudencia J/3, del Pleno en Materia Civil del Primero Circuito, visible en la página 1378, Libro 9, Tomo II, Agosto de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2007295, de rubro y texto siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias".

  4. Principal

    ÚNICO. Para los efectos precisados en el considerando octavo, la Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a la parte quejosa, contra los actos precisados en el considerando segundo de ese fallo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución.

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