José Rosario Balderrama Garcia
Expediente 245/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 95 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 245/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 95
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Rosario Balderrama Garcia
- Delegado Estatal de Programas Para el Desarrollo, En el Estado de Sinaloa, Avenida Federalismo. Número 431. Sur. 1 Piso. Colonia Recursos Hidráulicos. C.P. 80105, Culiacan, Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 95.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías "1", con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a lo peticionado por este juzgado por oficio 13064/2023, de cinco de octubre de dos mil veintitrés, respecto a la imposición de multas a diversas autoridades, solicita a este juzgado ser sirva remitir a dicha administración diversas constancias (nombre, clave en el RFC con homoclave, CURP o fecha de nacimiento, domicilio fiscal y no laboral precisando calle, número exterior, colonia, localidad, código postal, municipio o alcaldía, entidad federativa, según se trate o aquel domicilio en que puedan ser localizadas las autoridades sancionadas); agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que por auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, se dejaron sin efectos las multas impuestas a las autoridades responsables, para lo cual remítase oficio a la autoridad oficiante, para su conocimiento, anexándose copia del auto antes citado.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 16727/2023 de cuenta, suscrito de manera electrónica por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, a través del cual solicita le sean remitidos los autos originales presente juicio de amparo; por estimarlos necesarios tener a la vista para proveer conforme a derecho corresponda, respecto del recurso de queja hecho valer por el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en representación de la Titular de la Secretaría de Bienestar de la Dirección General para la Validación de Beneficiarios, de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, y de la Dirección General de Padrones de Beneficiarios, con domicilio en la Ciudad de México. En ese sentido, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese el presente asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los presentes autos para que surtan sus efectos legales el oficio que contiene la papeleta de la Oficialía de Partes de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual acusa recibo del oficio 622/2023-5A, así como del escrito de agravios y comunica que dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés turnó el asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos y con los oficios enviados por las autoridades responsables Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en su carácter de delgado autorizado, en representación de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la Dirección de Padrones de la Dirección General para la Validación de Beneficiarios, de la Titular de la Secretaría de Bienestar y de la Unidad de Coordinación de Delegaciones y Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, a los que se adjuntaron diversos documentos y con los que, afirman, se cumple con la sentencia de amparo. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos: ". SEXTO. Efectos del amparo. La concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, considerando que los efectos del amparo se limitan a proteger los derechos violados de la impetrante exclusivamente, esto es, tienen efectos individuales y no generales conforme al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, debe ser para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente la baja de que fue objeto el quejoso, del programa previsto en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como todas sus consecuencias y, en su lugar, emita otra determinación en la que, restituyéndolo en sus derechos violados a partir de la fecha en la que realizó tal baja, le de vista (de forma personal) para que subsane la irregularidad detectada por la responsable, y le permita entregar el documento que lo acredite, en su caso, como una persona con discapacidad permanente. Determinando, una vez hecho lo anterior, lo que en derecho proceda. Ahora, toda vez que quedó demostrada la ilegalidad de la baja del quejoso del programa de apoyo antes señalado, lo que originó le suspendieran la ayuda correspondiente, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, al tratarse el acto reclamado de naturaleza positiva, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, será la de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, a saber, se le siga proporcionando la ayuda económica que estuvo recibiendo y, en su caso, el pago de aquellas que dejó de percibir con motivo de la baja, aquí declarada inconstitucional; hecho que perdurará en la medida que el justiciable acredite ante la responsable su incapacidad permanente, pues de no hacerlo así, la autoridad estará en la aptitud legal de resolver conforme lo considere prudente. ." La citada sentencia de amparo causó estado por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, y se requirió el cumplimiento del fallo constitucional. En cumplimiento a lo anterior, el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa, con residencia de Culiacán, allegó al sumario de amparo el oficio 145.0100/UAJ/048/022, del catorce de enero de dos mil veintidós, en donde la autoridad administrativa requirió al quejoso para que en el término de cinco días después de ser notificado del requerimiento correspondiente, justificara su discapacidad física permanente, y al no haberse hecho así, la autoridad administrativa encargada de cumplir con el fallo constitucional, concluyó lo siguiente: ". Al respecto y en virtud de que a la fecha el plazo otorgado para tal efecto feneció en exceso y NO existe evidencia física de que haya presentado el documento en las oficinas que fueron indicadas para tal efecto, con fundamento en el artículo 17-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le tiene por perdido dicho derecho. ." Posteriormente, mediante auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional proveyó que la autoridad responsable, hasta ese momento, había cumplido parcialmente con la sentencia de amparo. En dicho auto se adujo: ". c) Hasta en tanto se cumple con lo anterior, la responsable debió restituir al quejoso en el derecho transgredido, esto es, seguir proporcionando la ayuda económica que estuvo recibiendo el quejoso y, en su caso, de aquellas que dejó de percibir con motivo de la baja declarada inconstitucional; hecho que perdurará en la medida que el justiciable acredite ante la responsable su incapacidad permanente, pues de no hacerlo así, la autoridad estará en la aptitud legal de resolver conforme a derecho proceda. . De lo antes reseñado, se advierte que las autoridades responsables han cumplido de forma parcial con el fallo constitucional, porque de forma implícita dejaron insubsistentes el acto reclamado, emitieron otro en donde requirieron al quejoso del documento que lo acredite como persona con discapacidad permanente y, ante la omisión de éste de entregarlos, se pronunció conforme a sus facultades legales; sin embargo, la responsable ha sido omisa en cumplir con el punto c) del anterior listado, a saber, seguir proporcionando la ayuda económica que estuvo recibiendo el quejoso y, en su caso, de aquellas que dejó de percibir con motivo de la baja declarada inconstitucional, hecho que perduraría en la medida que el justiciable acreditara o no, ante la responsable su incapacidad permanente. ." En auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, se acordó el oficio de la autoridad responsable, Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa, con residencia de Culiacán, a través del cual informó que el quejoso, ******************** falleció el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; hecho que así fue probado en autos (proveído de veintidós de septiembre siguiente). A su vez, y después de diversos requerimientos a las responsables para que cumplieran con el fallo constitucional, por auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, se acordó lo siguiente: ". B) Conclusión. Del cúmulo de datos descritos con anterioridad, se advierte, en principio, que la autoridad responsable Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, no ha cumplido en su totalidad con el fallo constitucional. También está acreditado en autos, que falta depositar o dejar a disposición del quejoso, ocho bimestres, correspondientes al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad (pues solo así se cumplirá con la sentencia de amparo, en su totalidad), a saber: Marzo-abril de dos mil veinte; Mayo-junio de dos mil veinte; Julio-agosto de dos mil veinte; Septiembre-octubre de dos mil veinte; Noviembre-diciembre de dos mil veinte; Enero-febrero de dos mil veintiuno; Marzo-abril de dos mil veintiuno; Mayo-junio de dos mil veintiuno. ." En cumplimiento a lo anterior, y después de múltiples requerimientos, el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar allegó al sumario de amparo el oficio 510.E-24537-BIS, de trece de octubre de dos mil veintitrés, en donde se indica que se dejó a disposición del quejoso y de la persona señalada por éste, como su auxiliar, la cantidad de $21,200.00 (VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a ocho bimestres, y para corroborar su dicho, exhibió la orden de pago correspondiente. Estos documentos se acordaron en auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Posteriormente, la citada autoridad responsable exhibió el seis de noviembre de dos mil veintitrés, otras pruebas para acreditar el cumplimiento a la sentencia de amparo, como son: acta circunstanciada de veinte de octubre del citado año y fotografías, de las que se advierte que la personas señalada como auxiliar del quejoso finado (nombramiento que se hizo en el formato de "Cédula para personas con discapacidad" de la Secretaría de Bienestar, que obra en autos), de nombre ********************, recibió la cantidad de dinero antes señalada. Del examen de las citadas pruebas, las que de conformidad con el artículo 197, 202 y 217, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que las autoridades responsables cumplen con la sentencia constitucional. Por tanto, es evidente que con ello se colma el derecho humano transgredido, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se deja sin efectos las multas impuestas a las autoridades responsables, Director General de Atención a Grupos Prioritarios (actualmente Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios), de la Secretaría de Bienestar; Dirección de Padrones de la Secretaría de Bienestar y Dirección General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, y a los superiores jerárquicos de la responsable y de las vinculadas: Titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal y Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, ambos con domicilio en la Ciudad de México, en auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés; pon tanto, hágase del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria en la Ciudad de México, de esta situación para los efectos correspondientes. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos se observa que el presente juicio de amparo 245/2021-5A, se encuentra pendiente de enviar al tribunal de alzada para la tramitación del recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en representación de la Titular de la Secretaría de Bienestar de la Dirección General para la Validación de Beneficiarios, de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, y de la Dirección General de Padrones de Beneficiarios, con domicilio en la Ciudad de México, contra el auto de uno de agosto de dos mil veintitrés; por tanto, mediante oficio vía interconexión remítase el informe respectivo de que es cierto el acto materia de la queja, el escrito original de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en turno, con sede en Mazatlán. De igual manera, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes en dicho sistema, con el propósito de que el expediente electrónico del juicio de amparo 245/2021-5A, sea vinculado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito en Turno, para su debida integración a las actuaciones del expediente. Por otra parte, considerando el oficio de cuenta signado por el Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales adscrito a la Administración de Amparo e Instancias Judiciales "3" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicios de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con domicilio en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por oficio 13064/2023 de cinco de octubre de dos mil veintitrés, informa el tratamiento dado a las multas impuestas en dicho autos; agréguese a los presentes autos sin mayor proveído y dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes.
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