José Romero Cadena

Expediente 1897/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1897/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
17/10/2019

Partes del expediente

  • José Romero Cadena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos únicamente como constancia, el sobre devuelto por el Jefe de la Administración Postal, con residencia en esta ciudad, sin que sea necesario proveer al respecto, toda vez que mediante proveído que antecede, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente será susceptible de destrucción, transcurridos más de cinco años a partir de este acuerdo. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. SE HACE CONSTAR QUE SI EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, hágase la devolución de las documentales que remitió la autoridad responsable.

  3. Principal

    Agréguese a los autos únicamente como constancia el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad responsable con que da cuenta la Secretaría; toda vez que en proveído que antecede, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    MESA IV-B Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, glósense a los autos para los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual, remite copias certificadas relativas al juicio de amparo 1026/2018 de su índice, de las cuales se desprende que se actualiza una causal de improcedencia que obliga al sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Para ilustrar este aserto, primeramente es necesario transcribir el contenido del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior (.)". Conforme al precepto legal transcrito, la causa de improcedencia en estudio, se actualiza cuando se combaten actos que fueron materia de ejecutoria dictada en anterior juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción X, del propio numeral (que norma el supuesto que el juicio precedente haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y acto reclamado, sin importar que las violaciones constitucionales sean diversas); lo que pone de manifiesto que el fin de la institución es dar certeza y definitividad a las situaciones jurídicas sancionadas por la sentencia ejecutoriada, lo que es necesario para mantener la paz social, de otro modo, los litigios podrían replantearse indefinidamente. Sobre el particular, conviene citar el criterio sustentado por el Tribunal Pleno del Más Alto Tribunal del País, visible en la página cuarenta y uno, Primera Parte, Tomo XCIX, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, Sexta Época, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: 'El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior'. La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: 'El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas'. Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litis pendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. De igual manera, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y dos, Tomo 205-216 Primera Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia. Como se ha precisado, el impetrante reclama en su demanda de amparo, origen de este juicio, presentada el cinco de julio de dos mil diecinueve, lo siguiente: Las órdenes de traslado del Centro de Prevención y Readaptación Social de Chalco, al Centro Federal de Readaptación Social número siete "Nor-Noreste, Durango, posteriormente al Centro Federal de Readaptación Social número 10 "Nor-Noreste", en Coahuila, y finalmente al Centro Federal de Reinserción Social número Quince en Villa Comaltitlán, Chiapas, y su ejecución, en perjuicio del quejoso. En ese sentido, de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, relativas al juicio de amparo 1026/2018 de su índice, a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última, se advierte que en el citado órgano jurisdiccional se tramitó el citado juicio de amparo, promovido por José Romero Cadena, que es el mismo quejoso en este asunto, en el que el treinta de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia correspondiente, que sobreseyó el citado juicio, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en virtud de que en este juzgado se tramitó el diverso juicio de amparo 851/2017, por el propio impetrante, en el que se reclamó el mismo acto (orden de traslado) en contra de las mismas autoridades administrativas, y se concedió el amparo constitucional al referido quejoso. Al efecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese sentido se trae a la vista el expediente 851/2017 del índice de este juzgado, advirtiéndose que el mismo efectivamente fue promovido por José Romero Cadena; que se reclamó las citadas órdenes de traslado, y el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se emitió la sentencia correspondiente, en la que, por una parte sobreseyó el citado juicio de amparo, y por otra, concedió la protección constitucional al citado impetrante, por los referidos actos, sentencia que causó ejecutoria por auto de tres de abril de dos mil dieciocho. En tales condiciones, resulta diáfana la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que obliga a este juzgado a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, en virtud de que el acto reclamado fue materia de pronunciamiento en una ejecutoria de amparo precedente. En ese sentido, ya no es dable jurídicamente examinar el acto que se reclama, por cuanto hacerlo contravendría la hipótesis prevista en la fracción XI del citado artículo 61 de la ley de la materia, inherente a la cosa juzgada. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3414, Tomo LXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que textualmente dice: AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución. Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, publicada el trece de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que textualmente dice: COSA JUZGADA. AL CONSTITUIR UN DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y POR LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25, NUMERALES 1 Y 2 DE ÉSTA. De conformidad con el artículo 25, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro que sea efectivo, que la ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, la ley y la citada convención. Los Estados Parte se comprometen a decidir sobre los derechos de quien interponga algún recurso y garantizar el cumplimiento de lo que ahí se decida. Sin embargo, la regulación de este derecho no es obstáculo para considerar que la aplicación de la figura jurídica de la cosa juzgada es transgresora de las prerrogativas consagradas en dichas disposiciones, pues la finalidad de ésta consiste en que exista certeza respecto de las cuestiones resueltas en los litigios, mediante la invariabilidad de lo fallado en una sentencia ejecutoria, ante el riesgo de que al tramitarse un nuevo juicio en el que se ventilen las mismas cuestiones que en el anterior, por los mismos sujetos y conforme a similares causas, se pronuncien sentencias contradictorias con la consecuente alteración de la estabilidad y seguridad de los contendientes en el goce de sus derechos, lo cual también constituye un derecho humano consistente en la seguridad jurídica protegido por la Constitución y por la referida Convención Americana. Consecuentemente, al sobrevenir la causal de improcedencia invocada, de conformidad con el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo procedente es SOBRESEER fuera de audiencia en este juicio de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios. Encuentra sustento a lo anterior, en la jurisprudencia número 231, visible en la página 156, Séptima Época, Instancia Segunda Sala, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Atento a lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las diez horas con cuarenta minutos del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de la licenciada Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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