José Romero Cadena

Expediente 1236/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1236/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • José Romero Cadena

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de siete de octubre del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado y se declara firme. II.- Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. III.- Orden de destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción en el plazo de tres años contados a partir de esta fecha, puesto que se desechó la demanda de amparo. IV.- Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Margarita Cadena Rojas, en representación de José Romero Cadena, contra actos del Secretario de Gobernación del Gobierno de la República y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Del examen integral de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, el peticionario señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "Autoridades responsables: 1.C. Secretario de Gobernación del Gobierno de la República; 2. C. Subsecretario de Gobernación de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República; 3.C. Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República; 4. C. Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República; 5. C. Director General de Política y Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República; 6. C. Encargado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Gobernación del Gobierno de la República; 7. C. Titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República; 8. C. Director General de Política y Desarrollo Penitenciario de la Secretaria de Gobernación del Gobierno de la República; 9. C. Secretario General de Gobierno del Estado de México; 8. C. Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México; 10. C. Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México 11. C. Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Estado de México; 12. C. Juez de Ejecución de Sentencias de Chalco; 13. C. Juez Primero de Ejecución de Sentencias de Nezahualcóyotl; 14. C. Juez Segundo de Ejecución de Sentencias de Nezahualcóyotl; 15. C. Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, con Jurisdicción Territorial en toda la República Mexicana; 16. C. Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, con Jurisdicción Territorial en toda la República Mexicana; 17. C. Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, con Jurisdicción Territorial en toda la República Mexicana; 18. C. Juez Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, con Jurisdicción Territorial en toda la República Mexicana; 19. C. Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, con Jurisdicción Territorial en toda la República Mexicana; 20. C. Juez Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales, en el Estado de México con residencia en Ciudad Nezahualcóyot1; COMOAUTORIDADEJECUTORA: 21. C. Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS Chiapas"; 22. C. Director de Seguridad y Operaciones de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de Chiapas; 23. C. Jefe de Vigilancia del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS Chiapas"; 24. C. Subsecretario de Control Penitenciario del Centro preventivo y Reinserción Social Chalco de Diaz Covarrubias, Estado de México "'Penal de Hutzilzingo"; 25. C. Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Centro Preventivo y Reinserción Social Chalco de Diaz Covarrubias, Estado de México "Penal de Hutzilzingo" 26. C. Jefa del Departamento de Prevención Social del Centro Preventivo y Reinserción Social Chalco de Diaz Covarrubias, Estado de México "Penal de Hutzilzingo"; 27. C. Director de Seguridad y Operación del Centro Preventivo y Reinserción Social Chalco de Diaz Covarrubias, Estado de México "'Penal de Hutzilzingo". Actos reclamados: DE LA RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMAMOS: A) El haber librado una ORDEN DE TRASLADO en mi contra; B) El haber ordenado cambiarme de la estancia en la cual me encontraba cerca de la familia; C) El haber ordenado cambiarme de mi celda de reclusión; De las ejecutoras: D) El haber CAMBIADO AL SUSCRITO DE RECLUSORIO." Respecto de los actos reclamados señalados, se actualiza una causa de improcedencia, como se verá enseguida: Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza a partir del día siguiente al en que: Hubiese surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; El quejoso hubiese tenido conocimiento del acto o resolución que reclama, o de sus actos de ejecución; El quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que su intención fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto, de cualquiera de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en haber librado una orden de traslado en su contra, así como de la estancia en la cual se encontraba cerca de su familia, el cambió de su celda de reclusión. Asimismo, de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad refiere lo siguiente: "En fecha 13 de Abril del 2002, se realiza la detención, generando la causa penal 78/2002-11, en el cual se emite sentencia de 53 años 7 meses y 22 días, por los delitos de Privación Ilegal de la Libertad en su modalidad de Secuestro, Delincuencia Organizada, Portación de Arma de uso Exclusivo del Ejército y Portación de Arma sin Licencia por el Juez Quinto de Distrito en Proceso Penales Federales con Residencia en Nezahualcóyotl. En fecha 23 de Agosto del 2012, se realiza el primer traslado después de 10 años de residencia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco de Huitzilzingo al Penal Federal número 7 de Durango. En fecha 28 de Noviembre del 2013, se ejecuta orden de traslado de Durango al Penal Federal Número 10 de Monclova. En fecha 09 de Octubre del 2015, se traslada de Monclova al Penal Federal Número 15 de Chiapas, en donde la residencia ha sido hasta la actualidad. Por lo que se pide regresar al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco de Huitzilzingo, dejando las cosas en el estado en que se encontraba por no tener fundamento ni razón los traslados penitenciarios." De lo anterior, se advierte, que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados desde que fue trasladado a los diversos centros penitenciarios que refiere. Por lo tanto, se advierte que desde la entrada en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, según el transitorio primero de la Ley en comento, en específico en su Capítulo V, Traslados, a la fecha la parte quejosa no promovió el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; o bien en caso de ser omiso, pudo intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resolviera sobre la legalidad del traslado y corroborara que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, esto, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, ya sea de oficio o a petición de parte, por lo que es inconcuso que transcurrió el plazo de quince días que la ley otorga para la presentación de la demanda de amparo y, por ende, el quejoso consintió tácitamente los actos que pretenden reclamar; en razón de que conocían la existencia de los mismos. En el caso, los actos reclamados no se ubican en alguna de las excepciones al plazo general previstas por el numeral 17 de la Ley de Amparo, ya que no es una ley autoaplicativa o un procedimiento de extradición, tampoco una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ni tiene por objeto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal o alguno de los prohibidos por el precepto 22 Constitucional. Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo que nos ocupa. VII. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado, por así solicitarlo expresamente. Se tiene por autorizados de la parte quejosa en del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por no contar con el registro de su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, en atención a que proporciona como medio alterno de comunicación el correo electrónico y número telefónico que refiere, se tienen por señalados, únicamente con el alcance a que se refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID191; esto es, como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para la lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen desahogar en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VIII. Copias y reproducción de constancias. a). Expedición de copias. se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b). Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. XII. Transparencia. con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes, que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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