José Romeo Espino Bribiesca
Expediente 428/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Romeo Espino Bribiesca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el delegado del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual remite la constancia realizada por el notificador adscrito a Dirección de Asuntos Jurídicos de dicho Ayuntamiento, de la que se advierte que no encontró a nadie en el domicilio del quejoso a fin de notificarle la respuesta a su escrito presentado el dieciséis de enero de la presente anualidad; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos específicamente de oficio de veintisiete de septiembre de la presente anualidad, el delegado de la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio DJUP-3/4808/2023 de cuatro de julio pasado, por el que adujo dar respuesta a la petición realizada por el quejoso mediante escrito recibido el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, al informarle que por diverso oficio SAFCP/JUR/041/2023, se había solicitado al Director de Recursos Humanos, revisar y atender dicha solicitud. Ahora bien, de lo anterior, se advierte que la responsable, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria federal que nos ocupa, pues si bien, mediante oficio DJUP-3/4808/2023 de cuatro de julio de dos mil veintitrés, atendió la petición realizada por el quejoso en su escrito recibido el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el mismo no fue dictado atendiendo los lineamientos del fallo protector, es decir, dar una respuesta congruente, fundada y motivada a la petición formulada por el quejoso. Por lo ante expuesto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele al Síndico Procurador, Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, a fin de que en el plazo de TRES DÍAS, siguientes a la notificación de este acuerdo, DE CUMPLIMIENTO TOTAL AL FALLO PROTECTOR, EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS. De la misma forma, téngase como autoridad vinculada al Director de Recursos Humanos Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y cumpla con la ejecutoria de amparo, lo que deberá acreditar ante este juzgado federal, dentro del mismo plazo. Lo anterior, en concordancia con la Jurisprudencia emitida por el Pleno del Decimoquinto Circuito, Tesis: PC.XV. J/6 A (11a.), Undécima Época, de registro digital: 2024038, de rubro siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR". Apercibidos que de no hacerlo, en términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia concedida a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la Carrera Judicial, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/5130/2023, de once de septiembre de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el Delegado de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el oficio con número de registro 12572 y su anexo oficio DJUP-3/4808/2023, de cuatro de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual da respuesta a la petición que le fue formulada por el quejoso mediante escrito presentado el dieciséis de enero de la presente anualidad, e informa que no ha sido posible notificar a la parte quejosa la respuesta a su escrito presentado el dieciséis de enero de la presente anualidad, por lo que solicita sea notificada por el este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En atención a su contenido, téngase a la autoridad oficiante por informando las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento al fallo protector emitido en este sumario; circunstancia de la cual queda enterado este juzgado federal, para los efectos legales conducentes. Por lo antes expuesto, y toda vez que no acredita la imposibilidad que aduce tener para notificar a la parte quejosa dicha respuesta, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Síndico Procurador, Administrativo, Contable, Financiero, por si y en representación de Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, con residencia en esta ciudad, para que dentro de dicho plazo de TRES DÍAS hábiles, siguientes a la notificación del presente auto, remita copia certificada de la CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN REALIZADA A LA PARTE QUEJOSA RESPECTO A LA RESPUESTA A SU ESCRITO PRESENTADO EL DIECISÉIS DE ENERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD. Se apercibe a dicha autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE a JOSÉ ROMEO ESPINO BRIBIESCA, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto, se tiene que en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Síndico Procurador, Administrativo, Contable, Financiero, por sí y en representación del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, residente en esta ciudad, realice lo siguiente: MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 17:36:30 "[.], una vez que se le notifique el auto en que se declare ejecutoriada esta sentencia, dén respuesta congruente, fundada y motivada, a la petición que le fue formulada por el quejoso mediante escrito presentado el dieciséis de enero del año en curso y la notifique en el domicilio o medios señalados para tal efecto." Importa precisar que de los artículos 192, 193, 197, 211 y 214 de la Ley de Amparo, se desprenden diversas obligaciones que los jueces de distrito deben observar con el objeto de lograr que las ejecutorias de amparo se cumplan en su integridad, entre las que se encuentran las siguientes: a) El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata; b) El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa de retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. c) En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa. d) En el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 17:36:30 WordSISE ??????????????? multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada; y, e) Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. En ese sentido, con apoyo en el artículo 192 de la referida normatividad este juzgado federal procede a fijar un plazo determinado y razonable para que la autoridad responsable acate de manera completa e indudable el fallo protector; por tanto, se otorga por única ocasión a la autoridad responsable el improrrogable plazo determinado de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo para cumplir el fallo protector, tomando en consideración la complejidad y dificultad para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Síndico Procurador, Administrativo, Contable, Financiero, por sí y en representación del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, con residencia en esta ciudad, para que dentro de dicho plazo, acredite que ya se acató la ejecutoria de amparo emitida en este sumario. Apercibido que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 17:36:30 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, a las diez horas del nueve de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 428/2023-II, promovido por ****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Carlos Adán Piza Cortez, secretario que autoriza. Con sustento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de alguna de las partes o sus autorizados. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que destacan el oficio 15157/2023 SEPTIES, mediante el cual la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, remitió con motivo de la separación de autos decretado en el juicio de amparo 415/2023 de su índice, copia certificada de la demanda con firmas originales y sus anexos, respecto del quejoso José Romeo Espino Bribiesca; documental remitida por el juzgado homologo; escrito aclaratorio y anexo; auto admisorio; informes justificados; acuerdos que los tuvieron por recibidos; constancias de notificación a las partes; y proveído que difirió la audiencia constitucional para esta fecha. La Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales que en derecho corresponda. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas: El secretario da cuenta con la documental que exhibió la parte quejosa, así como las allegadas por las responsables. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba de referencia, la que será tomada en consideración al momento de resolver el sumario en que se actúa. Abierto el periodo de alegatos: El secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones de referencia, mismas que de ser procedentes, serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva. Desahogada en todas sus etapas la presente audiencia constitucional, se dicta sentencia: Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 428/2023-II, promovido por *****, por derecho propio, contra actos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y de otra autoridad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda Mediante oficio 15157/2023 SEPTIES, presentado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, remitió con motivo de la separación de autos decretado en el juicio de amparo 415/2023 de su índice, copia certificada de la demanda promovida por José Romero Espino Bribiesca, por derecho propio, en contra de las autoridades y los actos que se precisan a continuación: "III. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. El Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 2. La Primera Sindicatura de Acapulco de Juárez, Guerrero." ACTOS RECLAMADOS: de ambas se reclama la omisión de dar respuesta a nuestra petición escrita, respetuosa y legítima, hecha en fechas 16 de enero de 2023. También, de la primera se reclama la omisión de cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos dentro de su jurisdicción, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, individualidad, progresividad y máxima protección, con el objeto de prevenir, en el ámbito de su competencia, las violaciones a los derechos humanos de los suscritos, concretamente nuestros derechos de petición, salud y seguridad social, pues tal obligación se la confiere el artículo 61 fracción XXVIII de la Ley Orgánica Municipal. También se le reclama la omisión de asegurar la disponibilidad de los recursos para el pago de las prestaciones de seguridad social de los impetrantes". Luego, mediante escrito aclaratorio, la parte quejosa precisó lo siguiente: "Aclaro que los actos reclamados en la presente vía constitucional, son la omisión de las responsables de dar respuesta a la petición que elevé mediante escrito de dieciséis de enero pasado, y también la negativa de brindarme el esquema completo de seguridad social (atención médica y otorgamiento de medicamentos), ya que no se otorga el derecho de pensiones, licencias médicas ni seguro alguno." SEGUNDO. Trámite del juicio Previa prevención y desahogo mediante proveído de quince de mayo del año en curso, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 428/2023-II; se solicitó a las autoridades responsables rendir su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.5 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE 5 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda y de las constancias de la autoridad responsable, se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: ? La omisión de las responsables en dar respuesta a lo solicitado en escrito de dieciséis de enero de dos mil veintitrés; y en vía de consecuencia, la negativa de otorgarle seguridad social. CUARTO. Existencia del acto reclamado El Síndico Procurador, Administrativo, Contable, Financiero, por sí y en representación del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, aceptó el acto reclamado; de ahí que se tenga por cierto el mismo. QUINTO. Análisis de la procedencia Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, se procede a analizar la procedencia de este juicio con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo expuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, las responsables invocan las causales de improcedencia contempladas en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, esta última en relación con el diverso 108, fracciones VI y VII; en ese contexto, la primera fracción dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]." El presupuesto que contiene el numeral transcrito alude a lo que se conoce como falta de interés legítimo, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, entonces, no tendrá legitimación para instaurar el juicio de amparo. Al respecto, es menester señalar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que, de conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 107 constitucional, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. La redacción del citado precepto constitucional establece: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". La anterior disposición, en cuanto a la figura de la legitimación, se reproduce en el artículo 6 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente que: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". En conexión con lo anterior, el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento, señala que: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]". Vinculados así, aparecen los conceptos de parte y agravio. El primer concepto, "parte", corresponde a quien ejercita la acción constitucional que activará a los Órganos Jurisdiccionales Federales, con la pretensión de obtener la protección de la Justicia de la Unión. A través del ejercicio de la acción constitucional, la promovente del amparo pretende que se tutele un derecho público subjetivo, que en su perjuicio fue infringido por la autoridad que emitió el acto que se reclama. Mediante el derecho de acción, que es un derecho instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce; pero resulta que tal derecho subjetivo puede o no existir, o puede o no haber sido infringido por la autoridad responsable, no obstante lo cual, el órgano prestador de la función jurisdiccional se activa debido a que el derecho de acción es dinámico. En otro orden de ideas, quien ejercita la acción de amparo, siempre se ostenta titular de un derecho que se ve amenazado por la actuación de las responsables, y en tal evento tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal; es decir, tiene necesidad de que se respete el derecho individual o el interés jurídico que le reconoce la Constitución Federal y que alega ha sido infringido, pues como ha resentido un perjuicio en su esfera jurídica, tiene interés en que la Justicia Federal le ampare. En ese contexto, de las constancias que obran en autos, se advierte el escrito de petición presentado ante las responsables, por el cual, la parte quejosa hizo valer su derecho fundamental de petición contemplado en el artículo 8 Constitucional, de ahí que al no haber recibido una respuesta a dicha petición, le reviste el interés necesario para instar el presente juicio de amparo. Por ello, resulta infundada la causal de improcedencia en estudio. Por lo que hace a la segunda causa de improcedencia, los artículos en cita, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación. [.]" La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que se deriva del numeral 108, fracción VIII, de la ley de la materia, que establece la obligación a cargo de todo peticionario de amparo de expresar en su demanda los conceptos de violación tendientes a controvertir la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que es éste en el que la parte promovente mediante la exposición de hechos, argumentos y razonamientos establece las violaciones de derechos fundamentales que le causan los actos reclamados. Por tanto, de los numerales transcritos se advierte que uno de los requisitos del escrito de demanda lo constituye el señalamiento de los conceptos de violación que irroguen a la parte quejosa los actos impugnados, siendo que su ausencia ocasiona la improcedencia del juicio, al encontrarse imposibilitado el juzgador para conocer las razones por las cuales dichos actos le causan agravio. Luego entonces, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa si realiza razonamiento en los que expresa la causa de pedir, la lesión que estima vulnerada y los motivos que aduce la originaron, pues al efecto señala, que elevó petición ante las responsables y que las mismas no han dado respuesta, vulneraron lo establecido en el artículo 8 Constitucional. De ahí lo infundado de la causal en mención. En ese sentido, al no existir causa de improcedencia hecha valer por algunas de las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se procede a examinar la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de fondo Al no existir causa de improcedencia alguna respecto del acto combatido, se procede a examinar el asunto a la luz de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, sin que haya obligación de realizar una cita literal del mismo, toda vez que, además de no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo exija, así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 58/20106, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El concepto de violación formulado por la parte impetrante de amparo resulta ser esencialmente fundado, por los motivos que a continuación se exponen: El artículo 8º de la carta magna consagra el derecho de petición, que la doctrina ha clasificado dentro de los derechos de acción, con la limitante de que no está reconocido al individuo frente a otros particulares, sino únicamente en relación a los funcionarios y empleados públicos, en virtud de que su estructura no consiste en un simple respeto de los miembros del poder público, en un no hacer, ante el ejercicio de esa libertad, sino precisamente en una obligación de hacer, ya que se impone que los funcionarios y empleados públicos la obligación de contestar a las peticiones que reúnan los requisitos de haberse formulado por escrito, de manera 6 Visible en la página 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618. pacífica y en forma respetuosa; sin que por ello sea dable considerar que la respuesta de la autoridad forzosamente constriña a resolver en sentido favorable al solicitante. En este contexto, conviene tener presente el contenido literal del precepto violado, del siguiente tenor: "Artículo 8º.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta (sic) se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De lo anterior se desprende que el aludido artículo constitucional contiene los siguientes lineamientos: a) Que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de dar respuesta a toda petición. b) No obstante tal derecho, estarán exentos de hacerlo cuando los particulares no lo hagan por escrito y de manera respetuosa; o que tratándose de materia política, las peticiones no sean requeridas por ciudadanos de la República. c) Que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido éste. d) Que dicha autoridad lo deberá dar a conocer al peticionario en un plazo breve, pudiendo variar la forma de hacerlo según sea el caso. Conforme al precitado artículo 8º constitucional, los funcionarios respetarán el ejercicio del derecho de petición, y a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, pues todo funcionario estará siempre obligado a respetar el derecho de petición otorgado mediante su inclusión en la Constitución Federal, ya que se debe tener presente que cualquier petición que como funcionario se le enderece está dirigida a él como autoridad y no a la persona física, y que el derecho constitucional está por encima de cualquier disposición secundaria de la ley civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza, porque se reitera, cuando un funcionario actúa en cualquier orden, público o privado, está obligado como representante del gobierno a actuar con buena fe. Sentadas las anteriores premisas, se tiene que el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución trascrito, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. En ese orden de ideas, al ser el acto reclamado de carácter omisivo, en específico la falta de respuesta a una petición escrita, se tiene que es la autoridad responsable a quien le compete comprobar mediante las constancias respectivas que no cometió la falta u omisión que se le imputa, es decir, probar que dio respuesta y la notificó; mientras que a la parte quejosa corresponde únicamente demostrar que efectivamente hizo uso de su derecho consagrado en el artículo 8º de nuestra Constitución, en forma escrita, de manera respetuosa y pacífica, tal como lo prevé dicho numeral. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito7, que a la letra dice: "PETICIÓN. REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE. Cuando en un juicio de garantías se reclama la violación al artículo 8o. de nuestra Carta Magna, corresponde al quejoso demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable, por una parte, el acuerdo que al respecto emitió, por la otra, que lo notificó al peticionario." En la especie, la parte quejosa demostró que ejerció el derecho de petición consagrado en la constitución, pues según la constancia relativa que obra a foja 89 de autos, elevó su petición ante las responsables, en la cual obra el sello de recibido de fecha dieciséis de enero de dos mil veintitrés, documental a la que se le confiere valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; por lo que deviene inconcuso que la parte impetrante formuló petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa ante la autoridad responsable. En esa tesitura, al demostrarse la existencia de la petición formulada a las autoridades responsables; es evidente que ésta estaban obligadas a dar respuesta por escrito en el sentido que estimara conveniente, en un breve término, a la solicitud que presentó la parte impetrante el dieciséis de enero del año en curso, lo que no ha sucedido, y por ello, transcendió en perjuicio de la parte quejosa el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que sea óbice a lo anterior, lo narrado por las responsables en los informes justificados, en el sentido de que dicha petición carecía de firma por parte del quejoso, ya que sólo contenía la firma de Julieta Luna Marín y Olga Mireya Pérez Farfán, toda vez que contrario a lo manifestado, de la documental que obra en autos-escrito de petición-, se puede apreciar, el nombre y un signo grafico (firma), que corresponde al quejoso en cuestión (José Romero Espino Bribiesca), tampoco demostraron que remitieron copia certificada del oficio DRH/881/2023, signado por el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, dirigido a la Dirección General de Derechos Humanos, para que dé respuesta a la solicitud en cuestión, ya que al momento de la presente resolución, las responsables no habían informado respecto a la emisión de dicha respuesta. De ahí que el concepto de violación analizado es fundado. Por lo antes expuesto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que las autoridades responsables, una vez que se le notifique el auto en que se declare ejecutoriada esta sentencia, dén respuesta congruente, fundada y motivada, a la petición que le fue formulada por el quejoso mediante escrito presentado el dieciséis de enero del año en curso y la notifique en el domicilio o medios señalados para tal efecto. 7 Publicada en la página 1031, del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Décimo Sexto Circuito8, de rubro y texto, siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado". Finalmente, en relación con los alegatos presentados por la parte quejosa, al no formar parte de la litis, no existe obligación de pronunciarse sobre ellos, ya que estos constituyen simples opiniones o conclusiones 8 Tesis: XVI.1o.A. J/38 (10ª)., Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación. lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Cobra aplicación al caso la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página catorce, materia común, tomo 80, del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y, además, con fundamento en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *****, en contra del acto y autoridades señalados en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones y para los efectos plasmados en el último considerando de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, ante el secretario Carlos Adán Piza Cortez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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