JOSÉ ROMÁN VILLANUEVA LIMÓN y Otros.

Expediente 807/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
807/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • JOSÉ ROMÁN VILLANUEVA LIMÓN y Otros.
  • José Román Villanueva Limón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, de dicho Acuerdo, pues se desechó de plano la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá destruirse en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General invocado.

  2. Principal

    Escrito signado por Martha Butrón Jiménez, asesora jurídica de los menores de iniciales ***,*****y***. Por el que formula manifestación con relación al proveído de veintinueve de abril pasado; sin embargo, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: **** De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia **, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que ** por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales ****,*******y****sustancialmente reclamó el citatorio de siete de octubre de dos mil veinte, que la agente del Ministerio Público dirigió a ****** para que el quince de octubre de dos mil veinte, compareciera en compañía de los menores de edad ****y ****** a fin de recabar su entrevista y de ser necesario, fueran valorados por Perito en Psicología, dentro de la carpeta de investigación ****. En ese sentido, quien provee estima que, en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sentido de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistentes en el citatorio de siete de octubre de dos mil veinte. Lo anterior, en virtud de que este juzgador considera que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Al respecto, es preciso traer a colación el contenido de los artículos 5, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Las citadas disposiciones con el diverso artículo 107, fracción I, Constitucional, conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, dicho precepto en lo que interesa dispone: *** De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, en concordancia con el artículo 107, fracción I, Constitucional, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así, como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia ***, de rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Así como la Jurisprudencia ***, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." En el caso particular se advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente por cuanto hace a ***** por su propio derecho, así como por lo que refiere a los menores de iniciales ***,*****y** respecto de la citación de siete de octubre de dos mil veinte, girada por la agente del Ministerio Público, a ** para que el quince de octubre de dos mil veinte, compareciera en compañía de los menores de edad ******y *** a fin de recabar su entrevista y de ser necesario, fuesen valorados por Perito en psicología, dentro de la carpeta de investigación *******, en atención a que dicho acto por sí solo no lesiona los derechos fundamentales de los referidos quejosos. Se afirma lo anterior tomando en consideración que de conformidad con el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compete al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, por lo que en uso de tales facultades, puede legalmente girar citatorios para hacer comparecer a las personas que de la averiguación previa resulte presenciaron, en calidad de testigos, los hechos investigados, a fin de estar en condiciones de obtener los medios de convicción suficientes para determinar la existencia o no de algún delito, lo que no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos de los quejosos como es el derecho a la libertad o algún otro. Asimismo, si bien, el acto reclamado se hizo consistir en el citatorio que se giró en relación con los hechos investigados en una averiguación previa, emitido por el agente del Ministerio Público Federal; en éste no se advierte apercibimiento o medida de apremio alguno, en caso de no comparecer para el esclarecimiento de los hechos, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo, ya que no afecta su interés jurídico, pues se encuentra en libertad de acudir o no al llamado, por lo que si no lo hace, ello no causa efecto alguno. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que en el presente juicio se alude a la cita ministerial de menores de edad; al respecto cabe señalar que en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se estableció que de las constancias que acompañó *** a su escrito inicial de demanda, consistentes en copias de la carpeta de investigación ******, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género contra las Mujeres, así como de las manifestaciones contenidas en los escritos que presentó, se obtuvo que tal indagatoria se formó a consecuencia de la denuncia de los hechos con apariencia de delito de violencia familiar, teniendo el carácter de víctima la madre de los menores, y de indiciado el aquí promovente, lo que evidenciaba claramente que existía conflicto de intereses entre ambos progenitores, por lo que se designó asesor jurídico que representara los derechos de los menores. Así, advirtiendo que la carpeta de investigación **** de la que emana el acto reclamado, tiene como sustento primordial la posible comisión de hechos con apariencia del delito de violencia familiar, es incuestionable que a efecto de privilegiar la protección de los derechos de los menores, es evidente que resulta necesario que estos sean escuchados por la autoridad ministerial en su acción investigadora, de ahí que la citación reclamada de manera alguna atente contra los derechos de los menores de edad que acudieron en al amparo, en su momento representados por una de las partes en dicha investigación ministerial. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.

  3. Principal

    Escrito signado por Martha Butrón Jiménez, asesora jurídica de los menores de iniciales ***,*****y***. Por el que formula manifestación con relación al proveído de veintinueve de abril pasado; sin embargo, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: **** De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia **, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que ** por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales ****,*******y****sustancialmente reclamó el citatorio de siete de octubre de dos mil veinte, que la agente del Ministerio Público dirigió a ****** para que el quince de octubre de dos mil veinte, compareciera en compañía de los menores de edad ****y ****** a fin de recabar su entrevista y de ser necesario, fueran valorados por Perito en Psicología, dentro de la carpeta de investigación ****. En ese sentido, quien provee estima que, en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sentido de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistentes en el citatorio de siete de octubre de dos mil veinte. Lo anterior, en virtud de que este juzgador considera que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Al respecto, es preciso traer a colación el contenido de los artículos 5, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Las citadas disposiciones con el diverso artículo 107, fracción I, Constitucional, conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, dicho precepto en lo que interesa dispone: *** De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, en concordancia con el artículo 107, fracción I, Constitucional, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así, como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia ***, de rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Así como la Jurisprudencia ***, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." En el caso particular se advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente por cuanto hace a ***** por su propio derecho, así como por lo que refiere a los menores de iniciales ***,*****y** respecto de la citación de siete de octubre de dos mil veinte, girada por la agente del Ministerio Público, a ** para que el quince de octubre de dos mil veinte, compareciera en compañía de los menores de edad ******y *** a fin de recabar su entrevista y de ser necesario, fuesen valorados por Perito en psicología, dentro de la carpeta de investigación *******, en atención a que dicho acto por sí solo no lesiona los derechos fundamentales de los referidos quejosos. Se afirma lo anterior tomando en consideración que de conformidad con el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compete al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, por lo que en uso de tales facultades, puede legalmente girar citatorios para hacer comparecer a las personas que de la averiguación previa resulte presenciaron, en calidad de testigos, los hechos investigados, a fin de estar en condiciones de obtener los medios de convicción suficientes para determinar la existencia o no de algún delito, lo que no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos de los quejosos como es el derecho a la libertad o algún otro. Asimismo, si bien, el acto reclamado se hizo consistir en el citatorio que se giró en relación con los hechos investigados en una averiguación previa, emitido por el agente del Ministerio Público Federal; en éste no se advierte apercibimiento o medida de apremio alguno, en caso de no comparecer para el esclarecimiento de los hechos, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo, ya que no afecta su interés jurídico, pues se encuentra en libertad de acudir o no al llamado, por lo que si no lo hace, ello no causa efecto alguno. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que en el presente juicio se alude a la cita ministerial de menores de edad; al respecto cabe señalar que en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se estableció que de las constancias que acompañó *** a su escrito inicial de demanda, consistentes en copias de la carpeta de investigación ******, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género contra las Mujeres, así como de las manifestaciones contenidas en los escritos que presentó, se obtuvo que tal indagatoria se formó a consecuencia de la denuncia de los hechos con apariencia de delito de violencia familiar, teniendo el carácter de víctima la madre de los menores, y de indiciado el aquí promovente, lo que evidenciaba claramente que existía conflicto de intereses entre ambos progenitores, por lo que se designó asesor jurídico que representara los derechos de los menores. Así, advirtiendo que la carpeta de investigación **** de la que emana el acto reclamado, tiene como sustento primordial la posible comisión de hechos con apariencia del delito de violencia familiar, es incuestionable que a efecto de privilegiar la protección de los derechos de los menores, es evidente que resulta necesario que estos sean escuchados por la autoridad ministerial en su acción investigadora, de ahí que la citación reclamada de manera alguna atente contra los derechos de los menores de edad que acudieron en al amparo, en su momento representados por una de las partes en dicha investigación ministerial. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.

  4. Principal

    Oficio ***signado por la Secretaría de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Por el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el ocho de abril pasado, en el recurso de queja ** de su índice, misma que en sus puntos resolutivos establece: "ÚNICO.- Se declara fundado el presente recurso de queja." En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, acúsese recibo. Asimismo, respecto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos originales a la superioridad, tomando en consideración que se trata de una reproducción de las constancias que obran en el juicio principal, se determina que únicamente se glosen las actuaciones originales, y se ordena la destrucción de las copias recibidas. De la ejecutoria de cuenta, se advierte que la misma se declaró fundada, a fin de que se emitiera un diverso proveído en el que se autorizara llevar a cabo la diligencia de aceptación y protesta de cargo a través de video conferencia, y en su caso, permitir la remisión de los documentos identificatorios por medios electrónicos. Al respecto, mediante oficio que al efecto se libre, hágase del conocimiento de la oficiante que, en proveído de dieciséis de abril pasado, se autorizó llevar a cabo la diligencia de aceptación de cargo a través de videoconferencia, la cual tuvo lugar el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, lo que se hizo de su conocimiento mediante oficio ***de la misma data, remitido vía interconexión.

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