José Román Vallejo Serra

Expediente 1157/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1157/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • José Román Vallejo Serra

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de veinticinco de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por *******************, por propio derecho; contra actos del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Mtro. Cruz Issac Muñoz Navarro, Gral. Div. D.E.M. de la Guardia Nacional y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1157/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por **********************, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior esa así, porque el justiciable, en estricta observancia al principio de definitividad que rige el presente medio de control constitucional, a fin de combatir la resolución reclamada por vicios propios, debió promover juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previamente a acudir a este medio de control constitucional. Al respecto, se transcribe el contenido del artículo 107, fracción IV, constitucional, y del diverso numeral y fracción invocada de la ley de la materia, que a la letra disponen: . Del supuesto normativo inserto, se deduce que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa que permite invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales; por tanto, su estructura se funda en diversos principios que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa. Tales principios se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, como acontece con el relativo a la definitividad del acto, el cual restringe la procedencia de la acción constitucional. Efectivamente, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo obliga al justiciable a que previamente a intentar este medio de control extraordinario, agote todos los recursos o medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establezca para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues se reitera, el juicio de amparo se concibió como un medio excepcional de defensa, por ende, sólo procede en casos expresamente previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Ley de Amparo, la jurisprudencia de carácter obligatorio y recientemente los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al efecto, el supuesto normativo transcrito dispone como excepción al citado principio de definitividad que el medio de defensa ordinario a través de cual se puedan modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, permita la suspensión de sus efectos con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que ésta para su otorgamiento. Asimismo, dispone como excepción que el acto reclamado carezca de fundamentación o cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, cuando éste se encuentre previsto en un reglamento, sin que la Ley prevea su existencia. Como se precisó previamente en esta sentencia, el accionante de amparo acudió al juicio de amparo indirecto a reclamar el contenido del oficio GN/UOEC/DGSCI/7040/2022 de veintinueve de junio de dos mil veintidós, y como consecuencia de éste, el cambio de adscripción, y las disposiciones mediante las cuales se le hace del conocimiento que debe elegir un área de trabajo para seguir laborando. Consiguientemente, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer de la resolución reclamada, pues es claro que deriva de un procedimiento seguido en forma de juicio que pone fin a la acción intentada por el justiciable y patentiza o refleja la última manifestación de voluntad del Estado. Cobra aplicación la tesis aislada 2a. X/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia administrativa, del mes de febrero de dos mil tres, tomo XVII, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. . En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por afinidad, le compete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocer de los conflictos derivados tanto de la prestación de los servicios, como de alguna responsabilidad administrativa de elementos de seguridad, siendo esto, a través del juicio contencioso administrativo, tomando como argumento toral para fincar la competencia aquel que parte de la premisa que una demanda propuesta por un miembro de un cuerpo de Seguridad Pública Federal deriva de una relación administrativa y no laboral, como en el caso acontece, puesto que el accionante de amparo, acorde con lo probado en autos, es miembro de la Guardia Nacional. Ese orden de ideas, es de colegirse que la materia de la solicitud está relacionada con una prestación que es atinente sólo con quienes tienen esa relación administrativa con la institución policial, derivada del artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional, como en el caso acontece, atento a lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley de la Guardia Nacional. Cobra aplicación, por las razones que le rigen, la tesis aislada 2a. CLXI/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia administrativa, tomo VIII, del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que a la letra impone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. . Asimismo, por las razones que le rigen, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 91/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia administrativa, tomo XXV, del mes de mayo de dos mil siete, de rubro y texto siguiente: "SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. . Consiguientemente, en inconcuso que, en el caso se actualiza fehacientemente el motivo de improcedencia invocado oficiosamente, pues el accionante de amparo previamente a acudir al juicio de amparo indirecto debió combatir la resolución reclamada a través del medio ordinario de defensa, esto es, por medio del juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin que este Juzgado Federal advierta la actualización de algún motivo de excepción al citado principio de definitividad, porque la norma que rige al juicio contencioso administrativo federal prevé la suspensión de los actos cuando éste la solicite sin establecer mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, materia administrativa, libro XXIV, del mes de septiembre de dos mil trece, Tomo 2, que a la letra establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. . Tampoco se reclama un acto de naturaleza penal, ni alguno que importe peligro de la privación de la vida o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; ni se combate la constitucionalidad de la Ley con motivo de su primer acto de aplicación; el justiciable no tiene carácter de tercero extraño. De igual forma, no se reclama violación directa a los derechos fundamentales de seguridad y legalidad jurídicos conforme al artículo 16 constitucional, por ausencia de fundamentación y motivación, pues del contexto del oficio impugnado se aprecia que la autoridad se apoyó en diversos preceptos normativos y circunstancias específicas; por ende, sin prejuzgar sobre su eficacia y legalidad, permiten colegir que no carecen de la cita de dispositivos legales y de las razones que lo sustenten; aunado a que la parte quejosa reclamó expresamente indebida fundamentación. Entonces, es inconcuso que no puede reclamarse trasgresión directa a la norma constitucional, sino en su caso, como se apuntó con antelación a normas de carácter secundario. Conclusión. Por lo tanto, como se adelantó, se determina que se actualiza la causa de improcedencia, pues no agotó, previo a instar el presente juicio, el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Autorizados. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Por lo que hace al número telefónico y correos electrónicos que proporciona, se toma conocimiento del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. Acceso a expediente electrónico y notificaciones por la misma vía. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico y notificaciones por la misma vía en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre de usuario "*******************" corresponde a ****************. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que la autorización de mérito es independiente de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. En razón de lo anterior, únicamente se toma conocimiento del domicilio citado por la parte quejosa, para los efectos legales conducentes. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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