Jose Roman Torres Rodriguez
Expediente 347/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Roman Torres Rodriguez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por José Román Torres Rodríguez, contra actos del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal San Luis Potosí, del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, con ocho copias que acompaña, que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 4º y 5º de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 347/2021- VII. Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse. En concepto de esta juzgadora, del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que lo que la parte quejosa efectivamente reclama, es la omisión de las responsables de expedirle la incapacidad médica que refiere, no obstante que cuentan con su historial médico y expediente y por ende, con los elementos necesarios para expedir dicha incapacidad, ante lo cual se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia. En relación con la indicada causal, debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2009, señaló lo que debía entenderse como autoridad para efectos del juicio de amparo. En concordancia con ello expuso que era derecho de toda persona la protección de la salud conforme al artículo 4o. Constitucional; empero, que tratándose de trabajadores existía una obligación fundamental de los patrones de velar por su salud en términos del artículo 123 de la Constitución, a los cuales sustituía el estado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que en esa medida, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía un doble carácter, como organismo fiscal autónomo, caso en el cual actuaba como autoridad con atributos propios que la ley le otorgaba, y como ente asegurador, en sustitución del patrón, encaminado a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, caso en el cual actuaba en un plano de igualdad. Así las cosas, la superioridad concluyó que, cuando se presentaba una solicitud para que el instituto respondiera en su carácter de asegurador, la omisión que en su caso se reclamara en el juicio de garantías no debía ser considerada como acto de autoridad para efectos del amparo, toda vez que en dicha hipótesis, la relación entre el instituto y el asegurado se daba en un plano de igualdad, por lo que no podía ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto es, que se trata de una relación de coordinación, en la que las partes involucradas debían acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impusieran las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador había considerado que los conflictos que se suscitaran entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía la facultad para emitir actos que incidieran en la situación jurídica del asegurado o beneficiario, en relación con la procedencia de pensiones que establece la ley o, incluso, podía incurrir en omisión; motivo por el cual, excepcionalmente, sería procedente el amparo para obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados. Es decir, que asumiendo que el Instituto Mexicano del Seguro Social era un organismo del Estado y que podía emitir actos conforme a la ley que lo regulaba, incluso incurrir en omisiones, en algunos casos, era procedente el juicio de amparo, respecto de actos y omisiones del instituto, siempre que existiera la necesidad de proteger la efectividad de los derechos humanos involucrados. Por ello, cuando se atribuía al citado instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resultaba procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que en ese caso, era necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emitiera una respuesta a la petición. No obstante la evolución del criterio que se ha destacado, la superioridad precisó, que respecto de la respuesta que en su caso, formulara el instituto, no procedería la ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisfacía su interés, debía acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo. De lo reseñado con antelación, se tiene que bajo el criterio actual de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, procede el juicio de amparo cuando se reclame al Instituto Mexicano del Seguro Social la omisión de contestar una petición o solicitud elevada por un derechohabiente; sin embargo, la determinación que al efecto emita el instituto, en relación con las prestaciones económicas y en especie que otorga, debe ser combatida vía las instancias legales ordinarias. Dicho en otras palabras, la respuesta que el instituto emita como ente asegurador, en relación con las prestaciones de seguridad social, frente al asegurado, sigue encuadrando, por regla general, en un plano de coordinación. Siendo dable destacar, que las prestaciones que otorga el instituto de seguridad social destacado, en el régimen obligatorio, en términos de los artículos 7 y 11 de la Ley de dicho ente, incluye, entre otras, la atención medica y el otorgamiento de incapacidades. Ahora bien, en el caso particular, el aquí quejoso José Román Torres Rodríguez, expuso que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de seguridad social 4184641031-8; que en el año dos mil trece, sufrió un accidente en su trabajo, lo cual le ocasionó una lesión en la rodilla izquierda, siendo hasta el día diez de abril de dos mil catorce, que acudió a la clínica 47 del citado instituto con el médico familiar, quien le ordenó unas radiografías y le dio el diagnóstico de Gelartrosis, indicándole el tratamiento a seguir. Que posterior a ello perdió su trabajo y fue hasta el año dos mil diecinueve, cuando nuevamente se atendió de su rodilla izquierda, para lo cual acudió a la clínica 47, por presentar algunas molestias, indicándole el médico tratante que su diagnóstico era gelartrosis grado 4, ordenando nuevos estudios y finalmente en enero del año pasado el quejoso, al seguir presentando dolores en su rodilla acudió con una doctora del instituto quien le otorgó tres días de incapacidad y al revisar los resultados de los estudios, le dio cita para el dieciséis de abril del mismo año, para programarle fecha de cirugía; sin embargo, la citada profesionista no llegó al nosocomio en la fecha indicada, citándolo la recepcionista para el veinticuatro de julio del año inmediato anterior, pero con motivo de la pandemia, se le ha negado el servicio, por lo que continúa con la molestia en su rodilla, sin que el seguro social le brinde la atención médica que requiere y como consecuencia de ello, le otorgue la incapacidad médica que procede. Como puede observarse, el referido libelo se encuentra encaminado a evidenciar que conforme al padecimiento del quejoso, se le debió otorgar una incapacidad médica, pues le resulta imposible laborar como guardia de seguridad en su trabajo, por la molestia de su rodilla. Sin embargo, ante dicha omisión, José Román Torres Rodríguez, promovió el juicio de amparo que nos ocupa, aduciendo violación al derecho a la salud y al trabajo, ya que no puede continuar ejerciéndolo como guardia de seguridad. Pues bien, se considera que atendiendo a lo destacado con anterioridad, en la especie, los actos reclamados mediante el escrito de demanda, no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se sostiene lo anterior, pues el quejoso es derechohabiente del instituto señalado; asimismo, se advierte que el presente juicio, se encamina a tratar de obtener una licencia por incapacidad; esto es, a que se determine un grado de afectación en la rodilla, que le impide al quejoso, al menos de manera temporal, el desarrollo de su actividad laboral como guardia de seguridad, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva. En esa medida, la controversia entre el instituto de seguridad social y el aquí quejoso, tiene como objeto las prestaciones sociales que aquél brinda en su carácter de ente asegurador frente al asegurado, por lo cual, la misma, en términos del ya citado artículo 295 de la Ley del Seguro Social, debe ser sometida a la potestad de la autoridad del orden común; donde el aquí impetrante podrá aportar las pruebas que estime conducentes a efecto de demostrar la posible invalidez que le aqueja y obtener las prestaciones económicas y en especie que ello conlleva. No se soslaya, que la parte quejosa alega transgresión a su derecho a la salud e integridad física al solicitar como medida cautelar que se le programe una cirugía; sin embargo, ello no puede conllevar, por sí, a considerar procedente la acción constitucional, pues como se dijo, lo que el disidente aduce en torno a su estado físico tiene como finalidad la obtención de la prestación de seguridad social mencionada; esto es, su pretensión esencial no es en sí misma la atención médica, sino la obtención de un certificado de incapacidad para laborar. Más aún cuando no debe perderse de vista, que de la conformación del derecho a gozar de licencia médica por enfermedad, surge la obligación del estado patrón de proporcionar un subsidio a través de una licencia con goce de sueldo (íntegro o medio), según sea el caso. En esa virtud, al actualizarse la causa de improcedencia examinada sobre los actos reclamados, lo que procede es desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte promovente. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Daniela Monjarás López, Erasmo Vázquez Almendárez, Víctor Manuel Torres Salinas Jiménez y Mauricio González Barrera, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del citado numeral, a las diversas personas que señala, por así solicitarlo. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, a través del usuario que se proporciona, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a dicha parte procesal, por ese medio; en consecuencia, no ha lugar a tenerle como domicilio físico para oír y recibir notificaciones el que indica, toda vez que señaló su deseo de recibirlas vía electrónica. De igual forma, se tiene a la parte quejosa proporcionando teléfono y correo electrónico de contacto, para efecto de entablar comunicaciones no procesales; de los que se toma nota para los efectos legales conducentes. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente vía electrónica.
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