José Román Martínez Cruz

Expediente 294/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
294/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
17/12/2018

Partes del expediente

  • José Román Martínez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, remitidos por las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, mediante los cuales rinden su informe justificado, sin que haya lugar a dictar mayor providencia, toda vez que los mismos fueron recibidos con posterioridad a la fecha de celebración de la audiencia constitucional en este juicio, que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 294/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano judicial, José Román Martínez Cruz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al Titular de la Dirección Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA" y Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA"; consistente en: "Violación a mi derecho de defensa y a disponer del tiempo y los medios adecuados para entrevistarme en privado y bajo confidencialidad con los defensores públicos que me asisten en diversos juicios y procesos. Violación a mi derecho a la dignidad para entrevistarme en condiciones no degradantes con los defensores públicos. Actos de molestia e inderencias(sic) a mi persona y derechos." SEGUNDO. Por auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó formar el presente expediente con el número 294/2018, y se desechó la demanda de amparo por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo (fojas 8 a 12). TERCERO. Inconforme con tal determinación, mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el tres de abril del año en curso, el quejoso José Román Martínez Cruz, interpuso recurso de queja, mismo que se tuvo por interpuesto en acuerdo de cuatro de abril de dos mil dieciocho, y se ordenó rendir el informe con justificación correspondiente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, para la substanciación del recurso (fojas 22 a 31). CUARTO. Mediante ejecutoria pronunciada con fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el expediente de Recurso de Queja Penal 115/2018, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, declaró fundado el recurso de queja (fojas 43 a 51). QUINTO. En cumplimiento a tal ejecutoria, por auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 52 a 54). Previo diferimiento, en auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, nuevamente se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 62); la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la citada demanda de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1, 36, 114,116, 155 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Lo anterior, con apoyo también en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Para quedar, una vez que se realizó un estudio íntegro del escrito de demanda, de la siguiente manera: "La violación a mi derecho de defensa y a disponer del tiempo y de los medios adecuados para entrevistarme en privado y bajo confidencialidad con los defensores públicos que me asisten en diversos juicios y procesos penales." TERCERO. Las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no rindieron informe justificado a pesar de encontrarse debidamente notificadas, como consta en el acuse glosado en el expediente (foja 59). Por tal razón, con apoyo en el numeral 117, párrafo tercero, de la ley normativa del juicio de garantías, se presume cierto el acto que se les atribuye. CUARTO. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, del ordenamiento legal invocado, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (...)". El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el impetrante debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Establecido lo anterior, la fracción II, del artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de allí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el arábigo 2° de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de la parte quejosa, a los actos reclamados les resulta aplicable dicho ordenamiento legal. En efecto, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la citada ley, se contempla la posibilidad de que los internos lleven a cabo las peticiones administrativas que requieran dentro de su estancia en los centros de internamiento. Así los artículos 107 a 115, de la citada legislación, disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; (.). IV. Los defensores públicos o privados; Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley". Del análisis de los artículos transcritos se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a la salud; a la alimentación nutritiva; a permanecer en estancias designadas; a recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, así como artículos de aseo diario necesarios; acceder al régimen de visitas (artículos 9, fracción VIII, 58 y 59 de la propia ley); a efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; y a participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de su libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario. De igual manera, se establece que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, a formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. A la par, la aludida legislación establece la forma en que las peticiones se deben sustanciar, resolver e impugnar, incluso, tratándose de casos urgentes (artículos 111 a 115, 131 y 132). En ese contexto, tomando en consideración que en el caso concreto la parte quejosa reclama esencialmente: disponer del tiempo y de los medios adecuados para entrevistarse en privado y bajo confidencialidad con sus defensores públicos que lo asisten en diversos juicios y procesos penales, es evidente que respecto a dicho acto, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa. En tales condiciones, al no haberse cumplido con el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia en análisis, lo que conduce a sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Sin que sea óbice para lo anterior, la circunstancia de que en el artículo 9, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no disponga expresamente como uno de los derechos de las personas privadas de su libertad el que éstos dispongan de tiempo y de los medios adecuados para entrevistarse en privado y bajo confidencialidad con sus defensores públicos que los asistan; sin embargo, lo cierto es que, también dicho numeral dispone que los derechos ahí relacionados, únicamente son de manera enunciativa mas no limitativa; por lo que de acuerdo a la razón de la que se duele el quejoso, a saber, según los antecedentes del acto reclamado narrados en su escrito de demanda, lo es que, las entrevistas con sus defensores y la práctica de sus notificaciones se le realicen en una "cocineta" que se ubica en el módulo donde se encuentra interno, la cual no cuenta con privacidad pues existe un televisor con volumen alto, sus conversaciones son escuchadas por personal de custodia o jurídico y además se encuentra sucia, ello, no obstante que existen áreas específicas para entrevistas las cuales no se utilizan desde hace cuatro años, se arriba a la conclusión que dicha omisión en la que se encuentra incurriendo la autoridad penitenciaria, es susceptible de ser combatida mediante el Procedimiento Administrativo antes mencionado mediante peticiones administrativas, pues no existe disposición en la ley de la materia en contra, sino al contrario, como se dijo, los derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario destacados en el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son de manera enunciativa y no limitativa, aunado a que en el último párrafo del referido numeral, dispone que toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. En otro sentido, es de precisarse que de acuerdo al comunicado oficial número 128/2018, de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se sabe que en sesión celebrada el diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 57/2018, entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, en cuya ejecutoria determinó que las personas privadas de su libertad, cuando reclaman omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto deben agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, porque dicha ley prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puntualizó que el citado mecanismo ofrece una asistencia continua y personalizada al interno porque en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle su petición, la razón de ésta y a ofrecer las pruebas que estime conducentes para apoyarla. Igualmente, determinó que la autoridad penitenciaria con la finalidad de proteger los derechos del interno deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. También sostuvo que ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que la persona privada de su libertad impugne ante el Juez de ejecución o de control, según corresponda, la respuesta de la citada autoridad si estima que es contraria a sus intereses. Asimismo, sostuvo que establece la posibilidad de apelar la determinación del Juez en el caso de considerar que ésta es contraria a sus derechos. Igualmente determinó, que ese mecanismo de control establece que cuando el acto omisivo constituya un caso urgente, el interno tendrá la posibilidad de acudir directamente ante el Juez que corresponda quien previamente a resolver en definitiva suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es un acto omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria también de oficio y de inmediato que realice las acciones positivas correspondientes. Por último, precisó que el mecanismo de control señalado otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Comunicado oficial que se invoca como un hecho notorio conforme a lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2, debido a que esa información se obtuvo de la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fue publicada en la siguiente dirección electrónica: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5773; por lo que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los normativos 197 y 210 - A del cuerpo de leyes antes mencionado. En apoyo de lo anterior se cita la tesis aislada número I.3o.C.35 K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre 2013, Tomo 2, Décima Época, Materia Civil, Página 1373; de cuyo rubro y texto siguientes: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Por lo anterior expuesto, quien aquí resuelve, para resolver el presente asunto tomó en consideración tal criterio jurisprudencial. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso José Román Martínez Cruz, contra los actos reclamados al Titular de la Dirección Jurídica y Encargado de la Dirección de Seguridad, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, de conformidad con el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos se advierte, se encuentra transcurriendo el término de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las autoridades responsables rindan su informe justificado; en consecuencia, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan nuevamente las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE SUS AUTORIZADOS.

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