José Román Hernández García
Expediente 379/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Román Hernández García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos la intervención ministerial firmado electrónicamente por el licenciado Rafael de Santillana Gómez, Fiscal Revisor Titular de la Agencia Adscrita a este Juzgado en Materia de Amparo; sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a las autoridades responsables, en virtud que no se encuentran facultadas para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese
- Principal
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas con veinte minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 379/2022, promovido por José Román Hernández García, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, con excepción de los terceros interesados, ya que por auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se ordenó postergar su emplazamiento hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Asimismo, no obra informe de la autoridad responsable Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, quien fuera notificado del oficio 8049/2022 el ocho de marzo de dos mil veintidós. Además, da cuenta de que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida el Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). A continuación se abre el período probatorio: El Secretario da cuenta con las constancias que la parte quejosa y la autoridad responsable allegaron al presente cuaderno. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario da cuenta con el Alegato Ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. El Juez acuerda: Téngase a la representación social, por realizando las manifestaciones que refiere en su ocurso y sin que las demás partes formularan de su intención, por lo cual se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 379/2022, promovido por José Román Hernández García; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, recibido en este juzgado el mismo día, compareció José Román Hernández García, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, así como del Actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: La dilación abierta dl procedimiento por la autoridad responsable al dejar de notificar las contentaciones (sic) recaídas a los emplazamientos de los terceros, es decir del ISSSTE, FOVISSSTE, Y SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD SECCIÓN 51, así como dejar de girar exhorto al tribunal federal de conciliación y arbitraje con sede en ciudad de México a fin de que notifique a SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, dentro del expediente laboral 280/E/2020" Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 379/2022; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, se obtiene que a las autoridades responsables se les reclama: La omisión de correr traslado a la parte actora con el escrito de contestación de demanda de los terceros llamados a juicio: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE); Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE); y, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sección 51). La omisión de girar exhorto al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México a fin de que notifique a la Secretaría de Salud Federal. Lo anterior, dentro del expediente laboral 280/E/2020. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La existencia o inexistencia de los actos reclamados, es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. Así, se tiene que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le atribuye, refiriendo que al continuar con la integración del expediente laboral, el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno y veintiocho de marzo de dos mil veintidós, documentó en autos el escrito de contestación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que ordenó correr traslado a la parte actora a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera dentro del término concedido para tal efecto. Ahora bien, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios allegó constancias del expediente 280/E/2020, de las cuales se advierte que el siete de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable, por conducto del actuario de su adscripción, realizó el emplazamiento del tercero llamado a juicio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SECCIÓN 51), al que le corrió traslado con el escrito inicial de demanda, el proveído dictado a la misma, así como con el escrito de contestación de demanda y el proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno recaído a ésta, dentro del expediente laboral 280/E/2020. Asimismo, mediante oficio 11136/2022 (promoción 14975) la autoridad responsable informó que hasta esa fecha -seis de julio de dos mil veintidós-, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 51 no había emitido contestación de demanda alguna en los autos del expediente laboral 280/E/2020. Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dos de marzo de dos mil veintidós), no existía el acto omisivo que la parte quejosa reclama, ello debido a que como lo refirió la autoridad responsable hasta el seis de julio de dos mil veintidós el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 51 no había emitido contestación de demanda alguna en los autos del expediente laboral 280/E/2020. Por ello, no es factible que la autoridad incurra en la omisión de notificar la contestación de la demanda, si de inicio no existe tal contestación ni el acuerdo o la determinación que tenga por recibida ésta y ordene la notificación a la actora. Lo anterior pone de relieve que tal omisión resulta futura e incierta y por ende, no puede constituir válidamente un acto contra el que procede el amparo indirecto, en la medida que es presupuesto necesario que el acto exista previo a la promoción de la demanda. En el caso, al no ser así, la omisión reclamada conforma un acto futuro, basado sólo en suposiciones y temores. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, correspondiente a la Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Página: 106, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. No procede contra actos futuros y basado sólo en suposiciones y temores, sin saber qué autoridad verificará esos actos y si por ello se violará o no alguna garantía constitucional." Igualmente deviene aplicable la tesis aislada emitida también por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, durante la misma Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Página: 727, cuya sinopsis se inserta enseguida: "AMPARO. Sólo puede resolver controversias que se suscitan por leyes o actos que violan las garantías individuales, y no procede por simples temores de que lleguen a violarse esas garantías." Así como el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 273, del Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Consecuentemente, en relación con el acto que se precisa en este apartado, consistente en la omisión de correr traslado a la parte actora con el escrito de contestación de demanda del tercero llamado a juicio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sección 51), con fundamento en la fracción IV del precepto 63 de la Ley de la Materia, se sobresee en el presente juicio de amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó los actos que se le atribuyen, refiriendo que el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, documentó en autos el escrito de contestación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que ordenó correr traslado a la parte actora a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera dentro del término concedido para tal efecto, asimismo, del contenido de tal proveído se advierte que también documentó la contestación del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE). Además comisionó al actuario a fin de que notifique a las partes el proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós y les corriera traslado con copia de los escritos de contestación. Además, posteriormente remitió copia certificada del oficio 6874/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dirigido al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual giró exhorto a fin de que llevara a cabo el emplazamiento del tercero llamado a juicio Secretaría de Salud Federal, así como las constancias con las que acreditó su envió por correspondencia y su diligenciación. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable en copia certificada, que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, se tiene por cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otra parte, derivado de la omisión del Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de rendir el informe justificado, no obstante de habérsele solicitado oportunamente, en principio se presume cierto el acto que se le reclama consistente en la omisión de notificar la contestación de la demanda, lo anterior, en términos de la segunda parte del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 117 (.) (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo lo de esta Ley." CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias allegadas al presente expediente, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos de los actos reclamados. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto dicha causal encuadra a través de la constancia de notificación suscrita por el Actuario adscrito al Tribunal responsable, efectuada el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, con la cual, acredita haber notificado el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós y corrido traslado a la parte actora con el escrito de contestación de demanda de los terceros llamados a juicio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE), dentro del expediente laboral 280/E/2020. En esa virtud, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y el actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, de correr traslado a la parte actora con el escrito de contestación de demanda de los terceros llamados a juicio mencionados con el párrafo que antecede, pues con la constancia de notificación de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, desaparece el estado de abstención en que incurrió dicha autoridad, actualizándose en consecuencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ahora, respecto de los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, consistentes en la omisión de girar exhorto al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México a fin de que notifique a la Secretaría de Salud Federal, la causal invocada se actualiza en atención a las siguientes consideraciones. Mediante oficio 6874/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dirigido al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, el Tribunal responsable giró exhorto a fin de que se llevara a cabo el emplazamiento del tercero llamado a juicio Secretaría de Salud Federal. Posteriormente, en acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 280/E/2020 tuvo al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de México devolviendo el exhorto, el cual se advierte fue debidamente diligenciado, toda vez que consta la cédula de notificación de siete de junio de dos mil veintidós suscrita por el Actuario de su adscripción, en la que hizo constar que emplazó al tercero llamado a juicio Secretaría de Salud Federal. En esa virtud, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de girar exhorto al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México a fin de que notificara a la Secretaría de Salud Federal, puesto que con la emisión del auto de cinco de julio de dos mil veintidós, a través del cual, tuvo por recibido el exhorto girado a fin de notificar al nombrado tercero llamado a juicio, desaparece el estado de abstención en que incurrió dicha autoridad, actualizándose, en consecuencia, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Román Hernández García, contra los actos que reclamó de la Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y el Actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, que fueran precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y último del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
VISTO lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veinticinco de julio del presente año, remite copia certificada de las constancias requeridas, que obran dentro del expediente laboral 280/E/2020; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.
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