José Román Escobar Jiménez
Expediente 996/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/07/2023
Partes del expediente
- José Román Escobar Jiménez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, inciso IV), Título Segundo, Capitulo Sexto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 20, 21, 22 y 23, todos del Capítulo Sexto y 34 del Capítulo Décimo Segundo, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente (en los casos aplicables) y en los libros de control electrónicos respectivos; asimismo, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa **********, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de veintidós de junio del año en curso, en el cual precisa los hechos que le constan y constituyen los actos reclamados en su escrito inicial de demanda. DESECHAMIENTO. Antes de proveer sobre la admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Del estudio integral realizado al libelo de demanda respecto al acto reclamado, es apropiado decir que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ello es así, en virtud que la parte quejosa en su escrito aclaratorio de demanda señala como acto reclamado, lo siguiente: "La sentencia interlocutoria de fecha 19 de mayo de 2023 dictada en del incidente de liquidación de intereses en el expediente 368/2020." Asimismo, en relación a la prevención señalada en el numeral dos adujó lo siguiente: En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De la interpretación del precepto se advierte que los actos consentidos tácitamente, son aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo que se precisa en el artículo 17, de la Ley de Amparo, que no es otra cosa que la promoción del juicio de garantías de forma extemporánea. Así, para poder establecer si el juicio de amparo es extemporáneo, debe acudirse a lo que establecen los artículos 17 y 18, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Fracción I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Fracción II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Fracción III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Fracción IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de los Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de entrada en vigor." De los preceptos recién transcritos, se desprende que el término con el que cuentan los justiciables para promover el juicio de garantías es de quince días, contados a partir de que surta sus efectos, conforme a la Ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Esto es, el término genérico para promover el juicio de garantías es de quince días, contados a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la determinación que reclama; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y c) Al en que se haya ostentado sabedor del acto en cuestión. Como se dejó establecido en párrafos precedentes, se desprende claramente que el aquí quejoso tuvo conocimiento de los actos que aquí reclama, desde que se le notificó la resolución interlocutoria dictada en el expediente 368/2020, esto es, desde el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, surtiendo sus efectos el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Así, ante la exigencia que exista prueba que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado, es veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, data en la que surtió efectos la notificación del acto reclamado en esta vía, ya que así lo refirió en su libelo de demanda en el capítulo de antecedentes del acto reclamado. Dicha manifestación, que realizó bajo protesta de decir verdad, constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la litis constitucional por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2º de la Ley de Amparo. En el caso, se aprecia que se actualiza la hipótesis señalada en el inciso a) indicado, pues a la parte quejosa se le notificó la resolución reclamada (resolución interlocutoria dictada en el expediente 368/2020) el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, misma que surtió efectos el veinticinco del mismo mes y año. Por lo que, de lo hasta aquí relatado se arriba a la firme convicción que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, al menos desde el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Por tanto, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, empezó a computarse el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés (día siguiente a la fecha en que surtió sus efectos la notificación de veinticuatro de mayo de esa anualidad) y feneció el quince de junio de dos mil veintitrés, descontando los días veintisiete y veintiocho, de mayo, tres, cuatro, diez y once de junio de dos mil veintitrés, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y, si la demanda de amparo se presentó el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, según se advierte del sello fechador, es claro, que la misma resulta extemporánea en su presentación y, por ende, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales artículo 17 y 18, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento tácito del acto reclamado. Es decir, la demanda de amparo se presentó fuera del término que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues trascurrió en exceso en el plazo que el citado numeral prevé. Es aplicable, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." Asimismo, la tesis, cuyo rubro y texto señalan: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS." No es obstáculo para arribar a la conclusión anterior, el hecho que la parte quejosa haya presentado la demanda de amparo, ante la autoridad señalada como responsable Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, pues dicha circunstancia no interrumpe el término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el ejercicio de la acción constitucional; puesto que no se trata del supuesto en que el promovente haya equivocado la vía; es decir, que la promoviera como amparo directo, si no que la instó como amparo indirecto, pues se advierte que se encuentra dirigida al "JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES CON RESIDENCIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS"; además, cita el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere a la procedencia del juicio de amparo indirecto y que este se debe presentar ante el Juez de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN." En las anteriores consideraciones, se arriba a la firme convicción que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es desechar la demanda de garantías promovida por *******, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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