José Román Anzaldo

Expediente 411/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 49 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
411/2021
Año
2021
Actuaciones
49
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • José Román Anzaldo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de quince de agosto de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional.". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de agosto de dos mil veintidós. Se califica cumplimiento de la sentencia. Vista la certificación de cuenta, el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito. Por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Con el propósito anunciado, se precisa que el siete de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo indirecto en el que, por una parte, se desechó el incidente de objeción planteado; por otra, se sobreseyó en el juicio y, en diversa parte, se concedió el amparo solicitado. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia antes mencionada, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, radicándolo bajo el número 498/2021. En esa tesitura, la superioridad en ejecutoria dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de revisión 498/2021, estableció en los puntos resolutivos lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, con la corrección oficiosa destacada. SEGUNDO. Se desecha el incidente de objeción de documentos formulado por el quejoso. TERCERO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados a la Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, titular y Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la citada secretaría, consistentes en la omisión de dar respuesta a los escritos presentados el catorce y veintiuno de enero de dos mil veintiuno, así como el oficio SSP/SUBCOP/1300/2021, respectivamente, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Ramón Anzado en contra del acto reclamado al Gobernador y al Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Puebla, consistente en la falta de contestación al escrito presentado el veintiuno de enero de dos mi veintiuno, en los términos precisados en la sentencia recurrida y en esta ejecutoria." Concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "Finamente, en torno al acto reclamado al Gobernador de Estado de Puebla, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de petición presentado por el quejoso el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, en un plazo no mayor a tres días hábiles, el Gobernador del Estado de Puebla emita una respuesta congruente a lo solicitado por la parte quejosa mediante escrito presentado el veintiuno de enero del dos mil veintiuno, partiendo de la base que el derecho fundamental de petición únicamente obliga a la autoridad a pronunciarse sobre las solicitudes que le formulen mas no a que se dicten conforme a sus pretensiones y, hecho lo anterior, se la notifique dentro del plazo legal." En consecuencia, se requirió a las autoridades responsables Gobernador del Estado de Puebla y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla para que informaran sobre el cumplimiento a la ejecutoria y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. Mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio SSP/SDIAP/DGA/01574/2022, del veintiuno de junio de dicha anualidad, y anexos, entre los que destacan: 1. Oficio CJ-SJCAE-DGSEI-DVAI/006/2021 de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla solicitó al Secretario de Seguridad Pública de dicha entidad federativa, se sirviera a instruir a quien corresponda, dar atención al escrito presentado por el quejoso José Román Anzaldo, el veintiuno de enero de dos mil veintiuno. 2. Oficio SSP/SDIAP/DGA/DDH/00118/2021, de doce de febrero de dos mil veintiuno, signado por la Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, mediante el cual da contestación a la petición presentada por el quejoso el veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Cumplimiento parcial. Así, en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se declaró parcialmente cumplida la sentencia de amparo y se requirió a las autoridades responsables a efecto de que remitieran copia certificada de la constancia de notificación a la parte quejosa respecto de la respuesta dada al escrito de veintiuno de enero de dos mil veintiuno. En ese sentido, mediante oficio SSP/SDIAP/DGA/DDH00118/2021 de doce de febrero de dos mil veintiuno, la Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla hizo del conocimiento al quejoso que, como quedó establecido en el similar SSP/SDIAP/DGA/DDH/0024/2021 de fecha doce de enero de dos mil veintiuno, al haber perdido la confianza por haberse conducido con falta de probidad en el servicio que le fue encomendado se le notificaba su rescisión laboral. En el primer oficio antes precisado, se advierte que la autoridad responsable acordó, en lo que interesa, lo siguiente: Por su parte, el diverso comunicado SSP/SDIAP/DGA/DDH/0024/2021 de fecha doce de enero de dos mil veintiuno establece lo siguiente. En ese sentido, como es de advertirse, la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, pues si bien el escrito de petición fue contestado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y no por el Gobernador, no menos cierto es que el titular del Ejecutivo Estatal puede ser auxiliado por diversas dependencias o entidades de la administración pública paraestatal, para la atención de las peticiones formuladas por la ciudadanía. Lo que en el caso concreto aconteció, dado que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por instrucciones de la Consejería Jurídica, dio respuesta a la solicitud la parte quejosa realizada mediante escrito de veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Lo anterior, fue definido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión R.A. 498/2021 pues, en lo conducente, estableció lo siguiente: "(.) 66. Cabe precisar que en términos del artículo 21 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, el Gobernador cuenta con una oficina que le auxiliará directamente en la atención de los asuntos de su competencia y la aportación de elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 67. Además, el jefe de esa oficina tiene la facultad, a través de la coordinación respectiva, de intervenir en la definición y seguimiento de las políticas de participación ciudadana, supervisar la recepción y trámite de las peticiones que la ciudadanía haga al Gobernador, realizar la vinculación interinstitucional necesaria a fin de que sean debidamente atendidas e informar al Gobernador periódicamente de sus avances. 68. En términos del artículo 22 fracción de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, el Gobernador contará con una Consejería Jurídica que dependerá directamente de él y, entre sus atribuciones se encuentra las que le encomiende el propio titular del ejecutivo estatal. 69. Esto es, el Gobernador podrá ser auxiliado por el jefe de la oficina y por el consejero jurídico, para atender los asuntos que le competan o por alguna dependencia o entidad de la administración pública estatal, como es la Secretaría de Seguridad Pública; por ello, en su caso, la petición del quejoso podría haber sido contestada por éstos." De igual forma, mediante oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/07190/2022 de veintiséis de julio de dos mil veintidós, el Director General Jurídico y representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, hizo del conocimiento la notificación realizada al quejoso José Román Anzaldo adjuntando copia certificada de las constancias referidas en dicho oficio y recibidas por el quejoso el veintisiete siguiente, lo que además fue remitido al correo electrónico que proporcionó la parte quejosa en su escrito presentado el veintiuno de enero de la pasada anualidad, tal como enseguida se ilustra. Con base en lo expuesto, se estima que los efectos de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo se encuentran cumplidos, ya que la autoridad responsable emitió una respuesta a las peticiones del quejoso. Manifestaciones de la parte quejosa. La parte quejosa desahogó la vista concedida en acuerdos de diecinueve de julio y uno de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, se procede a dar contestación a sus planteamientos. En primer término, el promovente refiere que no han cesado los efectos del acto reclamado, pues no se ha dado respuesta debidamente fundada a su petición, por lo que aún se encuentra en estado de indefensión frente a su situación laboral. Al respecto, conviene precisar a colación que el escrito de petición se formuló en los siguientes términos: Como se advierte, el quejoso solicitó un pronunciamiento del Gobernador del Estado de Puebla respecto de una petición, a saber: que le fuera otorgada una audiencia con la finalidad de exponerle al Ejecutivo Estatal la situación que aconteció en torno a su con el baja del cargo de policía estatal y solicitar su intervención para evitar perder su fuente de trabajo. Al respecto, mediante oficio SSP/SDIAP/DGA/DDH00118/2021 de doce de febrero de dos mil veintiuno, la Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla hizo del conocimiento al quejoso que, como quedó establecido en el similar SSP/SDIAP/DGA/DDH/0024/2021 de fecha doce de enero de dos mil veintiuno, al haber perdido la confianza por haberse conducido con falta de probidad en el servicio que le fue encomendado se le notificaba su rescisión laboral. En ese sentido, cabe destacar que los argumentos del quejoso esencialmente están encaminados a controvertir la legalidad de la respuesta dada por la autoridad responsable. No obstante, no debe perderse de vista que la concesión de la protección constitucional únicamente se otorgó para que la autoridad responsable emitiera una respuesta en relación con el escrito petitorio presentado el veintiuno de enero del dos mil veintiuno, partiendo de la base que el derecho fundamental de petición únicamente obliga a la autoridad a pronunciarse sobre las solicitudes que le formulen mas no a que se dicten conforme a sus pretensiones y, hecho lo anterior, se la notifique dentro del plazo legal. Por lo tanto, es claro que la respuesta emitida escapa a los efectos de la sentencia amparadora, ya que constituye un nuevo acto que no se analizó en el fallo, por lo que si los argumentos del quejoso pretenden combatir esa cuestión deben desestimarse. Así es, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, la sentencia de amparo sólo obligaba a las autoridades responsables a que dieran respuesta de forma congruente, fundada y motivada a lo solicitado por el quejoso como lo exige el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional. Lo anterior, debido a que el derecho de petición únicamente garantiza que la autoridad otorgue una contestación, sin que exista obligación que la misma sea en un determinado sentido, siempre que sea congruente y que se encuentre debidamente fundada y motivada, como sucede en el caso concreto. Al respecto, existe el siguiente criterio jurisprudencial de la SCJN: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." No sobra decir que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de la necesidad de distinguir entre el derecho de petición -y su respuesta- y el acto administrativo, pues del primero ha dicho que es la vía mediante la cual los ciudadanos informan al gobierno sobre sus problemas y la obligación que éste tiene de responder, por lo menos, que se ha enterado de los mismos, es decir, sólo tiene como objeto el obtener una respuesta a un planteamiento y no propiamente algún resultado específico, en tanto que el segundo, como ya se dijo, consiste en la declaración de voluntad por parte de un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, el cual puede emanar de forma unilateral, o bien derivado de una procedimiento administrativo -entendido como el conjunto de actos que concurren directa o indirectamente en la emisión del acto administrativo-, que emana a instancia del particular. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la siguiente tesis aislada: "DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO. El derecho de petición busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que el recurso administrativo, la nulidad o modificación de un acto de la autoridad a través de su impugnación; es decir, el recurso presupone la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que aquél se limita a solicitar una respuesta determinada. Así, para recurrir una actuación administrativa se requiere de un derecho subjetivo específico; a la vez que el derecho de petición constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad; por tanto, este último no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas." Por lo tanto, en el supuesto de ser desfavorable la respuesta a los intereses del promovente podrá orientar su defensa en la vía recursal o jurisdiccional que legalmente proceda. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con las constancias antes señaladas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, al haber dado contestación al quejoso como se ordenó en la sentencia emitida, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Conclusión. Por todo lo anterior, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo. Con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Por otra parte, no pasa inadvertido para este Juzgado Federal la petición de la parte promovente, en el sentido de que se hagan efectivos los apercibimientos de multa a las autoridades responsables ante la inejecución de la sentencia. No obstante, no es dable acordar de conformidad su petición, toda vez que como se demostró en párrafos precedentes, la autoridad responsable sí dio cabal cumplimiento al fallo protector emitido, procediendo a emitir la respuesta al escrito presentado por el quejoso el veintiuno de enero de dos mil veintiuno y notificándole dicha determinación. Finalmente, en cuanto a la solicitud de la parte quejosa en el sentido de dar vista al Ministerio Público Federal para que exprese lo que a su interés convenga, se le hace de su conocimiento en términos del artículo 5° fracción IV de la Ley de Amparo, al ser parte procesal en el presente asunto está en aptitud de imponerse del contenido de las actuaciones del juicio en que se actúa, a fin de hacer valer lo que estime conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de agosto de dos mil veintidós. Autoridad informa gestiones de cumplimiento. La Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se toma conocimiento de lo informado, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto dado que en proveído de uno de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado al fallo protector. Sin perjuicio de lo anterior, dichas constancias podrán ser tomadas en consideración al momento de calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia emitida. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de agosto de dos mil veintidós. Parte quejosa realiza manifestaciones. El autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, realiza lo siguiente: A. Formula diversas manifestaciones en el sentido de que este Juzgado Federal omitió proveer en tiempo y forma el escrito mediante el cual desahogó la vista concedida en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós. B. Por otro lado, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, por los motivos que expone. En primer lugar, hágase del conocimiento de la parte promovente que el escrito mediante el cual realizó manifestaciones en atención a la vista concedida en auto del diecinueve de julio pasado, con el cumplimiento dado por las autoridades responsables, fue recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal a las ocho horas del tres de agosto de dos mil veintidós. Lo anterior, como se evidencia de la siguiente imagen: Dicho ocurso fue acordado mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, es decir, dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes al de su presentación a que hace alusión el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que se evidencia que este órgano jurisdiccional no incurrió en alguna violación a los derechos del justiciable al proveer en tiempo y forma su petición formulada. Sin perjuicio de lo anterior, dígasele que las manifestaciones formuladas tanto en el escrito recibido el tres de agosto pasado como las vertidas en el ocurso de cuenta, serán analizadas en el momento procesal oportuno, esto es, al calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Finalmente, por cuanto hace a sus solicitudes en el sentido de que se hagan efectivos los apercibimientos a las autoridades responsables ante la inejecución de la ejecutoria emitida y se le de vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, dígasele que una vez que este Juzgado Federal se pronuncie respecto del cumplimiento dado al fallo protector emitido, se proveerá lo que en derecho corresponda respecto de sus peticiones. Notifíquese. .

Quedan 45 actuaciones en este expediente

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