José Rolando Moreno Esquivel

Expediente 1285/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1285/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
25/03/2022

Partes del expediente

  • José Rolando Moreno Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del tres de marzo del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del tres de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1285/2021-VI, promovido por **********, por derecho propio, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Se acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. Acto seguido, se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, se hace consta que no fueron formulados. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1285/2021-VI; y, R E S U L T A N D O: I. El seis de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, la demanda signada por **********, por derecho propio, en que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, y otras autoridades, mismo que fue turnado a este Juzgado el ocho siguiente. II. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, este Órgano Jurisdiccional admitió a trámite la demanda; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues en el caso el acto reclamado tendrá ejecución en el lugar donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: El embargo de las cuentas bancarias del quejoso. TERCERO. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Directores Contenciosos adscritos a la Dirección General Contenciosa, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Ello, sin que el quejoso haya aportado elemento probatorio alguno con el que desvirtuara la negativa de las responsables de mérito, y así estar en posibilidad de acreditar lo contrario, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes justificados rendidos por éstas, por lo que recayó en él la carga de la prueba, para acreditar de alguna manera la existencia de dichos actos. La autoridad responsable SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto; sin embargo, no se presumen ciertos los actos reclamados que se le atribuyen dado que fue señalada con el carácter de autoridad ejecutora, y las señaladas con el carácter de ordenadoras, negaron la existencia de los mismos. Aunado a que el quejoso no demostró que la existencia del aseguramiento de cuentas atribuido a la autoridad en comento. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dichas negativas e inexistencia, debe sobreseerse en el juicio de garantías, por lo que hace a las mencionadas autoridades, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO El apoderado general para pleitos y cobranzas de las Institución Bancaria BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado. Certeza que se corroboran con las constancias que adjuntó a su informe justificado. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente sobre aquel aspecto de acuerdo al artículo 62 de la Ley de la materia. Ahora bien, este juzgador, estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción III del diverso 108 de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. [.]" De los anteriores numerales, se observa que es obligación de la parte quejosa señalar a la autoridad o autoridades responsables, a quienes atribuya el acto reclamado, pues de no hacerlo, el juicio de amparo resulta improcedente, ya que además de ser un requisito de la demanda de amparo, son éstas quienes dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar los actos reclamados, de tal forma que si faltare el señalamiento de éstas, no habría a quien atribuirle el acto combatido y la litis en el juicio no podría fijarse, por lo que resulta necesario llamar a las autoridades responsables a la contiendan para que estén en aptitud de sostener la constitucionalidad de su actuación. Resulta aplicable la tesis XXXI.1.K, Novena Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 2199, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento." Ahora, de los presentes autos se advierte que en proveído del tres de febrero pasado se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, porque del informe justificado rendido por el apoderado general para pleitos y cobranzas de las Institución Bancaria BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se advertía su participación en la emisión de la orden de embargo de la cuenta bancaria del quejoso; requerimiento que no fue desahogado, por lo cual, en auto del dos de marzo de dos mil veintidós se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa y se ordenó seguir con el trámite del juicio únicamente por cuanto hace a las autoridades señaladas en su demanda. Por lo tanto, al ser considerada como autoridad inaudita la que emitió la orden de embargo de la cuenta bancaria del quejoso, que por esta vía reclama, es inconcuso que este juzgador se encuentra impedido para hacer mayor pronunciamiento al respecto, ya que corresponde a la parte quejosa, efectuar la precisión respecto de las autoridades responsables que a su consideración tuvieron participación en la emisión y ejecución de los actos que por esta vía reclama y no al suscrito. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la jurisprudencia XVII.2º.J/1, visible en la página 567, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable". Luego, debe considerarse que si en la demanda de amparo no se señaló a la autoridad que emitió el acto que por esta vía impugna y, en su momento tampoco se realizó pronunciamiento alguno respecto de ésta, no obstante el requerimiento formulado por este juzgador, máxime que conforme a lo previsto por el artículo 108 fracción III de la Ley de Amparo, señalar la autoridad responsable es una obligación que le corresponde a la accionante de garantías, no a este Juzgador, entonces, no es dable suplir la deficiencia de la queja prevista por el artículo 79 del ordenamiento legal en cita, pues ésta no autoriza a cambiar los sujetos de la relación procesal, por lo que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendentes a demostrar la violación de garantías con los actos que por este medio constitucional controvierte. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, enero de 2006, página 2329, Novena Época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados". Orienta también lo anterior, la tesis 3ª.LXXXIII/91, sustentada por la entonces Tercera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, página 45, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PUEDE OPERAR PARA SUBSANAR LA OMISIÓN DE LA PARTE QUEJOSA DE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE TIENE EL CARÁCTER DE RESPONSABLE. El señalamiento de las autoridades responsables es una obligación que pesa sobre la parte quejosa y no en el juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de manera que la falta del llamado a juicio de una autoridad deriva de la omisión de señalarla como responsable, no puede llevar a establecer que se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías, ni puede operar la suplencia de la queja para subsanar la omisión, en tanto que la figura de referencia, prevista por el artículo 76 bis de la citada ley, se da en relación con los conceptos de violación o de los agravios hechos valer en el recurso correspondiente, lo que permite perfeccionarlos, aclararlos o completarlos". En ese contexto, dado que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad del acto emitido por el Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, pues no se llamó a juicio ni fue oído, con motivo de que el quejoso no desahogó el requerimiento que se le formuló, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer este juicio de garantías, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el diverso 61 fracción XXIII, en relación con el 108 fracción III, del propio ordenamiento legal. Cobra aplicación la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113, del Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Por ende, al resultar improcedente la acción de garantías y ante el sobreseimiento decretado, este juzgador se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 1027, visible en la página 707 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Precisado lo anterior, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido al quejoso ****************, en proveído del tres de febrero pasado, para que manifestara si señalaba como autoridad responsable al Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado; por tanto, continúese el presente sumario constitucional en los términos inicialmente planteados. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, y toda vez que del contenido del informe justificado rendido por el Director Contencioso y la Directora Contenciosa, ambos adscritos a la Dirección General Contenciosa, en representación de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se advierte la posible participación de diversa autoridad a las señaladas, con fundamento en la fracción II, del artículo 111 de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso **********, para que en el término de quince días legalmente computados, manifieste si señala como autoridad responsable al Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, y de ser así, el acto que le atribuye, además deberá adjuntar una copia de su escrito inicial de demanda, para su emplazamiento, apercibido que de no cumplir con lo anterior, se continuará con la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, en los términos inicialmente planteados. Resultan aplicables a lo anterior las Tesis VIII.2o.29 K, visible a página 1156, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SI DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE CLARAMENTE QUE FUE OTRA AUTORIDAD DIVERSA A LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LA QUE EMITIÓ EL ACTO RECLAMADO, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE AMPLIAR LA DEMANDA. Si con motivo de los informes justificados, relacionados con la demanda de garantías o algún otro documento, se llega al conocimiento de que el acto reclamado proviene de una autoridad distinta a la señalada como responsable por el quejoso en su demanda de garantías, el Juez Federal debe prevenirlo con el apercibimiento respectivo, a fin de que manifieste si es su voluntad ampliar la demanda y señalar como responsable a la autoridad que realmente emitió el acto. Lo anterior, con el propósito de lograr una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues es la armonización de la información con la que se cuenta, lo que determina la realidad y precisión de los actos reclamados y las autoridades responsables y, asimismo, lo que lleva a una correcta resolución de los asuntos; además, considerando los criterios que han sido reiterados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la demanda de garantías constituye un todo y debe interpretarse en su integridad a fin de encontrar los elementos que la conforman, y que el Juez es un perito en derecho, quien puede interpretar una redacción irregular, es que debe prevenirse al quejoso en los términos señalados, ya que de omitir esa prevención, el a quo incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición". Así como la diversa tesis VIII.1o.19 K, consultable a página 1106, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Octubre de 1998, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO, SI DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE SU PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con vista en el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados han sustentado en el sentido de que la demanda de garantías constituye un todo y debe interpretarse en su integridad a fin de encontrar los elementos que la conforman, y de que el juzgador es un perito en derecho con capacidad para interpretar una redacción oscura e irregular y determinar si el autor por error incurre en omisiones e imprecisiones por desconocimiento de la técnica de amparo, sin que esto signifique suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intenta el gobernado, sino sólo en armonizar la información con la que cuenta, tomando también como elemento referencial para determinar la realidad y precisión de los actos reclamados y la designación de las autoridades responsables, los anexos de la demanda y los propios informes justificados que las autoridades rindan; se estima que si el Juez de Distrito, con motivo de los informes justificados o de alguna otra prueba advierte que el acto proviene de una autoridad distinta de las señaladas como responsables o que aparezcan otros actos diversos de los indicados como reclamados que expresamente se hayan omitido en la demanda, deberá ordenar que el contenido de los informes o de esas pruebas se haga del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal y, prevenirlo para que aclare si señala o no como reclamado, a esos nuevos actos o se tenga como responsable a la nueva autoridad de la que no tenía conocimiento el quejoso, por tratarse de un tercero ajeno al procedimiento o no siéndolo inadvertidamente pasó por alto, y así, estar en posibilidad de dictar una sentencia justa y apegada a la realidad, evitando que la distracción o confusión de aquél sea la base para generar un obstáculo que pueda llegar a ser una trampa procesal que impida al Juez resolver el fondo de la cuestión planteada. Por lo tanto, si en el caso la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta, pero de los informes justificados se desprende que quien emitió el acto fue el presidente de ésta, el Juez de Distrito debió prevenir a la parte quejosa a efecto de que aclarara si señalaba o no como responsable al titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje y, al no hacerlo así, el a quo incurrió en una violación a las normas que regulan el procedimiento y debe ordenarse reponerlo para los efectos precisados". Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del tres de marzo de dos mil veintidós. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las autoridades responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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