José Rolando Alvarez Juárez
Expediente 2201/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2201/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/12/2016
Partes del expediente
- José Rolando Alvarez Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, que a partir del uno de diciembre del presente año, funge como nuevo titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el licenciado José Antonio Lozano Batarse, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio número SEADS/1327/2016, suscrito por el secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por otra parte, visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se declara que ha causado estado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, considerando que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal, el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, Titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria que autoriza y da fe Laura Elena Romero Luna, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito del autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone RECURSO DE REVISIÓN contra la sentencia dictada en el presente asunto; con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo vigente, distribúyase entre las partes copia del escrito de referencia. Oportunamente, remítanse los presentes autos y el escrito original de agravios con copia del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos de la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado de la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del auto de tres de noviembre del año en curso, dictado en el expediente J/O/****/2011, de su índice, promovido por **** contra el ***. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de realizar el requerimiento de pago y embargo en el expediente J/O/***/2011 (foja 14). En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable 1. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, omisión de realizar el requerimiento de pago y embargo en el expediente J/O/454/2011. Al rendir informe justificado la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de tres de noviembre del año en curso, dictado en el expediente laboral J/O/***/2011, donde dicta auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma que toma para que se requiera a la parte demandada, ***, el pago a ***, de la cantidad de $57,125.00 (cincuenta y siete mil ciento veinticinco pesos 00/100 M. N), que comprende lo condenado en la parte considerativa del laudo dictado el once de abril de dos mil catorce, en el juicio de origen, y en caso de no verificarse el pago de la cantidad que es objeto de requerimiento, se embarguen bienes de la propiedad de la demandada que basten a garantizar su importe. Lo expuesto permite evidenciar que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo emitió el auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión de realizar el requerimiento de pago y embargo en el expediente J/O/***/2011, lo que en el caso se subsana con el proveído dictado por la autoridad. De ese modo, se concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma en el juicio laboral J/O/***2011, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. . Cabe señalar, que queda a cargo de la parte quejosa dar el impuso respectivo al procedimiento de ejecución forzosa de laudo, por lo que podrá acudir ante la responsable para que, en compañía del actuario adscrito a la junta, se constituyan al domicilio de la condenada y se ejecute el laudo de once de abril de dos mil catorce. Apoya lo expuesto, en lo conducente, el criterio siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. . Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dieciocho minutos del veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas ocho de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 19372 (foja 210), la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "[.] La Resolución Incidental de fecha 2 de julio de 2015, en donde declara PROCEDENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD promovido por (.) en su carácter de apoderado legal del actor C. ISIDRO PÉREZ ÁVALOS. [.]" Ahora bien, mediante resolución de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, la cual causó ejecutoria el cuatro de agosto siguiente, con la determinación emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, en esta ciudad, en sesión celebrada el siete de julio de la presente anualidad, en la que confirmó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] que la Junta responsable declare insubsistente la resolución reclamada, y emita otra en la que dejando intocado lo que no es materia de esta protección, declare infundado el incidente de nulidad de notificaciones de que se trata. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 19372 (foja 210), la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada de la resolución de diecisiete de octubre del presente año (fojas 211 a 214), emitida dentro del expediente 343/2003 acumulado al 344/2003 de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante resolución de diecisiete de octubre del presente año (fojas 211 a 214), emitida dentro del expediente 343/2003 acumulado al 344/2003 de su índice, dejó insubsistente la resolución incidental de dos de julio de dos mil quince; asimismo, emitió una nueva determinación en la que reiteró lo que no fue materia de protección y declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado por el apoderado legal de la parte actora. De ahí que al haber dejado sin efecto la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la resolución materia del acto reclamado, y emitido una nueva en la que declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones respectivo, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. CONTESTACIÓN A LAS MANIFESTACIÓN VERTIDAS POR LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE ESCRITO CON NÚMERO DE FOLIO 20679 Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ., apoderado y representante legal de *****, quejoso en el presente juicio, con el cual realiza diversa manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo que adujo haber dado la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, sin que sea procedente realizar mayor pronunciamiento al respecto, tomando en consideración que se conforma con la resolución emitida por la responsable, y con dicha determinación se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente.
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