José Rogelio Saldaña Ramos
Expediente 2050/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2050/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/12/2019
Partes del expediente
- José Rogelio Saldaña Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable Registrador Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula Puebla, no ha remitido la copia certificada de las constancias con las que se advierta que dejo sin efectos la inscripción de folios reales electrónicos números ... en consecuencia, se provee: REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Requiérase al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que en el término tres días remita copia certificada de las constancias con las que se advierta que dejó sin efectos la inscripción de folios reales electrónicos ... únicamente por cuanto hace al cincuenta por ciento de los derechos que le corresponden a la quejosa ... lo anterior a fin de proveer sobre el cumplimiento al fallo protector. En el entendido de que subsiste el apercibimiento previamente decretado en autos.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JOSÉ ROGELIO SALDAÑA RAMOS, EL ACUERDO DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: "Agréguese el escrito de cuenta, y en atención a su contenido, se tiene a la parte quejosa desahogando el requerimiento formulado mediante proveído de dos de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla y otras, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA: En el caso, del escrito aclaratorio de demanda que presentó el quejoso el diez de diciembre del año en curso en este juzgado, se advierte que esencialmente reclama de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla y Administración de Recaudación perteneciente al Departamento Técnico de Ejecución dependiente de la Subdirección de Cobro Persuasivo y Coactivo de la Dirección de Recaudación adscrita a la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistemático Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, los mandamientos de ejecución de nueve de octubre del año en curso, respecto de los créditos fiscales **** y ****, así como el embargo correspondiente A lo anterior, se estima que opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, Constitucional, así como con los diversos numerales 5, fracción I, párrafos primero y segundo, y 6º, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Concomitantemente con lo anterior, el artículo 107, fracción I, Constitucional establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determinen la Ley Reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". Así mismo, el arábigo 5º, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Ley de la materia, señala: "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo". Por último, el numeral 6º de la Ley de Amparo en cita, previene: "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita". De la correlación de dichos numerales, se obtiene que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservado únicamente para quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, de donde se infiere que la noción de perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación. Al caso, es importante señalar que al referirse el precepto constitucional citado a la afectación de un derecho, debe entenderse que hace alusión a un derecho subjetivo del que debe ser titular el quejoso, lo cual confirma la idea de que en materia de actos de autoridad es indispensable que el promovente del juicio constitucional cuente con la titularidad de un derecho subjetivo, esto es, interés jurídico. Y así, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para justificar la procedencia del juicio de amparo, el cual además debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. En el caso concreto el quejoso señala como actos de molestia el mandamiento de ejecución de los créditos fiscales **** y ****, así como el embargo correspondiente, en su escrito inicial de demanda, en específico del capítulo de conceptos de violación, manifiesta que en dichos mandamientos se requiere de pago a ****, esto es persona diversa al impetrante de amparo, por lo cual, se estima que se actualiza la causal de improcedencia antes citada, pues la parte quejosa no acredita que tales actos afecten de manera personal y directa su esfera jurídica. En efecto, se afirma lo anterior en razón de que para efectos del juicio de amparo, como se precisó con antelación, el interés jurídico como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad de modo tal que vulnere su esfera jurídica, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Ahora, del mandamiento de ejecución de nueve de octubre del año en curso, que exhibió el quejoso con su escrito de demanda, se advierte que se encuentra dirigido a ****, persona distinta al quejoso. De igual forma, de dichas documentales se advierte que no se llevó a cabo ningún embargo en las citadas diligencias dirigidas a ****. Lo anterior, se corrobora con la manifestación bajo protesta de decir verdad del quejoso que se advierte de la demanda, pues al respecto expuso: ".ya que en la fecha de la diligencia ya referida, el referido actuario pretendió sustraer bienes muebles para garantizar el adeudo de los referidos créditos, insistencia aún pesar de que en el momento debido demostré documentación que me acreditaba como propietario del inmueble.así como de los muebles que adentro se encuentran y que yo no tengo relación alguna o participación con los créditos que hoy me pretenden cobrar.". De ahí que como se dijo con las manifestaciones del quejoso y las documentales que anexó a su demanda, queda evidenciado que el cobro de los créditos fiscales que menciona no son dirigido hacía él y tampoco el embargo que en su caso se lleve a cabo, sino a ****, tan es así, que como se indicó en las citadas diligencias se asentó que no existían bienes susceptibles de embargo. Por tanto, atendiendo a que el juicio de amparo sólo puede promoverse si existe un agravio personal y directo hacía la parte quejosa, es innegable que el acto reclamado no le depara perjuicio alguno al quejoso, es decir, los efectos del acto reclamado no le causan ninguna afectación real y directa en su esfera jurídica de derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 856 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 584, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los Tribunales Federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido."
- Principal
V i s t a la razón de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de garantías. DECLARACION DE EJECUTORIA. Ha causado ejecutoria la sentencia en que se sobreseyó el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvanse las copias certificadas del juicio de terminación de contrato de arrendamiento 74/2019 que el Juez Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y Especializado en Extinción de Dominio remitió como apoyo a su informe justificado, los cuales obran en dos cuadernos auxiliares. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción II del citado Acuerdo General.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ ROGELIO SALDAÑA RAMOS EL AUTO DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Agréguese el escrito con anexo y las copias de cuenta, signado por la parte quejosa, por el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 8 a 10); sin embargo, el quejoso no acompaña el número de copias necesarias para correr traslado a las partes, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo, toda vez que soló anexo cuatro juegos sin anexo del mismo, siendo que de su escrito se advierte que existen un total de tres autoridades, lo que da un total de seis juegos de copias: una para la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, dos para el incidente de suspensión y tres para las autoridades señaladas como responsables. En razón de lo anterior, dígase al promovente que no ha lugar a tener por contestada la prevención, por lo que continúa transcurriendo el término concedido en el auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, así como, los apercibimientos decretados en el mismo.
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