Jose Rodriguez Garcia
Expediente 624/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Rodriguez Garcia
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del auto de doce de julio de dos mil diecinueve (f. 10-14), que desechó la demanda promovida por ***, por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del cuerpo de leyes citado en último término se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa por este conducto se procede a notificar el proveído de doce de julio actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho; contra actos de la autoridad que describe como Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Querétaro y otra autoridad; que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 624/2019-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la demanda de amparo, se desprende que el solicitante del amparo señaló como autoridades responsables a las que denominó como Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Querétaro (en su carácter de ordenadora), así como Juez Único Menor Mixto de Villagrán, Guanajuato (en su carácter de ejecutora); autoridades a las que reclamó los actos que describió de la siguiente manera: IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: A).- De la AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA se reclama: 1.- La ilegal orden de ejecución forzosa del cambio de depositaría en contravención a lo preceptuado por el artículo 467 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone que previo a llevar a cabo el cambio de depositaría de los bienes embargados se prevendrá al depositario para que lo realice dentro del término de 3 días, y que en el caso que no ocupa, nunca se ha notificado a esta parte tal acto respecto a un bien mueble de mi propiedad que fuera embargado dentro del citado juicio ejecutivo mercantil 308/2010, del JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. B.- De la AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA se reclama: La ejecución forzosa y/o cambio de depositaría respecto de un bien mueble de mi propiedad siendo este UNA COMBINADA AGRÍCOLA NUEVA MARCA JOHN DEERE MODELO 9650 ST S MAICERA, MOTOR 6081H DE 275HP TURBOCARGADO DE 6 CIL, CABINA CON AIRA (sic) ACONDICIONADO, SERIE DE MOTOR ***, tal propiedad la acredito con la factura número 0023, expedida por JOHN DEERE CREDIT MÉXICO S.A. DE C.V. SOFOM, a favor de mi persona. Ahora, como antecedentes de los actos reclamados, de la demanda de cuenta, se desprende, en lo que aquí interesa, que ante el Juzgado Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Querétaro, se tramita el juicio ejecutivo mercantil 308/2010, promovido por ***. En el referido juicio, el dos de marzo de dos mil dieciocho, se verificó diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes en contra de la parte demandada; diligencia en la que se practicó el embargo del bien mueble descrito como una combinada agrícola nueva marca John Deere modelo 9650 STS maicera, motor *** de 275HP turbocargado de 6 cilindros, cabina con aire acondicionado, serie de motor ***; mueble embargado respecto del cual, se designó como depositario a ***. En ese orden, en el juicio de origen el Juez responsable de la ciudad de Querétaro, emitió orden forzosa de cambio de depositaría; orden cuya ejecución se encomendó al Juez Menor Mixto de Villagrán, Guanajuato. Asimismo, refiere el quejoso que es completamente ajeno al juicio principal y como se anticipó, el bien mueble embargado se encuentra en depósito de ***, siendo que la propiedad del referido bien mueble pertenece al aquí quejoso. Lo anotado permite establecer que el quejoso reclama la orden de cambio de depositario del bien mueble embargado en el juicio de origen, y su ejecución; más no la propiedad del referido bien mueble, el cual asegura es de su propiedad. Bajo este escenario, se considera que respecto de los actos reclamados, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo; toda vez que ni ahora, y ni aún substanciado el procedimiento, la parte quejosa acreditará el interés jurídico para acudir a solicitar la protección constitucional. Lo anterior por las consideraciones que se exponen enseguida. El artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." (Lo destacado es nuestro). Por su parte, el diverso numeral 6°, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales establece: Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Sobre el tema, debe precisarse que por interés jurídico se entiende el derecho que asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo un acto que es violatorio de garantías individuales que afecte sus derechos sustantivos protegidos por las normas legales. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante los Tribunales Federales, a través del juicio de amparo. Al respecto son aplicables las Tesis de Jurisprudencia siguientes: Octava Época Registro: 394808 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 852 Página: 581 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. Octava Época Registro: 394810 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 854 Página: 582 INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Por ello, en el amparo promovido contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, o en un procedimiento seguido en forma de juicio que afecten a personas extrañas a él, debe cumplirse con el requisito fundamental consistente en la afectación del interés jurídico de la parte quejosa que le cause el acto reclamado; entendida esa afectación como aquella que vulnera los derechos sustantivos de que la parte solicitante del amparo es titular; no por una determinación aislada, sino acorde a la interpretación relacionada con los artículos 107 fracciones I, III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6° y 107 fracción VI de la Ley de Amparo; disposiciones que permiten determinar que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, necesariamente, es la demostración plena del interés jurídico que en suma, no es otra cosa que la titularidad del derecho afectado por la autoridad, que corresponda al promovente del amparo. En el caso, se tiene que el quejoso refiere que no es parte material en el juicio ejecutivo mercantil de origen, y de igual forma, menciona que es diversa persona quien tiene la depositaría del bien mueble respecto del que se ordenó el cambio de depositario; y como ya se ha dicho, el referido quejoso reclama la orden de cambio de depositario del bien mueble embargado y su ejecución; no la propiedad o posesión del aludido mueble, no obstante que asegura, es de su propiedad; lo que indefectiblemente conduce a establecer que ni ahora y ni aún sustanciado el procedimiento del juicio de amparo, el promovente lograría acreditar la titularidad del derecho que se dice afectado por la autoridad en torno con el cambio de depositario y su ejecución; lo que se traduce a su vez que no lograría acreditar su interés jurídico para acudir a solicitar la protección Constitucional de un acto reclamado respecto del que no acredita tener la titularidad del derecho afectado. Por todo ello, se considera que el acto reclamado consistente en la orden de cambio de depositario del bien mueble embargado en el juicio de origen y su ejecución, no afecta ni transgrede la esfera jurídica del solicitante del amparo. En ese sentido, sólo resta mencionar que el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo debe probarse fehacientemente y no inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones. Son aplicables al caso, las Tesis siguientes: Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Novena Época Registro: 198284 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Julio de 1997 Materia(s): Común Tesis: III.1o.A.25 K Página: 401 INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso no acreditó su interés jurídico, y aún y cuando se tramitara el juicio de amparo intentado no lograría tal cometido para acudir a solicitar la protección Constitucional; se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. Ahora, no pasa desapercibido que la razón esencial por la cual los Tribunales Judiciales de la Federación han considerado que no debe desecharse una demanda por no acreditarse el interés jurídico, al momento de su presentación, es precisamente porque la parte promovente cuenta con el lapso comprendido entre la admisión de demanda y la celebración de la audiencia constitucional para acreditar su interés jurídico; sin embargo, en el caso, ni ahora ni aun substanciando el juicio de amparo, podrá acreditar ese interés jurídico; esto es, el sentido de la determinación de desechamiento decretado no variaría ni aun cuando se substanciara el juicio de amparo por todas sus etapas; por lo que se actualiza un caso de excepción a las diversas interpretaciones de los Tribunales de la Federación y por ende, no existe inconveniente legal para desechar la demanda promovida. Apoya esto último, la Tesis de rubro y texto que dice: Época: Novena Época Registro: 175133 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Mayo de 2006 Materia(s): Civil Tesis: VIII.1o.47 C Página: 1714 CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO SI SU CAUSANTE NO DEMOSTRÓ EN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS TENER CELEBRADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y, POR TANTO, AQUÉL NO PUEDE TRANSMITIR UN MEJOR DERECHO. El causahabiente de un tercero extraño a juicio no tiene mejor derecho que el de su causante y, por lo mismo, si este último no acredita la afectación a su interés jurídico en el juicio de amparo que promovió con el carácter de arrendatario de un inmueble, entonces dicho causante no puede transmitir un mejor derecho a quien dice ser su subarrendatario, puesto que habiendo manifestado el quejoso que su causante le subarrendó el inmueble, sin que aquél hubiera demostrado tener celebrado contrato de arrendamiento alguno resulta, que ningún derecho puede transmitirse y, por ello, el causante no pudo haber cedido derecho de subarriendo alguno al causahabiente; de ahí que, como la calidad de causahabiente no puede variar durante la tramitación del juicio de garantías por él promovido, y su situación jurídica tampoco puede mejorarse, y siendo el examen de las causales de improcedencia una cuestión de orden público, nada justifica el que se tenga que tramitar el juicio de garantías y esperar al dictado de la sentencia para decidir la falta de interés jurídico del quejoso y declarar la improcedencia al juicio, sino que dicha decisión puede hacerse, desde luego, en el dictado del primer auto, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo. En otro orden, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados en amplios términos a los licenciados ***, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de abogado; y únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de autos al estudiante de derecho ***, por no acreditar dicho requisito; y como domicilio para tal fin el ubicado en *** Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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