José Rodrigo Guillermo Gimeno De la Vega
Expediente 576/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Rodrigo Guillermo Gimeno De la Vega
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el sobreseimiento fuera de audiencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respetivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio y carece de relevancia documental el presente expediente.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de junio de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio del Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual en cumplimiento al proveído de seis de los actuales (foja 44) remite copia certificada de la constancia que le fue requerida (notificación del auto de cuatro del mes y año en curso). Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de dar trámite en el expediente SAT901/2013, en específico, proveer la promoción presentada el día treinta de enero de dos mil diecinueve. En ese sentido, con las constancias que remitió la responsable, las que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, merecen eficacia probatoria plena, se advierte que el cuatro de junio de dos mil diecinueve, la responsable emitió acuerdo en el que proveyó respecto de la promoción presentada por el quejoso el día treinta de enero de dos mil diecinueve, notificado por boletín laboral el cinco de ese mes y año (foja 47), en donde le reitera la negativa de proveer favorablemente su petición en virtud de lo acordado en diversa fecha (diez de enero de la anualidad). Con lo anterior se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, si el acto que tilda inconstitucional la parte quejosa es la omisión de la autoridad responsable de dar trámite en el expediente SAT901/2013, en específico, de proveer respecto a la promoción presentada por el quejoso el día treinta de enero del dos mil diecinueve, como la responsable emitió el cuatro de junio de los corrientes, acuerdo donde proveyó respecto de éste, notificado por boletín laboral el cinco de ese mes y año (foja 47), resulta evidente que los efectos de la transgresión cesaron en esa última fecha. En ese sentido, la notificación del acuerdo que atendió su promoción, restableció su esfera jurídica de modo tal que dicha situación, produjo el resultado que se hubiera causado si se hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. De lo que se sigue que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO..." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA..." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Finalmente, agréguese el escrito del apoderado de la parte quejosa, en atención a sus manifestaciones que vierte en forma de alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por expuestos los mismos y ante los cuales deberá de estarse a lo acordado en líneas precedentes.
- Principal
Agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continúo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas, las documentales que adjunta al oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que en esta fecha se da vista a las partes con el informe de cuenta, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy; y, en su lugar se señalan las diez horas con treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Ahora bien, de las constancias recibidas se advierte que no obra la respuesta que recayó a la petición del quejoso de fecha treinta de enero de la anualidad. En ese contexto, requiérase a la autoridad oficiante a efecto que en el término de veinticuatro horas, legalmente contadas, remita copia certificada del auto que recayó a dicha petición. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo.
- Principal
"...REGISTRO. Vista la demanda promovida por...con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 576/2019-IVB. ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, la omisión en el cumplimiento del laudo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, relativo al juicio laboral SAT901/2013; es decir, la abstención del cumplimiento al pago de lo que resultó del citado laudo por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. DESECHAMIENTO. Lo anterior, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En relación con los actos que atribuye al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1 fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad, responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para determinar a quiénes se debe considerar como autoridades para efectos del juicio de amparo, el último de los preceptos invocados señala que se atribuye ese carácter a la autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, a la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El elemento que define en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad es su naturaleza, en tanto afecte la situación jurídica de un particular además de que sea realizado con motivo de relaciones de supra a subordinación, que son las que se dan entre gobernantes y gobernados, en donde los primeros desempeñan frente a los segundos, actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad (su existencia depende solo de la autoridad), imperatividad (se impone aun contra la voluntad del gobernado) y, coercitividad (no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública). De igual manera, existen las relaciones de coordinación, en las cuales, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para dirimir las controversias que se suscitan entre ellas y ambas partes estarán en el mismo nivel. Entonces, para determinar si las autoridades señaladas como responsables, son autoridades para efectos del juicio de amparo, deberá examinarse, en principio, el tipo de relación jurídica establecida a fin de determinar si ésta se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y que el ente al que se atribuye el acto reclamado actúe en un plano superior. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Lo anterior, se desprende de la tesis 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Precisado lo anterior, en el caso, el presente asunto deriva del juicio laboral, en el que el quejoso es parte actora, y cuyo reclamo en la presente instancia constitucional estriba esencialmente en la omisión del incumplimiento al pago del laudo de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por parte de autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En ese tenor, el acto que el quejoso reclama de la autoridad Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, no constituye un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo; en virtud que dicha autoridad, a quien la parte quejosa atribuye el acto reclamado, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos de la presente instancia constitucional, porque fue parte demandada en el juicio natural y pese a que por su naturaleza puede atribuírsele el carácter de autoridad, en el caso, no encuadra en la hipótesis prevista en la ley para considerarla como responsable en el juicio de amparo. Lo anterior es así, teniendo en cuenta que en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, la autoridad de que se trata, no actúa con el carácter de autoridad, sino que se asemeja a un particular (patrón), en contra del cual se dictó el laudo que se debe cumplir obligatoriamente, para lo cual la Ley del Trabajo de los Servidos Públicos del Estado, y Municipios, prevé el procedimiento de ejecución forzosa, facultando al tribunal correspondiente, para que instado por la parte ejecutante, dicte las determinaciones necesarias para lograr el cumplimiento del laudo. En virtud de lo expuesto, se colige que la omisión reclamada en esta vía no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, ya que se atribuye a la autoridad demandada que, en su calidad de patrón, figuró en el juicio laboral como parte y actuó durante la tramitación del juicio laboral, incluso, en la etapa de ejecución, en un plano de igualdad y bilateralidad con la parte actora, aquí quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII Tomo 3, Agosto de 2013, Décima Época, con el rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO BUROCRÁTICO. LA OMISIÓN DE CUMPLIR UN LAUDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIÓ COMO PATRÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La autoridad que en el juicio laboral en el que figuró como parte, en todo momento actúa en una relación jurídica de coordinación con el actor, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues cuando el Estado, en su calidad de patrón, se niega a acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio correspondiente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado confiere al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 227, de rubro: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.", por lo que dicha omisión no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo". En consecuencia, procede desechar la demanda respecto a los actos reclamados al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. ADMISIÓN Vista la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase únicamente por lo que respecta a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, respecto a la omisión de dictar las medidas necesarias para la ejecución pronta y expedita del laudo. INCIDENTE No se tramita el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Para lo cual se le remite copia de la demanda. Asimismo, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Para tal efecto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 251 y 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, respectivamente. La información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1232); o al correo (segunda. seccion.tramite@correo.cjf.gob.mx); confirmando en la extensión 1242. Por otro lado, se hace del conocimiento a la autoridad responsable, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificaran por lista, y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." TERCERO INTERESADO No procede llamar a juicio al tercero interesado, pues conforme al artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, no le recae tal carácter, al ser el acto reclamado la dilación procesal. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa la documental que anexa a su escrito de demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Respecto al correo electrónico, así como el número telefónico, que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que estos medios no están previstos en la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO En el entendido que si las autoridades responsables señaladas en la demanda resultan inexistentes o imprecisas, este Juzgado Federal declarará su inexistencia y suspenderá toda comunicación con ellas, sin necesidad de previa vista a las partes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las demás partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."
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