José Rodrigo Arturo Lozano Taboada
Expediente 280/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 48 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- José Rodrigo Arturo Lozano Taboada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveídos de quince de agosto y veintiuno de septiembre pasado, se requirió a las autoridades responsables Presidente y Director de Seguridad Pública, ambos del Municipio de Singuilucan, Hidalgo, así como al Ayuntamiento y Presidente del Municipio de Singuilucan, Hidalgo, en su carácter de superiores jerárquicos, a efecto de que, respectivamente, dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo acreditaran haber dado la orden de cumplir con tal requerimiento; sin que al momento hayan remitido los informes requeridos, no obstante de estar notificadas de dichos proveídos. En esas condiciones, cabe precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en la que se concedió el amparo y se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días; asimismo, como lo prevé el diverso 194 de la misma ley, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última, cumplir con el fallo protector. Además, la Ley de Amparo prevé un sistema de sanciones que pueden ser impuestas a fin de que se logre el eficaz cumplimiento. En primer lugar, la imposición de una multa; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, al tratarse de un juicio de amparo indirecto, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo y la consignación ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Es preciso recalcar que dichas sanciones y responsabilidades son aplicables tanto a las autoridades responsables, como a aquellas que tengan el carácter de superiores jerárquicos y a las que sean vinculadas al cumplimiento; lo anterior, conforme a los preceptos 192, 194 y 197 de la legislación antes invocada. Así, si dichas autoridades cumplen la sentencia de amparo inmediatamente después de su imposición, ello no dará lugar a que se continúe el procedimiento de ejecución y la eventual separación del cargo y consignación ante el juez penal; sin embargo, si no cumplen con la sentencia de amparo aún después de habérsele impuesto la multa, ello sí implicará que se continúe con el procedimiento que podrá concluir con la separación del cargo y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, cuyo contenido es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Se requiere cumplimiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión al Presidente y Director de Seguridad Pública, ambos del Municipio de Singuilucan, Hidalgo, a efecto de que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que deberán de comunicar a este juzgado federal, en el término de cinco días, en el entendido de que a dicho informe deberán acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con los artículos 237 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Turno de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del segundo párrafo del artículo 192 invocado. Requerimiento a los superiores jerárquicos. En el entendido que para los efectos del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, los superiores jerárquicos de las autoridades responsables son el Ayuntamiento y Presidente del Municipio de Singuilucan, Hidalgo, de conformidad con los artículos 29 y 60, fracción I, inciso l), de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; por lo tanto, se requiere a las citadas autoridades para que, dentro del mismo plazo, acrediten haber dado la orden de cumplir con el requerimiento contenido en este proveído, como parte de los efectos de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 3/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 160, Novena Época, del tenor siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable renuente a acatar la ejecutoria constitucional es un presidente municipal, debe tenerse en cuenta que éste, conforme al artículo 115 constitucional, se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento respectivo, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas. Por ello debe inferirse que para efectos de un juicio de amparo donde se reclamen actos de dicho servidor público, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye el superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el citado artículo 105, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo protector. Consecuentemente, si no se ha producido el requerimiento al Ayuntamiento, como superior inmediato del presidente municipal, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento en comento, resulta improcedente el incidente de inejecución relativo y debe ordenarse la reposición de aquél." Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dieron la orden, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de la omisión sancionada, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de las responsables. Por otra parte, se advierte que en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se vinculó al procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, al Director de Recursos Humanos y Tesorero del Municipio de Singuilucan, Hidalgo; en tales condiciones, se les requiere para, dentro del plazo de cinco días, informen todos los actos que llevaron a cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro de la esfera de facultades que la ley les otorga, en el entendido de que a dicho informe deberán acompañar las constancias respectivas. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con los artículos 237 y 258 de la Ley de Amparo; Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Turno de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del segundo párrafo del artículo 192 invocado. Entrega de oficios. En razón de lo anterior, y a fin de evitar mayores dilaciones procesales en el presente juicio, se faculta al actuario adscrito a este juzgado, que entregue los oficios que deriven del presente acuerdo. En ese contexto, como el actuario adscrito, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede, debe trasladarse en las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal de Singuilucan, Hidalgo, esto es, fuera de la residencia de este Juzgado Federal, envíese al correo abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx el aviso respectivo para los efectos legales procedentes. Lo anterior, de conformidad con los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 89 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Responsabilidades Administrativas, situación Patrimonial, y rendición de cuentas; así como los abandonos de residencia que regula el artículo 159 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicatura y el artículo 251 del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Solicita se decrete la inejecución de sentencia. Finalmente, visto el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa Jorge Alberto Camacho Velázquez, solicitando se proceda a iniciar el trámite de inejecución de sentencia; sin embargo, una vez que trascurran los plazos otorgados a las autoridades precisadas en párrafos anteriores, se proveerá lo correspondiente..M-5
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Se gira oficio recordatorio. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de quince de agosto pasado, se requirió al Presidente y Director de Seguridad Pública, ambos del Municipio de Singuilucan, Hidalgo, a efecto de que dieran cumplimiento a lo determinado en la resolución interlocutoria de doce de julio de dos mil veintitrés, lo que debían comunicar a este juzgado federal, en el término de diez días siguientes en que fueran notificados del presente auto, en el entendido de que a dicho informe debían acompañar las constancias respectivas. Asimismo, se requirió al Ayuntamiento y Presidente del Municipio de Singuilucan, Hidalgo, en su carácter de superiores jerárquicos de las autoridades responsables son el Ayuntamiento y Presidente del Municipio de Singuilucan, Hidalgo, para que, dentro del mismo plazo, acreditaran haber dado la orden de cumplir con el requerimiento contenido en este proveído, como parte de los efectos de la ejecutoria de amparo; sin que al momento hayan remitido los informes requeridos. En esa virtud, gírese oficio recordatorio a través del servicio de mensajería Estafeta al Presidente y Director de Seguridad Pública, así como al Ayuntamiento y Presidente Municipal, todos de Singuilucan, Hidalgo, en su carácter de superiores jerárquicos, para que dentro del término de diez días den cumplimiento a lo señalado en los párrafos que anteceden, en el entendido de que a dichos informes deberán acompañar las constancias respectivas; además, se hace de su conocimiento que continúa vigente el apercibimiento decretado en auto de quince de agosto de dos mil veintitrés. 5
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la resolución incidental dictada el doce de julio pasado, no fue recurrida dentro del término de cinco días previsto por el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Se requiere cumplimiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Presidente y Director de Seguridad Pública, ambos del Municipio de Singuilucan, Hidalgo, a efecto de que den cumplimiento a lo determinado en la resolución interlocutoria de doce de julio de dos mil veintitrés, lo que deberán de comunicar a este juzgado federal, en el término de diez días siguientes en que sean notificados del presente auto, en el entendido de que a dicho informe deberán acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con los artículos 237 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Turno de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del segundo párrafo del artículo 192 invocado. Es preciso recalcar que dichas sanciones y responsabilidades son aplicables tanto a las autoridades responsables como a aquellas que sean vinculadas al cumplimiento; lo anterior, conforme a los preceptos 192, 194 y 197 de la legislación antes invocada. Requerimiento a los superiores jerárquicos. En el entendido que para los efectos del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, los superiores jerárquicos de las autoridades responsables son el Ayuntamiento y Presidente del Municipio de Singuilucan, Hidalgo, de conformidad con los artículos 29 y 60, fracción I, inciso l), de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; por lo tanto, se requiere a las citadas autoridades para que, dentro del mismo plazo, acrediten haber dado la orden de cumplir con el requerimiento contenido en este proveído, como parte de los efectos de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 3/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 160, Novena Época, del tenor siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable renuente a acatar la ejecutoria constitucional es un presidente municipal, debe tenerse en cuenta que éste, conforme al artículo 115 constitucional, se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento respectivo, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas. Por ello debe inferirse que para efectos de un juicio de amparo donde se reclamen actos de dicho servidor público, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye el superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el citado artículo 105, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo protector. Consecuentemente, si no se ha producido el requerimiento al Ayuntamiento, como superior inmediato del presidente municipal, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento en comento, resulta improcedente el incidente de inejecución relativo y debe ordenarse la reposición de aquél." Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dieron la orden, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de la omisión sancionada, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de las responsables. 5
- Principal
SENTENCIA INTERLOCUTORIA V i s t o s para resolver los autos del incidente innominado en el juicio de amparo 280/2021-V-A; y, .... Por lo expuesto, se R E S U E L V E: PRIMERO. Es procedente el incidente innominado, relativo a la liquidación de sentencia, correspondiente al juicio de amparo 280/2021-V-A, promovido por ********************. SEGUNDO. Se requiere al Presidente y Director de Seguridad Pública y Tránsito, ambos del Municipio de Singuilucan, Hidalgo, para que pague a ********************, la cantidad de $342,880.29 (trescientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta pesos 29/100 moneda nacional), por concepto de indemnización con motivo de la orden verbal de separación de su cargo puesto de policía en dicho municipio, cantidad a la que deberá retenerse el impuesto sobre la renta, de conformidad con la normatividad fiscal aplicable. V
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