José Rodrigo Arias Medina y Otros.
Expediente 1341/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1341/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Rodrigo Arias Medina y Otros.
- José Rodrigo Arias Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso en contra del auto de veintiuno de febrero del año en curso; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Agréguense los oficios signados por el Director Administrativo de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", residente en Miahuatlán, Oaxaca, y Médico Penitenciario "C" del Departamento de Servicios Médicos de ese Centro Federal -previa certificación por haberse recibido vía fax-, por los que informan que el quejoso ÁNGEL JOSÉ CASTILLO LUNA, egresó de ese Centro Federal el catorce de febrero del año en curso, por habérsele concedido el beneficio de libertad preparatoria, tal como lo acredita con las copias certificadas que acompaña. Ahora bien, como el citado quejoso, únicamente por quien se concedió el amparo en este juicio, ya no se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, imposibilita materialmente a las autoridades de ese centro penitenciario el cumplimiento de la sentencia de amparo, puesto que ya no se encuentra bajo su radio de acción; por lo que, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que el cumplimiento de la sentencia respecto de dicho quejoso ha quedado sin materia por existir imposibilidad material para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.90/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta, tomo XXV, junio de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se ordena notificar la presente determinación por lista de acuerdos por no haber señalado el quejoso domicilio para recibir notificaciones personales. Notifíquese.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Toda vez que ha transcurrido el plazo concedido para que las autoridades responsables Director General y/o Encargada del Despacho, así como la Encargada del Departamento de Servicios Médicos, del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, acreditaran el cumplimiento del fallo protector, sin que lo hubieren hecho; por lo que, en términos de los artículos 192 en relación con el 258 y 238 de la Ley de Amparo se impone al titular de la referida autoridad, una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a siete mil trescientos cuatro pesos cero centavos ($7,304.00), a razón de 73.04 como valor diario. Con motivo de lo anterior, antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito, y con la finalidad de otorgar un plazo razonable a la autoridad responsable para que voluntariamente cumpla con la ejecutoria de amparo, requiérasele nuevamente para que en el plazo de tres días cumpla con el fallo protector y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Transcurrido el mencionado plazo, se proveerá sobre el cumplimiento o incumplimiento a la sentencia amparadora. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 54/2014 (10a.) del Pleno del más Alto Tribunal Constitucional del país, de rubro; PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. [Época: Décima Época, Registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 19].
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil dieciséis. Toda vez que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el fallo protector pronunciado en autos, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria.Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director General y/o Encargada del Despacho, así como la Encargada del Departamento de Servicios Médicos, del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, para que en el plazo de tres días cumplan con el fallo protector, y remitan dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopten.Asimismo, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, notifíquese este proveído al Coordinador General de los Centros Federales de Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico de las precitadas autoridades responsables, adjuntándose copia autorizada de la sentencia, y requiérasele para que inmediatamente ordene a su inferior cumplir con la ejecutoria. Apercíbase al mencionado superior jerárquico que de no demostrar ante este Juzgado dentro del plazo de tres días que dio la orden para que se cumpla con la sentencia de amparo, y a las citadas autoridades responsables que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a los titulares de las referidas autoridades una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a siete mil trescientos cuatro pesos ($7,304.00), a razón de 73.04 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo.Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación.Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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