José Rodolfo Villaverde Villanueva

Expediente 262/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
262/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • José Rodolfo Villaverde Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que el término de cinco días, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, ha transcurrido sin que se haya interpuesto el citado medio de impugnación; en consecuencia, se declara que ha causado estado, archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, uno de marzo de dos mil veintiuno. Se levanta suspensión de plazos y términos. Visto el estado de autos, y tomando en cuenta que por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se ordenó la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, por tanto, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretados del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en el presente controvertido constitucional. Sin que sea el caso de señalar fecha para audiencia constitucional, en virtud de que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se desechó de plano la demanda de amparo en este juicio de amparo, encontrándose pendiente de causar ejecutoria por la interrupción de los plazos y términos, mismos que a partir de esta data se reanudan. Notificación a las partes Finalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k) y fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de este acuerdo, en forma personal a la parte quejosa. Lo anterior en virtud de que el proveído que ordena la reanudación del procedimiento del juicio de amparo, cuando éste se encuentra suspendido, es de gran transcendencia procesal para las partes a fin de no dejarlas en estado de indefensión. Sirve de apoyo, la tesis I.1o.T.4 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 580, Tomo II, Octubre de 1995, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 204064, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL, REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. El proveído que ordena la reanudación del procedimiento del juicio constitucional, cuando éste se encuentra suspendido, es de gran trascendencia procesal y por lo mismo es conveniente al juzgador con apoyo en el artículo 30 de la Ley de Amparo, ordenar su notificación personal a las partes quejosa y tercera perjudicada, en su caso, para no dejarlas en estado de indefensión." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante José Luis Batres Antonio, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Recepción de demanda Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Rodolfo Villaverde Villanueva, por propio derecho, contra actos del Consejo Directivo de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo; por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8° y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro de demanda Fórmese expediente y regístrese con el número 262/2020-3, que es el que por orden le corresponde. Actos reclamados La parte quejosa señaló como acto reclamado, el siguiente: La omisión del Consejo Directivo de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, de dar contestación al escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Desechamiento de demanda Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia tal y como se indica a continuación. Ahora bien, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en relación con el citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, puesto que no es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como a continuación se demuestra. Así, conviene partir de las diferencias que existen entre los actos de autoridad y los actos de los particulares, es decir, del plano en el cual se den las relaciones jurídicas; en un plano de igualdad, de superioridad de uno respecto del otro, o de igualdad superior, esto es, partiendo de la siguiente clasificación: Relaciones jurídicas de coordinación.- Son las que se entablan entre los particulares, y en consecuencia, descansan dentro de un plano jurídico de igualdad, de modo tal que los particulares para dirimir sus controversias deben necesariamente acudir ante la presencia de los órganos del Estado, ya que están impedidos para hacerse justicia por su propia mano. Este tipo de relaciones están reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Relaciones jurídicas de supra a subordinación.- Son aquellas que se entablan entre las autoridades y los particulares, lo cual, por tanto, ubica a los primeros en un plano de superioridad respecto de los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. Este tipo de relaciones se encuentran reguladas por el derecho público y se caracterizan por la unilateralidad de los actos provenientes de las autoridades, lo cual significa que imponen su voluntad sin necesidad de recurrir a los tribunales ni mucho menos al consenso de la voluntad de los particulares. Relaciones jurídicas de supraordinación.- Son las que se establecen entre las propias autoridades del Estado, es decir, entre los órganos estatales, en un plano de igualdad superior, este tipo de relaciones está por encima de las relaciones que se suscitan entre los particulares y en consecuencia, también son reguladas por el derecho público. Debemos partir de la base de que "autoridad" es un ente que por circunstancias de hecho o de derecho, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado lo que se traduce en relaciones de supra a subordinación, reguladas por el derecho público. Por otra parte, el término "autoridad" para los efectos del amparo comprende todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Además las facultades de dichas personas son de carácter decisorio que les están atribuidas por la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por tanto, debe atenderse a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza púbica, o bien, a través de otras autoridades. Los anteriores atributos de una "autoridad" para los efectos del juicio de amparo se sintetizan de la siguiente manera: La fuerza pública o imperio; Que se emita un acto unilateral a través del cual se cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular, y para emitir esos actos no se requiera acudir los órganos judiciales ni contar con el consentimiento del afectado; y, Que exista una relación de supra a subordinación entre el emisor del acto y el particular que nazca de la ley, dotando a dicho ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. Tratándose de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, -es decir, con los atributos anteriores- que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, el promovente aduce que el Consejo Directivo de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, sí ejercita actos de autoridad porque realizó actos equivalentes a los de una autoridad, al haber omitido dar contestación a su escrito de petición de veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Sin embargo, se determina que el Consejo Directivo de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, no es un ente particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, porque sus actos no son unilaterales, pues las decisiones que toma se dan entre particulares a través de un comité, en el que puede participar el quejoso en su calidad de asociado. De igual forma, se considera que no son actos coercitivos pues su administración no dispone de los mecanismos para hacer cumplir sus determinaciones por sí mismas, por lo que requiere acudir a las instancias jurisdiccionales correspondientes a fin de ejercer una acción y obtener sentencia favorable. Asimismo, no existe una relación de supra a subordinación entre el ente al que se le reclama la omisión de dar contestación al escrito de petición que reclama la parte quejosa, pues la citada asociación es un ente creado por los propios agentes aduanales de una aduana en particular con la finalidad de representar los intereses de sus miembros ante cualquier autoridad; por tanto, no existe entre ellos una jerarquización, pues todos están en un mismo plano. Por tanto, es evidente que en el caso no nos encontramos frente a actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. De ahí que en la especie se materialice la causal que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por lo que con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por José Rodolfo Villaverde Villanueva, contra la autoridad señalada en su escrito de demanda. Domicilio y autorizado Se tiene como autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Luis Miranda Niño, así como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa se le permita el acceso al expediente electrónico con la cuenta FIREL que tiene dada de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario "jorgemiranda" y además, se le autorice para envío y recepción de notificaciones electrónicas, así como para la presentación electrónica de promociones en el presente juicio. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al promovente: el acceso al expediente electrónico -toda vez que cuenta con su firma electrónica y nombre de usuario para tal efecto-; la presentación de promociones y recibir notificaciones electrónicas de aquellos autos que se ordenen personalmente. Para este efecto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario a nombre de "jorgemiranda", únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Se exhorta a las partes para que hagan uso del esquema de juicio en línea Por otro lado, se le exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este expediente mediante el esquema de "juicio en línea". Se hace del conocimiento a las partes el sistema de citas para consulta de expedientes o comparecencias En otro entorno, conforme los artículos 2°, fracción VIII, 3°, 4° y 6° todos del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes señalado, se hace del conocimiento de las partes que desde del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual los justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, encontrarán el apartado "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas con el objeto de consultar expedientes, el desahogo de comparecencias o requerimientos. En cuanto a la generación de citas, cuando desee acudir una persona vulnerable frente al Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto se establezcan. Publicaciones en lista de acuerdos Por otra lado, dado que aún no se permitirá la entrada libre de los justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace de su conocimiento que las listas de acuerdos serán colocadas en un espacio de fácil acceso en el edificio, para quienes acudan sin contar con una cita. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante José Luis Batres Antonio, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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