José Rodolfo Roque Vera
Expediente 632/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- José Rodolfo Roque Vera
- Agente del Ministerio Público del Fuero común Titular de la Mesa V de Detenidos en Colima
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Colima, Colima, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, inciso a), del artículo 18 del acuerdo general relativo, al tratarse de un expediente en el que si bien se sobreseyó el juicio, se concedió la suspensión de plano en el auto admisorio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En consecuencia, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, fracción I, inciso a), numerales 27, 28 y 29 del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente principal en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista. Así lo proveyó y firma el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, Francisco Javier García Contreras, quien actúa asistido de la Secretaria Fabiola Aguirre Sierra, que autoriza y da fe, quien certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 632/2020-IV promovido por Fidela Vera Martínez, a favor de José Rodolfo Roque Vera, contra los actos del Agente del Ministerio Público de la Agencia Quinta de Detenidos, de la Fiscalía General del Estado de Colima; y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido, por razón de turno, a este juzgado Segundo de Distrito el día de su presentación, Fidela Vera Martínez, promovió demanda de amparo en favor del directo quejoso José Rodolfo Roque Vera, contra actos de las autoridades antes mencionadas, que hizo consistir en la detención ilegal, incomunicación, tortura que se afirmó era objeto José Rodolfo Roque Vera, y demás actos prohibidos por el artículo 22, constitucional. SEGUNDO. Admisión y trámite de demanda. El trece de octubre de dos mil veinte, se concedió la suspensión de plano al directo quejoso, asimismo, una vez que fue localizado el quejoso, José Rodolfo Roque Vera, ratificó la demanda promovida a su favor, por lo que el catorce de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda en cuestión, se pidió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. REQUERIMIENTO DE AMPLIACIÓN. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público titular de la Mesa Quinta de Detenidos Fiscalía General del Estado de Colima, al rendir su informe justificado informó que el trece de octubre de dos mil veinte, declinó competencia a la Fiscalía General de la República, para seguir conociendo de la carpeta de investigación 450/2020 NUC: I-3545/2020, por el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, radicado en la variante de posesión simple del narcótico denominado metanfetamina, dejando al quejoso José Rodolfo Roque Vera a disposición del Agente del Ministerio Público Federal en turno (quién no fue señalado como responsable), por lo que proveído de once de noviembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que expusiera si era su deseo designar como autoridad responsable a la citada autoridad, con apercibimiento que si no la designaba, ni ampliaba su demanda, se considerarían únicamente como actos reclamados de las autoridades responsables, los precisados en la demanda de amparo; sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna, por lo que en auto de once de diciembre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado. El día de hoy, se llevó a cabo la audiencia constitucional con las debidas formalidades de acuerdo al acta que antecede; procediendo a dictar la resolución que en derecho corresponde. C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse la aplicación de preceptos normativos cuya ejecución se materializó en el lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Común, página: 255, registro 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La detención, incomunicación y tortura de la que fue objeto el quejoso José Rodolfo Roque Vera, así como los actos prohibidos por el artículo 22, constitucional Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, registro 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su respectivo informe justificado las autoridades responsables Juez del Sistema Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, el Director General de la Policía Estatal y el Subdirector General, en Suplencia del Director General de la Policía Investigadora, negaron, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Quinta de Detenidos de la Fiscalía General del Estado de Colima, Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Villa de Álvarez, Colima y Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica, de Villa de Álvarez, Colima, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, consistentes en la detención ilegal, incomunicación y tortura del quejoso José Rodolfo Roque Vera; asimismo, la parte quejosa no ofreció probanza alguna para desvirtuar el sentido negativo de dichos informes; por lo que, en el presente caso, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la Tesis Jurisprudencial 284, bajo el tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es parcialmente cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Quinta de Detenidos de la Fiscalía General del Estado de Colima y el Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Villa de Álvarez, Colima, pues aceptan que el doce de octubre del dos mil veinte, el quejoso José Rodolfo Roque Vera, fue puesto a disposición de la autoridad citada en primer término, en razón de haber sido detenido en flagrancia por hechos señalados por la ley como constitutivos del delito de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, radicándose la carpeta de investigación 450/2020 NUC: I-3545/2020; sin embargo, refieren que el trece de octubre de dos mil veinte, se declinó la competencia a la Fiscalía General de la República, para seguir conociendo de la citada indagatoria instruida al quejoso José Rodolfo Roque Vera, dejándolo a disposición del Agente del Ministerio Público Federal en turno, quién no fue señalado como responsable, no obstante que en proveído de once de noviembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que expusiera si era su deseo designarlo como autoridad, sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna, por lo que en auto de once de diciembre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se ordenó resolver el presente juicio con las autoridades inicialmente señaladas. En consecuencia, ante la aceptación de que es cierto el acto que se le reclama; es que debe tenerse éste como plenamente probado. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apéndice 2000, quinta época, tomo VI, materia común, con número de registro IUS: 917812, página 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igual determinación debe tomarse respecto a la autoridad responsable Comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica, de Villa de Álvarez, Colima, no obstante que negó el acto que se le atribuye; sin embargo del contenido del informe, se advierte la existencia del mismo, pues acepta que recibió oficio a fin de brindar guardia y custodia al quejoso José Rodolfo Roque Vera, en las instalaciones del Hospital Regional Universitario, en donde recibió atención médica. Ilustra lo antes dicho, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, Julio de 1994, Materia: Común, página 391, registro IUS: 211004, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la existencia del acto reclamado, está corroborada con las constancias que anexó a su informe con justificación la referida autoridad responsable ordenadora, consistentes en las copias certificadas de la carpeta de investigación 450/2020, y del informe policial homologado número 06PM03010121020201625, mismas que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá de formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá de señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá de señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" De acuerdo con los numerales transcritos, se advierte que es a la parte quejosa a quien corresponde precisar ya sea en su escrito de demanda de amparo, o en cualquier otro momento procesal, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, el señalamiento y denominación de la autoridad o autoridades responsables a quienes les atribuye la emisión y ejecución del acto que le causa un perjuicio en sus derechos fundamentales; ello, con la finalidad de que el órgano jurisdiccional competente se encuentre en aptitud; en primer lugar, de poder llamar a juicio a la autoridad designada; y, en segundo, para que el propio órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de analizar y dirimir la cuestión que le es planteada por la parte quejosa en su demanda de amparo, una vez habiéndose llamado previamente a la autoridad a la que le atribuye el acto reclamado. Ahora bien, de las constancias que integran la carpeta de investigación de origen, se acredita que el Agente del Ministerio Público titular de la Mesa Quinta de Detenidos de la Fiscalía General del Estado de Colima, al rendir su informe justificado informó que el trece de octubre de dos mil veinte, declinó competencia para seguir conociendo de la carpeta de investigación 450/2020 NUC: I-3545/2020, instruida al quejoso, por el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, radicado en la variante de posesión simple del narcótico denominado metanfetamina a la Fiscalía General de la República, dejando al quejoso José Rodolfo Roque Vera a disposición del Agente del Ministerio Público Federal en turno (quién no fue señalado como responsable). En atención a lo manifestado por la citada autoridad responsable, mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que expusiera si era su deseo designar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público Federal en turno, con apercibimiento que si no lo designaba, ni ampliaba su demanda, se considerarían únicamente como actos reclamados de las autoridades responsables los precisados en la demanda de amparo; sin que ampliara su demanda en ese sentido, por lo que en auto de once de diciembre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado. En consecuencia, si la parte quejosa no señaló como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público Federal en turno, quien es la autoridad competente que actualmente conoce de la carpeta de investigación integrada al quejoso, es inconcuso que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad del acto reclamado por el quejoso consistente en la detención, incomunicación y tortura, así como los demás actos prohibidos por el artículo 22, constitucional, debido a que no se le llamó a juicio, y por ende, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Resulta aplicable al presente caso la jurisprudencia 108 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." De igual manera la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD ORDENADORA NO SEÑALA COMO RESPONSABLE. Si la autoridad ordenadora no fue señalada como responsable, no es dable estudiar la constitucionalidad del acto reclamado". En tal virtud, al no haber señalado la parte quejosa como responsable a la autoridad que conoce actualmente de la carpeta de investigación de la que deriva el acto reclamado; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61, así como con lo dispuesto en el artículo 5° fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. SEXTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E:
- Principal
Colima, Colima, doce de enero de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede se advierte, que se omitió la celebración de la audiencia constitucional señalada para el treinta de diciembre de dos mil veinte. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento a efecto de que se subsane dicha omisión; por tanto, se señalan las diez horas con cuatro minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno para su celebración.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que el término de quince días concedido a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, ha fenecido; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de once de noviembre pasado y se ordena resolver el juicio respecto de las autoridades señaladas en su demanda.
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