José Rodolfo Rivera Villegas
Expediente 558/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Rodolfo Rivera Villegas
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Magistrada Semanero de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le devolvieron las constancias que había remitido como complemento de su informe justificado, consistentes en los autos originales del toca 112/2020, expediente 1366/2015, dos cuadernos de rendición de cuentas, segunda sección del citado asunto 1366/2015, incidente de remoción de albacea, cuaderno de rendición de cuentas e incidente de oposición a la rendición de cuentas, sumando un total de ocho anexos. Atento a lo anterior, este juzgador toma conocimiento y deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se conminó a la autoridad oficiante. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de dos de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda promovida por ---------, por su propio derecho y como albacea de la sucesión testamentaría de -------, en el presente juicio de amparo 558/2020-VII, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, toda vez que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Asimismo, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En otro orden de ideas, toda vez que ya no es necesaria la retención de las constancias que remitió la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, consistentes en los autos originales del toca 112/2020, expediente 1366/2015, dos cuadernos de rendición de cuentas, segunda sección del citado asunto 1366/2015, incidente de remoción de albacea, cuaderno de rendición de cuentas e incidente de oposición a la rendición de cuentas, sumando un total de ocho anexos, devuélvanse dichas constancias a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable para que en el plazo de tres días computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,334.00 (cuatro mil trecientos treinta y cuatro pesos moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Finalmente, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ---------, por su propio derecho y como albacea de la sucesión testamentaría de ----------, a través del cual desahoga los puntos de prevención que se le formularon en auto de once de septiembre de dos mil veinte; por tanto, provéase lo que conforme a derecho corresponda. En virtud de lo anterior, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por -----------, por su propio derecho y como albacea de la sucesión testamentaría de ----------, contra actos de la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad responsable, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Asimismo, en la Tesis de Jurisprudencia VI.2o. J/290 que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. Ahora bien, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo y escrito de desahogo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: La resolución de fecha nueve de marzo de dos mil veinte, pronunciada por la Sala responsable dentro del Toca 112/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia incidental de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, emitida por el Juez Segundo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, en los autos del Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de ---------, con número de expediente 1366/2015; en la que se confirmó la referida de resolución relativa al incidente de oposición en la rendición de cuentas y se requiere al aquí quejoso para que en su carácter de albacea dentro del plazo de ocho días realice dicha rendición bajo los lineamientos expuestos en esa interlocutoria. Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado en estudio, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el citado acto reclamado, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos, y en el caso, la resolución de nueve de marzo de dos mil veinte, pronunciada por la Sala responsable dentro del Toca 112/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia incidental de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, emitida por el Juez Segundo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, en los autos del Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de --------, con número de expediente 1366/2015; en la que se confirmó la referida de resolución relativa al incidente de oposición en la rendición de cuentas y se requiere al aquí quejoso para que en su carácter de albacea dentro del plazo de ocho días realice dicha rendición bajo los lineamientos expuestos en esa interlocutoria; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que dicho acto reclamado, no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, pues, sólo surte efectos procesales y puede extinguirse en la realidad sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, si la sentencia que ponga fin a la tercera sección en el juicio natural denominada (de administración), y que se emita en tal juicio de origen, resulta favorable a sus intereses; además, porque las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, ya que este solamente procede contra la interlocutoria que decide el fondo de esa sección. Se afirma lo anterior, pues la sucesión materia del presente asunto, está compuesta de cuatro etapas, a saber: 1. La denuncia de la sucesión; declaración de herederos y designación de albacea. 2. De inventarios y avalúos. 3. De administración; y, 4. De partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores. Secciones que se componen y deciden por separado, mediante la resolución particular correspondiente; mismas, que adquieren firmeza para las partes. En ese orden y para robustecer lo anterior, resulta necesario tener presente el contenido de los artículos 4.29, 4.30, 4.31 y 4.32 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que disponen: "Artículo 4.29.- La primera sección es de sucesión y contendrá, en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remoción de tutores, y V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos." "Artículo 4.30.- La sección segunda es de inventario y avalúos: I.- El inventario provisional del interventor; II.- El inventario y avalúo; III.- Los incidentes que se promueva; IV. La resolución sobre inventario y avalúos." "Artículo 4.31.- La tercera sección es de administración y contendrá: I.- Todo lo relativo a la administración; II.- Las cuentas, su glosa y calificación." "Artículo 4.32.- La cuarta sección es de partición y contendrá: I.- El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II.- El proyecto de partición de los bienes; III.- Los incidentes que se promuevan al respecto; IV.- Los convenios relativos; V.- Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI.- Lo relativo a la adjudicación de los bienes." Los numerales citados se advierten de manera cronológica las fases previstas en ella; dado lo cual, de los antecedentes de los actos reclamados vertidos por la parte accionante de amparo en su escrito de desahogo, se pone de manifiesto que aún no ha concluido la tercera sección relativa a la administración. De lo expuesto, se evidencia que de lo que se duele la parte quejosa es de la probable actualización de violaciones procesales con el dictado de la determinación que reclama en esta instancia constitucional, consistente en resolución de fecha nueve de marzo de dos mil veinte, pronunciada por la Sala responsable dentro del Toca 112/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia incidental de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, emitida por el Juez Segundo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, en los autos del Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de ----------, con número de expediente 1366/2015; en la que se confirmó la referida resolución relativa al incidente de oposición en la rendición de cuentas y se requirió al aquí quejoso en su carácter de albacea, para que dentro del plazo de ocho días exhiba la rendición de cuentas en el que presente un estado detallado de la gestión realizada, en la que se indiquen con claridad y precisión cuales son los ingresos y egresos, unos y otros, o en su caso adeudos, con sus comprobantes respectivos, pues se consideró que la rendición de cuentas propuesta no reunía esas características. Sin embargo, es inconcuso que dicha resolución no es la última emitida en la tercera sección, por lo que no es momento de analizar las violaciones que denuncia la parte quejosa, sino hasta que concluya con la resolución definitiva de la citada tercera etapa del sucesorio de origen, la cual, será materia de amparo en la vía biinstancial. Sostener lo contrario, alentaría a que se diversificara la promoción de amparos y, en consecuencia, no es factible reclamar las posibles transgresiones sufridas, ya que ello sólo se justificará hasta que se dicte la resolución respectiva dentro de esa etapa del juicio sucesorio correspondiente; caso en el cual, procedería el juicio de amparo directo contra la resolución con que culminara esa fase, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones acaecidas dentro de aquélla; además, en caso de no obtener una resolución favorable tendrá a su alcance la promoción del juicio de amparo aludido contra dicha determinación; lo que lleva a estimar que los actos reclamados no causan una afectación de carácter irreparable que justifique la procedencia del juicio biinstancial, precisamente porque a la sección en la que se encuentra el juicio sucesorio testamentario aún no ha sido aprobada. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. De acuerdo a los anterior se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de una resolución que confirma una interlocutoria relativa a la oposición de rendición de cuenta, y en su caso, se requiere al aquí quejoso en su carácter de albacea a que realice y presente el informe detallado bajo los lineamientos ahí expuestos; y como consecuencia de ello, una posible violación a las leyes del procedimiento, la cual puede reclamarse como ya se dijo, en amparo indirecto, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga un fallo acorde a sus pretensiones en la sentencia que ponga fin a la tercera sección del juicio natural denominada de administración, y que se emita en el referido juicio de origen. Es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1311, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil nueve, Novena Época, con número de registro 165770, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Asimismo, sirve de apoyo por las razones que sustentan la Tesis I.3 o.C.439 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1546, del Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil cuatro, Novena Época, con número de registro 182385, que señala: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." En virtud de lo anterior, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por José Rodolfo Rivera Villegas, por su propio derecho y como albacea de la sucesión testamentaría de ----------, contra actos de la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad responsable, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. En otro orden de ideas, se tiene a la parte quejosa proporcionado el correo electrónico gomezmercadoius@hotmail.com y el número telefónico 55-91-95-53-36, para establecer contacto respectivo en el casos en que se estime necesario, sin que ello implique que se tengan como medios para recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo, no los contempla así. Además, se tiene como como autorizado de la parte quejosa a Álvaro Meraz Pardo, quien de momento sólo podrá oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, y en su caso, gozara de las amplias facultades que le confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, una vez que acredite estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho y su patente profesional se encuentre dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin que se haga mayor pronunciamiento respecto del resto de personas que indica y el usuario para consultar el expediente electrónica que proporciona, toda vez por auto de once de septiembre pasado, se acordó lo conducente. Finalmente, dado el sentido de la presente determinación, por única ocasión se comisiona al actuario Judicial para que se constituya en el domicilio particular de la parte quejosa, ubicado en Avenida -----------, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y le notifique personalmente la presente determinación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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