José Rodolfo Pérez Rojas
Expediente 1106/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1106/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/02/2021
Partes del expediente
- José Rodolfo Pérez Rojas
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que contiene inserto el acuerdo de veinte de octubre de dos mil veinte, del cual se advierte que el citado órgano colegiado, admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia emitida en este asunto, registrándolo con el número de expediente *******de su índice; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
I. Creación del expediente. Téngase por recibido el oficio y anexos que remite el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al que anexa la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, así como los informes justificados rendidos por la Directora y Subdirector de Catastro en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, por el cual el Tribunal de su adscripción, se declara legalmente incompetente, para conocer de dicha demanda, contra actos atribuidos a las referidas autoridades. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 41 y 45 de la Ley de Amparo, y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Federación, en cumplimiento a lo que estableció el citado tribunal colegiado, este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, acúsese recibo, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número de juicio ****/2020-II. II. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa, reclama: La resolución de cuatro de agosto de dos mil veinte, dictada dentro del recurso administrativo de revisión RAC ****/2019, del índice de la Subdirección de Gestión Catastral en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. Se estima que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Además, señala que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Ahora bien, conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; Que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; y Que no exista excepción al principio de definitividad. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: El acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; es decir, por autoridad administrativa, en el caso, por el Subdirector de Gestión Catastral adscrito a la Dirección de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. En ese contexto, el acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, en relación con el diverso 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, establecen: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. "Artículo 3. El juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones administrativas definitivas, actos administrativos y procedimientos que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla." Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. "ARTÍCULO 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares; (.) A través del juicio contencioso administrativo previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, puede ser modificado, revocado y nulificado el acto reclamado. En efecto, el artículo 108 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla señala que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada o indicar, cuando así corresponda a la pretensión deducida, los términos en que la autoridad debe dictar su resolución. Por su parte, el Titulo II, Capitulo VIII "De las Medidas Cautelares", artículos 50 a 56 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo de Estado de Puebla establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad. La Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, al efecto basta remitirse al contenido del numeral 55 de la ley en cita para corroborarlo, el cual dispone: "Artículo 55. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: Se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante. 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía; c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme, y d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva; b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado; c) El Magistrado deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud, y d) El Magistrado requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días hábiles siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique, y V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." De lo que se obtiene que el artículo 55, fracción III, inciso c), de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, establece un plazo idéntico al artículo 112 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional; es decir, 24 horas y no requiere mayores requisitos que los que se establecen en la Ley de Amparo. Lo que revela que esa norma no establece un plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Tampoco existe excepción al principio de definitividad, dado que el quejoso no es tercero extraño, tal como se advierte de la demanda, pues el propio solicitante del amparo fue quien interpuso el medio de impugnación que motivo la emisión del acto reclamado. En resumen, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad en virtud de que no acudió al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XX, del mismo cuerpo legal. Ill. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en la demanda y como autorizados en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por así haberlo solicitado. IV. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuales son: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. Vl. Protección de datos personales. En atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; indíquese a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad. Vll. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (****), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo, de la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que en atención al requerimiento de diecinueve de octubre del actual, remite copia certificada de la notificación a la parte actora del auto dictado el catorce de octubre del año en curso, así como, del razonamiento actuarial de tres de diciembre de dos mil veinte, emitidos en el procedimiento laboral de origen; por tanto, dése a conocer su llegada a las partes para los fines legales procedentes. Ahora bien, de la razón actuarial en comento, se advierte que la Actuaria adscrita a la junta responsable, hizo constar que no pudo llevar a cabo la diligencia ordenada en auto de catorce de octubre de dos mil veinte, en el juicio de origen, ya que la parte actora no compareció a la misma, siendo indispensable su presencia para el desahogo de dicha diligencia. Sin embargo, de las actuaciones que remitió la junta responsable, ésta omitió remitir copia certificada del acuerdo donde se haya indicado a la parte actora (aquí quejosa), la fecha y hora que señaló para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y en su caso embargo en el domicilio de la demandada ordenada en el referido acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte; lo cual, le fue requerido en el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte. En tales condiciones, a fin de lograr el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo de la Ley de la materia, se requiere a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para en el plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo en el cual se señale fecha y hora para que la actora se constituya con el funcionario respectivo a efecto de realizar la diligencia de requerimiento de pago y en su caso embargo en el domicilio de la demandada ordenada en el acuerdo de catorce de octubre del año en curso, en el procedimiento de origen, lo cual, deberá notificar el Actuario de su adscripción con la anticipación debida para lograse la diligencia respectiva. En el entendido que de omitir hacerlo, se le impondrá la multa con la que se previno en auto de dos de marzo del año en curso y se procederá en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo.
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