José Rodolfo Hernández Rosaldo

Expediente 726/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
726/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
09/10/2017

Partes del expediente

  • José Rodolfo Hernández Rosaldo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que devuelve el original del juicio de amparo 726/2017, solicitando el acuse de recibo. Asimismo, remite testimonio de la resolución pronunciada por esa Superioridad, en la queja 165/2017 interpuesta por *********, en representación de su hijo ******** en la que determinó: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, glósese a los autos para debida constancia y con transcripción del presente proveído, acúsese recibo correspondiente. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó, no es necesario agregarlas en autos, dado que sus originales obran en el juicio, en consecuencia, se ordena su destrucción. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha quedado FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se aperturó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Visto: El oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, con el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de cuatro de julio del año en curso. Al efecto se acuerda: Glósese a los autos para que obre como constancia y como acuse de recibo del oficio 2679/2017.

  3. Principal

    Visto: ...El escrito suscrito por *******, en representación de su hijo *******, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de cuatro de julio de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la parte quejosa, ríndase el informe en materia de la queja correspondiente y remítase de inmediato el original y una copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida *******, en representación de su hijo ******, contra actos del Secretario de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México, y otros; al efecto, se tiene por presentada la misma, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 726/2017-IV, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Para efecto de la admisión de la demanda de garantías de que se trata, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de dos de junio de dos mil diecisiete, que declaró improcedente la inconformidad hecha valer contra la declaración de retiro por incapacidad. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario. Dicha aseveración obedece a que el acto reclamado tiene su origen en un acto intraprocesal, esto es, no es la resolución definitiva que dirime el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, si no que se trata de un acto dentro del mismo que puede repararse a través de la resolución definitiva que llegue a pronunciarse en dicho asunto y que por lo mismo no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, ni tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación. Es decir, para efectos del amparo, un procedimiento seguido en forma de juicio inicia con la formulación de la pretensión y acto terminal o resolución; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del procedimiento". Así, conforme a lo dispuesto por los artículos en cita, por regla general los "actos dentro del procedimiento" o "intraprocesales" son materia, en su caso, del amparo que se promueva contra la resolución terminal por violaciones cometidas durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado del fallo terminal. Como una excepción a lo anterior, existen actos intraprocesales que son reclamables en amparo indirecto, tal como se advierte del inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Ley Amparo, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no así cuando solo se afectan derechos adjetivos o procesales. Por identidad de razón, ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En correlación con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, debe interpretarse en relación con la fracción IV del mismo precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aunque la fracción IV aluda a actos en el juicio, por igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en forma de juicio pues lo que se pretende al través de ese precepto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio. De lo anterior, queda claro que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera directa e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en el procedimiento de origen, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate y, por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el acto terminal en aquél pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses. Así las cosas, al examinar los actos que dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio puedan tener una ejecución de imposible reparación, debe tomarse en cuenta también el efecto que dichos actos puedan tener para dar por terminado el mismo, esto es, cuando se devastan los elementos integrantes de la acción que en el caso, impedirían que se llegara al dictado de la resolución que corresponda. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son exclusivamente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien, resultan intrascendentes si es que se dicta una resolución favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales, encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Luego, si la parte quejosa se duele de la resolución de dos de junio de dos mil diecisiete, que declaró improcedente la inconformidad hecha valer contra la declaración de retiro por incapacidad; resulta inconcuso que el derecho a impugnarla es meramente adjetivo o procesal, toda vez que dicha resolución no es la definitiva en el procedimiento administrativo para colocar a un militar en situación de retiro, porque éste culmina con la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda. Así es, de acuerdo con los artículos 4, fracción IX, 21, 186 a 188, 193, 194, 196 y 198 a 202 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el procedimiento administrativo para poner a un militar en situación de retiro se integra de cuatro etapas, a saber: 1) Declaración de procedencia de retiro; 2) Otorgamiento del beneficio económico de retiro; 3) Sanción del beneficio económico de retiro otorgado; y, 4) Orden de baja en el activo y alta en situación de retiro. Por tanto, si como en el caso, se reclama la resolución dictada en la inconformidad prevista en el citado artículo 188, en la que se declaró la procedencia de retiro del militar, que constituye únicamente la satisfacción de la etapa 1), se actualiza la causa de improcedencia anunciada, toda vez que dicha resolución no es la definitiva en el procedimiento administrativo para colocar a un militar en situación de retiro; y en su caso, las violaciones advertidas en la misma no son de imposible reparación, ya que éstas podrán ser materia de impugnación al momento de promover amparo contra la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, con la que culmina el procedimiento. Resulta exactamente aplicable la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN AQUÉLLA NO ES LA DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR A UN MILITAR EN SITUACIÓN DE RETIRO. De acuerdo con los artículos 4o., fracción IX, 21, 186 a 188, 193, 194, 196 y 198 a 202 de la citada ley, el procedimiento administrativo para poner a un militar en situación de retiro se integra de 4 etapas, a saber: 1) declaración de procedencia de retiro; 2) otorgamiento del beneficio económico de retiro; 3) sanción del beneficio económico de retiro otorgado; y, 4) orden de baja en el activo y alta en situación de retiro. En consecuencia, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la resolución dictada en la inconformidad prevista en el citado artículo 188, en la que el Director General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional declara la procedencia de retiro del militar, que constituye únicamente la satisfacción de la etapa 1), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, toda vez que dicha resolución no es la definitiva en el procedimiento administrativo para colocar a un militar en situación de retiro, porque éste culmina con la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda. En ese sentido, el hecho de que el militar no combata, a través del juicio de amparo indirecto, la resolución dictada en el recurso de inconformidad, no significa que esté consintiendo la declaración de procedencia de retiro, la cual podrá impugnar al momento de promover amparo contra la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, con la que culmina el procedimiento. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En consecuencia, de conformidad con lo previsto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario, el juicio intentado resulta notoriamente improcedente; por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Bautista Rivas y únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo del citado ordenamiento legal a Erika Janeth Martínez Lomelí. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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