José Rodolfo de la Paz Iriarte y Otros.
Expediente 1186/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1186/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Rodolfo de la Paz Iriarte y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************y ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero y de otra autoridad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, el expediente principal transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la presente determinación será DESTRUIBLE en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Como el presente juicio quedó total y definitivamente concluido y carece de relevancia documental; sin embargo, se aprecia que obran documentos que en copia certificada la parte quejosa anexó a su demanda; por tanto, notifíquese personalmente el presente proveído para que dentro del plazo de noventa días, comparezca debidamente identificados ante este órgano jurisdiccional a recoger los mismos, respectivamente, previa constancia de recibo que se deje en autos, apercibida que de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados los documentos en cita serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado por Reyna García Astudillo, por medio del cual solicita la devolución de la garantía que le fue solicitada para efectos de la suspensión provisional. Sin embargo, antes de proveer lo que en derecho corresponde, la suscrita advierte que el escrito de trato tiene estampada una huella digital que según corresponde a Reyna García Astudillo, sin que del mismo se aprecie quién firma a ruego y encargo de la quejosa. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, reconozca la huella digital que se encuentra estampada al calce del escrito de cuenta, apercibida que de no hacerlo el citado escrito quedará glosado a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda. Apoya lo anterior, la tesis aislada con registro 219684, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, a página 480, tomo: IX, Abril de 1992, Octava Época, que en su rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, LAS HUELLAS DIGITALES QUE LA CALZAN, CONSTITUYE UNA IRREGULARIDAD QUE SI PUEDE DAR LUGAR A LA ACLARACION DE LA." Asimismo, se aplica al caso por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 1/2011, misma que se inserta en virtud de que la demanda de amparo carece de la rúbrica de quien firma a ruego; la cual es avalada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2000079, visible en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, tomo 3, página 2333, la cual es de la literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********************y ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero y de otra autoridad. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1186/2023-C que le corresponde; para lo cual se forma expediente electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo. En términos del citado numeral y los preceptos legales 251, 252, 253, 263 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, el sello de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente físico coincidan en su totalidad. Desechamiento. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, es importante mencionar que el desechamiento de plano de una demanda de amparo debe satisfacer determinados requisitos como son: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; 2. Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y 3. Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 6 de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados, tal y como se verá en párrafos siguientes. El artículo 61, fracción XXIII, con relación al 6 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis con número de registro 237233: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así se desprende de la siguiente tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 807072: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime directamente afectada, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. A lo anterior resulta aplicable, la siguiente tesis aislada XVII.2o.9 K, con número de registro digital 202692: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho." Ahora, del análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa, reclama: La falta de emplazamiento en el juicio ordinario civil ********************, de índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, en su carácter de testigos de la compraventa celebrada entre ********************como vendedora y ********************, como comprador. Respecto al acto reclamado en mención, resulta improcedente la demanda de amparo, ello porque de los antecedentes narrados en la demanda que nos ocupa, así como de las copias certificadas del juicio ordinario civil ********************, que anexan, se desprende que el acto que reclaman ********************y ********************, esto es, la falta de emplazamiento en el juicio ordinario civil ********************, no les causa agravio en su esfera jurídica. Lo anterior ya que los peticionarios del amparo ********************y ********************, no son parte formal en el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, ya que la demanda que dio origen a dicho procedimiento, fue entablada por ********************en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ******************** en contra de ********************, ******************** y otros, de quienes reclamó la declaración de inexistencia y por consecuencia la nulidad del contrato de compraventa de veinticuatro de agosto de dos mil quince, celebrado entre ********************y ******************** Y a los aquí quejosos, solo tuvieron intervención como testigos en la compraventa celebrada el de veinticuatro de agosto de dos mil quince, entre ********************como vendedora y ********************, como comprador, tal y como lo señalan en los puntos uno y tres del capítulo de hechos de la demanda. Luego, si los quejosos reclaman la falta de emplazamiento en el juicio ordinario civil ******************** al haber fungido únicamente como testigos de la compraventa, resulta evidente que no les produce ninguna lesión directa a la esfera jurídica de los aquí quejosos, al no ser parte en dicho procedimiento. Esto es así, porque el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse por la parte a quien perjudique directamente el acto o la ley que se reclama y, de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6o de la Ley de Amparo. Cobran aplicación al caso, las tesis II. 2o. 214 K y XV.1o.5 K, con números de registro digital 210374 y 202357: "AMPARO. PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CASO EN QUE NO SE CUMPLE. De acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Luego, si la reclamación del quejoso consiste en que no se citó a juicio a una persona que figuró también como parte demandada; ello no le produce ninguna lesión directa a sus intereses jurídicos, pues obviamente es aquel otro individuo quien debe acudir ante las autoridades jurisdiccionales en defensa de sus derechos y no el quejoso." "AMPARO. PERJUICIO INDIRECTO, NO LEGITIMA A QUIEN LO SUFRE PARA PROMOVER EL. La circunstancia de que los bienes que pudiesen ser afectados como consecuencia de una resolución en que se condene a los demandados al pago de determinadas prestaciones, hubiesen sido embargados en otro juicio por un tercero ajeno al procedimiento en que se dictó la resolución, no legitima a este último para reclamar a través del juicio de amparo la condena impuesta a cargo de terceras personas, porque la posible afectación que pudiese sufrir en todo caso constituiría un perjuicio indirecto el cual puede repararse en el procedimiento de ejecución al que deberá ser llamado como acreedor para que haga valer sus derechos, los cuales no lo facultan para promover el juicio de garantías con el objeto de que se analice la legalidad de la condena impuesta a los demandados en un juicio en el que no fue parte, ya que la fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y a su vez el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tienen la persona o personas físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorio de garantías, mas no así quien por ello indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." En consecuencia con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Dado el volumen de las constancias que anexan los quejosos, consistentes en copias certificadas del expediente ********************, fórmese por separado un legajo de pruebas Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo. Autorizados. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************toda vez que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a la diversa persona que señala, por no contar con cédula profesional registrada en el sistema antes aludido. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.
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