José Rodolfo Becerra Alvarez

Expediente 1156/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1156/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • José Rodolfo Becerra Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguense a los autos los oficios de cuenta; por medio de los cuales, con el primero la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba Tepachico, informa el cumplimiento a la suspensión de plano concedida al quejoso ****. Circunstancia de la que se toma conocimiento. Por otra parte, con el segundo de cuenta, el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, del que se advierte aceptó la competencia declinada por este Juzgado Federal y admitió la demanda de amparo intentada por el quejoso en comento; asimismo acusa recibo y solicita se le remitan las constancias de notificación a las partes del auto en el que se concedió la suspensión de plano al quejoso de mérito y de los informes que hayan rendido las autoridades responsables respecto de la medida cautelar concedida, o bien, se le informe las que ya lo rindieron y las omisas en hacerlo. En ese sentido, como lo solicita el Juzgado Federal oficiante, remítanse copias certificadas de las constancias de notificación que solicita, así como los oficios originales de las autoridades responsables en las que informan el cumplimiento a la suspensión de plano concedida; no sin antes glosar copia certificada de los mismos para los efectos que haya lugar. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero de dicho Acuerdo General: Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído se enviara materialmente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA V Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por el Director Técnico Legal en ausencia y suplencia legal del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, mediante el cual informa el cumplimiento a la suspensión de plano. En ese orden, toda vez que en proveído de cinco de septiembre del año en curso este juzgado de Distrito declino competencia al diverso con residencia en. Nezahualcóyotl, una vez que este órgano jurisdiccional cuente con dicho acuse, remítase el informe de mérito en alcance para que provea lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA V RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por **, por propio derecho, contra actos del Director General de Prevención y de Readaptación Social del Estado de México y otra autoridad. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1156/2019-V. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en La orden de traslado a diverso centro de reclusión y su ejecución. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se suspende de plano y oficio el acto reclamado. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. El énfasis es propio. La suspensión aquí otorgada respecto de la orden de traslado a diverso centro de reclusión, no surte efectos si previo a la presente determinación está acreditado, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dicho acto tenga origen en Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte del quejoso; Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; Riesgo objetivo de la salud o la integridad del recluso quejoso; Peligro para los internos; Seguridad del propio quejoso; Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. La suspensión concedida tampoco surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión, o si los actos reclamados proceden de autoridades diversas a las señaladas como responsables, o si los actos reclamados son materia de otro juicio de amparo, en donde se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugna; o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en el que se encuentra recluido el quejoso, o son tendentes a salvaguardar su integridad o la de la demás población penitenciaria. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de ella, se ha establecido que las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Luego, cabe precisar que en el caso, el acto reclamado conlleva efectos positivos. Ahora bien, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden, entre otras, una regla básica para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, misma que a continuación se detalla. Esto es, la contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. Por tanto, en la especie se actualiza dicha hipótesis descrita, pues el acto reclamado en esta instancia consiste en la orden de traslado a diverso centro de reclusión y su ejecución. De lo que se precisa que los efectos y consecuencias que derivan de la orden que se reclama tendrán ejecución material en el lugar de reclusión del quejoso; a saber, Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba, Tepachico. Por ello, se considera que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable la tesis I.1o.A.44 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, que establece "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, pues es la autoridad que se considera competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde produce efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. De la demanda se advierte que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones un correo electrónico; sin embargo, no es procedente acordar favorable lo anterior, en virtud de que el correo electrónico no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo como domicilio procesal. Ahora bien, conforme con lo previsto en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en este Juzgado de Distrito. AUTORIZADOS. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral a las demás personas que refiere en su escrito de demanda por no contar con dicho registro. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

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