Jose Robin Najera Salto

Expediente 266/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
266/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Jose Robin Najera Salto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de junio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede y toda vez que del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra del acuerdo de once de abril de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado de Distrito, en el cual se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Interlocutoria vía remota. La Secretaria hace constar que se emite la siguiente interlocutoria por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Conste En Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con seis minutos del cinco de abril de dos mil veintidós, hora y fecha fijados para que tenga verificativo la audiencia incidental del juicio de amparo 266/2022, ante la presencia de Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia sin asistencia de las partes. Enseguida la Jueza acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. Se declara abierto el periodo probatorio, en el que se da cuenta que ninguna de las partes ofreció pruebas, se cierra el periodo probatorio. Abierto que es el periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Con lo que se da por concluida la presente diligencia, procediéndose a dictar la resolución correspondiente. VI S T OS, para resolver el incidente de suspensión del amparo 266/2022, y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Como se ordenó en el juicio de amparo, por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se decretó sobre la suspensión provisional; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe previo, se señaló este día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de la autoridad responsable, de tomar las medidas necesarias para que la ejecución se pronta y expedita hasta llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y en su caso embargo dentro del juicio laboral 01/142/2017; obstante que ello lo solicitó por escrito desde el doce de julio de dos mil veintiuno. SEGUNDO. La autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos al rendir su informe aceptó la existencia del acto que se le atribuyó. A pesar de la certeza del acto reclamado, en el caso, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, por las razones siguientes: 1.-El acto reclamado se hace consistir en esencia la omisión de la autoridad responsable, de tomar las medidas necesarias para que la ejecución se pronta y expedita hasta llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y en su caso embargo dentro del juicio laboral 01/142/2017; obstante que ello lo solicitó por escrito desde el doce de julio de dos mil veintiuno. 2.-Se tiene la certeza del acto reclamado con el contenido del informe previo rendido por la responsable, en el que admite la existencia del acto reclamado. 3.-No obstante lo anterior, como ya se adelantó, se niega la suspensión solicitada, pues de concederse la medida cautelar pretendida, se contravendría el segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo, ya que se constituiría un derecho a favor del quejoso, el cual se encuentra controvertido, siendo que propiamente es materia de fondo, determinar si el mismo le asiste a su favor o no. Precisamente, como ya se clarificó, el acto reclamado en este juicio de amparo consiste en la omisión de la autoridad responsable de tomar las medidas necesarias para que la ejecución se pronta y expedita hasta llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y en su caso embargo dentro del juicio laboral 01/142/2017; no obstante que ello lo solicitó por escrito desde el doce de julio de dos mil veintiuno. En tal virtud, en este momento procesal, no existe evidencia contundente respecto a que a la parte quejosa se le estén violentando sus derechos contenidos en los artículos 1 y 17, pues para que ese reclamó sea procedente, en primera debe existir una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, lo cual tiene que ser comprobado en juicio y declarado judicialmente de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580, de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Y además de ello, se tiene que determinar con un análisis en las actuaciones y constancias pertenecientes al juicio respectivo, si dicha dilación es injustificada, pues podría acontecer por ejemplo, que la misma sea provocada por actuaciones propias atribuibles al propio quejoso, o a su contraparte, -tales como la presentación de medios de defensa que tengan como resultado la interrupción de la continuidad del proceso-. Lo que evidencia, que el reclamo que postula la parte quejosa, se sostiene en una expectativa de derecho, en tanto que la afectación a los derechos que pretende defender, debe ser declarado judicialmente para considerarse un derecho adquirido, y mientras ello no ocurre, se trata de un derecho en controversia, el cual no puede afirmarse que tenga actualmente a su favor. Luego, resulta palmario, que de concederse la suspensión definitiva en los términos anotados, se contravendría el segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo, al obligar a las autoridades a realizar ciertas actuaciones, se constituiría el derecho de la quejosa de forma anticipada respecto a que existe una abierta dilación o una paralización total del procedimiento en cuestión, en su contra cuando dicha circunstancia aún no ha sido definida, ni dirimida en juicio. En efecto, en tal caso, la suspensión en cuestión no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado que se encuentran al solicitar la protección de la justicia de la unión, ni siquiera tendría efectos restitutorios transitorios, ya que los mismos no se sostendrían en un derecho adquirido, por lo que sus efectos serían eminentemente constitutivos, al permitir que se le otorgue a la parte quejosa la suspensión con base en una expectativa de derecho, derecho que además se encuentra en controversia, y que por ende, aún no ha adquirido. Incluso, de concederse la suspensión solicitada en esos términos, se correría el riesgo de obligar a la responsable a realizar determinados actos, cuando dicha dilación puede estar justificada en razones contextuales, sólo analizables mediante el estudio de las actuaciones de tal juicio en su conjunto, tales como que existan medios de defensa que mantenga en suspensión el juicio en cuestión o bien, que lo hayan interrumpido, lo que hace más patente que el determinar si existe o no una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, constituye la materia de fondo del presente juicio de amparo, pues en la eventualidad de que este litigio constitucional resulte procedente, deberán evaluarse tales cuestiones. Lo expuesto, aunado a que con las pruebas con las que se cuenta con este momento, no se puede apreciar con claridad la existencia de dicha dilación y que la misma resulte injustificada, lo que corrobora que el quejoso sostiene una expectativa de derecho y no uno adquirido, y que de concederse la medida cautelar solicitada, se podría constituir el mismo, razones por las que se niega la suspensión definitiva solicitada. En estas condiciones no puede concederse a la quejosa la medida precautoria solicitada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a José Robín Nájera Salto, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el considerando segundo, por las razones precisadas en el mismo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, el cual dice: Por lo expuesto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida ya que como se apuntó, se restituyó a *******, en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, debido a que el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa se formó por duplicado, y el original ya obra agregado en autos, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, se ordena la destrucción del duplicado de dicha pieza incidental. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 3°, fracciones VII, XIV y XX, 12, 14, 18, fracción I, b), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena archivar, como asunto concluido, el expediente judicial en que se actúa, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido, es susceptible de depuración. Asimismo, con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General, se hace saber a las partes que quedan a su disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse debidamente identificados a recogerlos, estos serán agregados al expediente y llegado el momento podrán ser destruidos. Asimismo, se les indica que la devolución se realizará en días hábiles y en el horario comprendido de diez a catorce horas. Por otro lado de autos se advierte que la parte quejosa exhibió billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., para garantizar la suspensión otorgada en el incidente del que deriva este juicio de amparo; sin embargo, como éste ya se encuentra concluido, requiérase al impetrante para que solicite su entrega dentro del término de dos años que establece el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibido que en caso de no hacerlo, prescribirá en favor del Erario Federal. Sirve de apoyo, en lo que interesa la tesis III.4º.C.38 C (10ª), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1745, del Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009639, que establece: "PRESCRIPCIÓN DEL BILLETE DE DEPÓSITO EN FAVOR DEL FISCO FEDERAL. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, SE ACTUALIZA SI NO SE SOLICITA SU DEVOLUCIÓN DENTRO DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTES AL TÉRMINO DE SEIS MESES PREVISTO POR EL DIVERSO 129 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, PARA QUE LA PARTE TERCERO PERJUDICADA TRAMITE EL INCIDENTE DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. No obstante que el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada no restringe el derecho del quejoso para solicitar la devolución del billete de depósito que exhibió dentro del incidente de suspensión, una vez transcurrido el lapso de seis meses que dicha norma otorga a la parte tercera perjudicada para promover el incidente de reclamación de daños y perjuicios, sin que éste se tramitara, lo objetivamente incuestionable es que el citado dispositivo legal debe interpretarse de manera armónica con el 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación que, al respecto, establece que los depósitos al cuidado o a disposición del Gobierno Federal constituidos en dinero o en valores, inclusive, los intereses que en su caso generen, prescribirán a favor del fisco federal en dos años contados a partir de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución por el depositante. Con base en lo anterior, se concluye que si no se solicita la devolución del referido valor dentro de los dos años siguientes al término de seis meses previsto por el primer numeral citado, prescribe en favor del fisco federal." De igual forma, hágase saber a las partes que de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la persona que se presente a recoger los documentos en comento, deberá respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas de aquellas que se encuentra probada su efectividad [KN95 o en su caso tricapa], en todo momento. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la demanda de amparo promovida por Jessica Esbeydi González Jiménez, en su carácter de apoderada legal de José Robín Nájera Salto, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se provee como sigue: 1. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2. Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. 3. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. 4. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con dieciséis minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la Audiencia Constitucional. 5. Requerimiento de informe justificado y personalidad de la promovente. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, al cual debe acompañar copia certificada completa y legible de la totalidad de las constancias que lo apoyan, y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medidas y Actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se reitera que a fin de salvaguardar la integridad física de las partes en el presente juicio, y atendiendo a las directivas emitidas por las autoridades del país a fin de asegurar el distanciamiento social, mediante una interpretación pro persona y pro acción en términos del artículo 1 constitucional, se autoriza para que en caso de que así lo deseé la responsable, sea recibido el informe justificado en el correo institucional de este juzgado 1jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, en el entendido de que para dársele validez deberá remitirse mediante un correo oficial de la institución en cuestión, asimismo, se le hace de su conocimiento que se remitirá acuse de recibo por el mismo medio, dentro del transcurso de los siguientes días, por lo cual, en caso de no recibir tal acuse, se deberá a que no ha sido recepcionado. Asimismo, requiérase a la junta responsable para que al momento de rendir su informe, manifieste si a la fecha la promovente tiene reconocida dicha personalidad dentro del expediente laboral número 01/142/2017; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa equivalente a cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 259 de la Ley de la Materia. 6. Terceros interesados. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte de la quejosa en el juicio de origen porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la parte solicitante del amparo ?que subsista tal denegación? y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en contrapartida, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la jurisprudencia 1a./J. 90/2010 de rubro "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO" emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III del ordinal 5º de la Ley de Amparo ?abrogada?, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado ?ahora tercero interesado? a la contraparte del impetrante. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior ?no vigente?, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da la pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto, ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece: "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Y a ese principio en el ámbito jurídico supremo, el cual permea la interpretación y aplicación de las normas que derivan de las constitutivas, se ajusta mejor considerar que la contraparte de la parte quejosa no sea tercero interesado en casos como este, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia ?si en el fondo la hubiera?, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Así, debe hacerse hincapié en que lo que eventualmente afecta a la parte quejosa con la denegación que reclama, en todo caso, lo es la violación en el seguimiento del procedimiento en la etapa en la que se desarrolla y no el contenido o decisión que llegase a tomar la autoridad responsable y, por ende, esa denegación no le depara perjuicio a la contraparte de la quejosa. 7. Incidente de suspensión. Se ordena formar por cuerda separada el incidente de suspensión solicitado. 8. Ministerio Público Federal. Dese la intervención que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte en el presente asunto. 9. Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este órgano jurisdiccional si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte, y 251 de la Ley de Amparo. 10. Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 11. Pruebas. El promovente no ofertó material probatorio alguno en el escrito de cuenta, por tanto, no ha lugar a proveer sobre el particular. 12. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Callejón Juristas de Morelos, número 36, primer piso, colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos y por autorizados en los términos que propone a las personas que indica; ello, por tratarse de un asunto en materia laboral que es promovido por el otrora trabajador, conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a tener por autorizado el correo electrónico pereznavarreteabogados.pjf@gmail.com, para el efecto de recibir notificaciones, en razón de que el mismo conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente es para entablar comunicaciones no procesales en el presente juicio de amparo; por lo que se le tiene señalado para tal efecto. 13. Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII, y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 14. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 15. Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con independencia de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. 16. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." 17. Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. 18. Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en concordancia con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 en cita. Asimismo, se le hace saber al Secretario que autoriza y da fe que, acorde al fundamento citado, es su obligación dar fe del cumplimiento de lo aquí ordenado, a fin de que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marco Antonio García Cortez, quien autoriza y da fe.

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