José Roberto Sucedo López

Expediente 715/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
715/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • José Roberto Sucedo López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído de dieciocho de agosto del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto de veintinueve de junio del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado; por ende, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento en el juicio y que dicha determinación causa ejecutoria con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, de autos se advierte que las restantes partes no exhibieron documentos, ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido al tercero interesado Valeo Sistemas Electrónicos, sociedad anónima de capital variable, en el proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, háganse por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Agrega razón. Glósese la razón de la actuaria judicial adscrita de la que se advierte que no fue posible notificar al tercero interesado Valeo Sistemas Electrónicos, sociedad anónima de capital variable, la resolución de dieciocho de agosto de este año, por los motivos asentados en la misma, por tanto, como de autos no se advierte que haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, notifíquese dicha determinación por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. "Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con su anexo. En términos de lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la citada autoridad a las personas que refiere. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada en este acto, dada su propia y especial naturaleza, la prueba documental que acompaña dicha autoridad responsable. Visto el contenido del informe justificado que se agrega, en la parte en la que manifiesta: "[.] El acto reclamado del que se duele el hoy quejoso es FALSO; toda vez que con fecha 16 de agosto de 2021 se emitió calificación de pruebas, dentro del expediente citado al rubro. Remitiendo copia de lo antes mencionado en vía de prueba. En cuanto a la omisión de notificar auto es CIERTO, pero se niega que se estén violando los derechos humanos de hoy que quejoso, debido al exceso de las cargas de trabajo existentes en este Tribunal laboral, así como a la falta de personal, no ha sido posible notificar a las partes, pero el mismo se ha turnado con el C. Actuario adscrito a esta Junta para que realice las notificaciones correspondientes [.]" Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional, la omisión de la Junta responsable de calificar las pruebas ofrecidas por las partes y señalar fecha para su desahogo dentro del juicio laboral 651/2019 de su índice, así como notificar a las partes el mismo, con sus consecuencias legales. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Del escrito inicial de demanda y las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que: En el juicio laboral 651/2019 del índice de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se reservó la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes. A la fecha en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio de amparo -diecinueve de julio de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable aún no había emitido el acuerdo de calificación de pruebas correspondiente. Finalmente, la Junta responsable dictó el proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en el que calificó los medios de convicción ofrecidos por las partes y señaló fecha y hora para que tengan verificativo las pruebas que ameritan desahogo especial. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de omisión de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, cesó la omisión reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian al quejoso, pues al dictar la resolución respectiva, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. CabePor las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con quince minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente."

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con su anexo. En términos de lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la citada autoridad a las personas que refiere. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada en este acto, dada su propia y especial naturaleza, la prueba documental que acompaña dicha autoridad responsable. Visto el contenido del informe justificado que se agrega, en la parte en la que manifiesta: "[.] El acto reclamado del que se duele el hoy quejoso es FALSO; toda vez que con fecha 16 de agosto de 2021 se emitió calificación de pruebas, dentro del expediente citado al rubro. Remitiendo copia de lo antes mencionado en vía de prueba. En cuanto a la omisión de notificar auto es CIERTO, pero se niega que se estén violando los derechos humanos de hoy que quejoso, debido al exceso de las cargas de trabajo existentes en este Tribunal laboral, así como a la falta de personal, no ha sido posible notificar a las partes, pero el mismo se ha turnado con el C. Actuario adscrito a esta Junta para que realice las notificaciones correspondientes [.]" Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional, la omisión de la Junta responsable de calificar las pruebas ofrecidas por las partes y señalar fecha para su desahogo dentro del juicio laboral 651/2019 de su índice, así como notificar a las partes el mismo, con sus consecuencias legales. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Del escrito inicial de demanda y las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que: En el juicio laboral 651/2019 del índice de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se reservó la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes. A la fecha en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio de amparo -diecinueve de julio de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable aún no había emitido el acuerdo de calificación de pruebas correspondiente. Finalmente, la Junta responsable dictó el proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en el que calificó los medios de convicción ofrecidos por las partes y señaló fecha y hora para que tengan verificativo las pruebas que ameritan desahogo especial. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de omisión de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, cesó la omisión reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian al quejoso, pues al dictar la resolución respectiva, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. CabePor las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con quince minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte tercero interesada el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con su anexo. En términos de lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la citada autoridad a las personas que refiere. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada en este acto, dada su propia y especial naturaleza, la prueba documental que acompaña dicha autoridad responsable. Visto el contenido del informe justificado que se agrega, en la parte en la que manifiesta: "[.] El acto reclamado del que se duele el hoy quejoso es FALSO; toda vez que con fecha 16 de agosto de 2021 se emitió calificación de pruebas, dentro del expediente citado al rubro. Remitiendo copia de lo antes mencionado en vía de prueba. En cuanto a la omisión de notificar auto es CIERTO, pero se niega que se estén violando los derechos humanos de hoy que quejoso, debido al exceso de las cargas de trabajo existentes en este Tribunal laboral, así como a la falta de personal, no ha sido posible notificar a las partes, pero el mismo se ha turnado con el C. Actuario adscrito a esta Junta para que realice las notificaciones correspondientes [.]" Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional, la omisión de la Junta responsable de calificar las pruebas ofrecidas por las partes y señalar fecha para su desahogo dentro del juicio laboral 651/2019 de su índice, así como notificar a las partes el mismo, con sus consecuencias legales. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Del escrito inicial de demanda y las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que: En el juicio laboral 651/2019 del índice de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se reservó la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes. A la fecha en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio de amparo -diecinueve de julio de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable aún no había emitido el acuerdo de calificación de pruebas correspondiente. Finalmente, la Junta responsable dictó el proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en el que calificó los medios de convicción ofrecidos por las partes y señaló fecha y hora para que tengan verificativo las pruebas que ameritan desahogo especial. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de omisión de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, cesó la omisión reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian al quejoso, pues al dictar la resolución respectiva, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. CabePor las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con quince minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

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