José Roberto Rocha Alonso

Expediente 686/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
686/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • José Roberto Rocha Alonso

Actuaciones

  1. Principal

    Autoridad solicita copias certificadas. Agréguese a los autos el oficio signado por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 01, con sede en esta ciudad y, en atención a su contenido, hágasele saber que la información que solicita deriva del presente juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado Federal; por tanto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, remítase a la autoridad oficiante copia certificada de la totalidad de constancias que integran el expediente en que se actúa; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de once de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, No obran documentos originales. Archívese y remítase al lugar de su guarda.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2020, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, once de diciembre de dos mil veinte. I. Parte quejosa cumple con requerimientos. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual, cumple con los requerimientos formulados en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte; por tanto, se provee: II. Desechamiento. Del contenido de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio, se obtiene que el impetrante señala como acto reclamado la ejecución de la orden privativa de la libertad emitida en su contra, dentro de la causa penal 1P2020-618, del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Cuarta Región, con sede en esta ciudad. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que: "(.) el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (...)". De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)." En efecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia entienden por actos consumados, aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Entonces, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de los actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio constitucional en términos de la fracción XVI del artículo 61, de la ley de la materia. Ilustran los anteriores razonamientos, las tesis que a continuación se transcriben: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." (Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, página 1478). "SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven." (Jurisprudencia 493, Quinta Época, Pleno, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 326). En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto, por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si se considera que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la ejecución de la orden privativa de la libertad emitida en su contra, dentro de la causa penal 1P2020-618, del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Cuarta Región, con sede en esta ciudad, la cual se llevó a cabo el nueve de junio del año en curso, de tal suerte que el acto reclamado se encuentra consumado. Dicha consumación es de modo irreparable, pues aun en el caso hipotético de que se concediera la protección de la justicia federal, sería material y jurídicamente imposible restituir las cosas al estado en que encontraban antes de la violación de los derechos fundamentales, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de su libertad personal, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado. Entonces, al no ser reparable la violación alegada, se está frente a actos consumados de modo irreparable, lo que hace improcedente la acción constitucional intentada. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 16, del tomo 5 Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "ACTOS CONSUMADOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; pero no basta que el acto se consume de manera material para que por ese sólo hecho se tenga como irreparable, ya que sólo tienen ese carácter, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pero no lo son los que, en virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación." Por tanto, aun cuando llegara a concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, no sería posible restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que ningún efecto tendría la sentencia de amparo que se llegare a emitir. Al respecto, cobra aplicación la tesis V.2o.P.A.15 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable en la página 2130, Libro 60, Noviembre de 2018 Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LOS CONSTITUYEN LA DETENCIÓN, EL ENCARCELAMIENTO Y LA RETENCIÓN DEL IMPUTADO, CUANDO SE RECLAMAN DE MANERA DESTACADA, ADICIONALMENTE AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Deben considerarse irreparablemente consumados los actos mencionados para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, cuando se reclamen de manera destacada, adicionalmente al auto de formal prisión, porque aun de concederse la protección constitucional, sería física y materialmente imposible restituir al afectado en el goce de los derechos violados, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes; es decir, en el plano material de los hechos, no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener, encarcelar y retener, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron y que no pueden retrotraerse por los efectos de una sentencia, lo cual no implica que, en un momento dado, dichos actos puedan ser objeto de algún análisis de legalidad o constitucionalidad, como antecedente y fuente inmediata de algún acto privativo de la libertad, o como violaciones procesales trascendentales a un diverso acto reclamable en amparo, como sucede en el caso, al haberse reclamado también el auto de formal prisión derivado de los mismos hechos por los que se impugnan los demás actos por los que se desechó la demanda de amparo. En razón de lo anterior, será en todo caso dentro de la sentencia definitiva del juicio de amparo que se ocupe de analizar la constitucionalidad del auto de formal prisión, que la autoridad de amparo se encontrará en posibilidad de valorar las pruebas conducentes y determinar si los actos que precedieron al auto de formal prisión resultan legales o no, y de encontrar que alguna o algunas pruebas resultan ilícitas, efectuar la declaratoria correspondiente y ordenar su exclusión del caudal probatorio para los efectos conducentes, sin que ello implique o pueda tener el alcance de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes, dada la imposibilidad física y material a que se aludió. Por otra parte, este Juzgado de Distrito advierte que en el presente asunto también se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)." Atento a lo anterior, es necesario recordar que por situación jurídica se entiende el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen las diversas circunstancias jurídicas, siendo una de estas la afectación o restricción a la libertad en cualesquiera de sus formas, esto es, detención, aprehensión, formal prisión y pena. Ahora bien, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que en la audiencia inicial celebrada el nueve de junio del año en curso, dentro de la causa penal 1P2020-618, del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Cuarta Región, con sede en esta ciudad, se dictó auto de vinculación a proceso contra el impetrante; por tanto, resulta evidente que el acto reclamado, no solo dejó de tener vida jurídica, sino que, además, trajo como consecuencia un cambio de situación jurídica, que provoca que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas, en virtud de que a través de este medio, ya no es factible estudiar o decidir respecto al acto por esta vía reclamado, sin que se afecte la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Lo anterior, debido a que todas y cada una de las formas de afectación o restricción de la libertad tienen sus propias características, las cuales son condicionadas por determinadas normas jurídicas, de modo que cuando ésta cambia, desaparecen los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de afectación o de restricción de la libertad excluye a las otras y por lo mismo, ello hace que las violaciones reclamadas se estimen irreparablemente consumadas, lo que trae como resultado que en la especie se actualice la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, en razón del cambio de situación jurídica de la parte quejosa. En consecuencia, al concretizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XVII de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida de la licenciada María Quiroz García, secretaria que autoriza y da fe. Angélica.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Parte quejosa. ******************** II. Autoridad responsable. Juzgado de la Cuarta Región Penal de Oralidad, de esta ciudad, y otra autoridad. III. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 686/2020-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Prevención a parte quejosa. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I, II y IV, así como 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito y sin presentar ni formular una nueva demanda de amparo, cumpla con lo siguiente: Precise cuál es el acto que reclama al Juzgado de la Cuarta Región Penal de Oralidad, de esta ciudad, toda vez que es omiso en señalarlo en el capítulo respectivo, mientras que en el apartado atinente a sus conceptos de violación asevera que se encuentra en peligro inminente de perder el vehículo, así como que se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra y se le pretende privar de sus posesiones, todo lo cual resulta confuso, por lo que es necesario que el quejoso especifique el acto reclamado a la referida autoridad. Para lo anterior, es aplicable, en lo conducente, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del Tomo III, de Marzo de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que se ejecutó la orden privativa de la libertad emitida en su contra, puesto que se limita a aseverar que en el mes agosto del año en curso, fue privado de su libertad, sin acotar la data exacta en que ello aconteció. Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada, todos los antecedentes de los actos reclamados; para lo cual deberá relatar la totalidad de actuaciones verificadas dentro de la causa penal de origen, así como precisar el estado procesal en que se encuentra la misma, esto es, si a la fecha ya se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, caso en el cual, deberá señalar la fecha en que ello aconteció, así como la data en que se le notificó o tuvo conocimiento de dicho auto de vinculación; lo anterior, debido a que asevera encontrarse recluido en el centro de reinserción social de la localidad, mientras que en el capítulo de antecedentes de su libelo constitucional, se limita a esgrimir que en varias ocasiones se han diferido las audiencias intermedias y que ahora se señaló el once de diciembre para su desahogo. Precise para qué efectos solicita la suspensión de los actos reclamados, toda vez que en el capítulo respectivo se constriñe a aseverar que se encuentra privado de su libertad, lo que le genera daños de imposible reparación en su patrimonio, sin acotar sus efectos. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo numeral 24, ambos de la ley de Amparo, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. VI. Se exhorta a las partes. Por otro lado, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.

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