José Roberto Quiróz Millán
Expediente 1020/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Roberto Quiróz Millán
Actuaciones
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibido el escrito inicial de demanda firmada autógrafamente por José Roberto Quiroz Millán, contra los actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con sede en esta ciudad y otras autoridades. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 1020/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que llegaran a derivar del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que el quejoso en su carácter de tercero extraño señala como acto reclamado todo lo actuado en el juicio agrario 1011/2017; así como la orden girada a las autoridades ejecutoras para que sea despojado del terreno que tiene en posesión con motivo de un contrato de arrendamiento. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por separado fórmese y tramítese el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, en aras de aprovechar la implementación de las tecnologías y con el fin de promover la conservación del medio ambiente, se determina que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión a que refiere el citado precepto legal, se forme con la versión digital de la totalidad de las constancias que integrarán el cuaderno incidental original, mismas que podrán ser consultadas en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades responsables, el cual deben rendir dentro del término de quince días siguientes a aquel en que se notifiquen, donde expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se les impondrán una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio, lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los artículos 9, párrafo primero, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Infórmese a las autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar, más no acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO." CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten ya que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medida de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Se reserva proveer hasta en tanto obren en autos las constancias solicitadas a las autoridades responsable para apoyar sus respectivos informes justificados. PRUEBAS. De igual manera, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se tienen ofrecidas las pruebas documentales que anexa la parte quejosa a su escrito inicial de demanda consistentes en: 1.- Contrato de arrendamiento con firmas autógrafas celebrado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, entre Martín Sotero Zamora Ontiveros y Patricia Barraza Ramírez y/o Patricia Barraza de Zamora como los arrendadores, y José Roberto Quiroz Millán, como arrendatario. 2.- Dos copias simples de la escritura pública número 357, pasada ante la fe del Notario público número 162, licenciado Ismael Arenas Espinoza, con residencia y ejercicio en La Cruz, Elota, Sinaloa. Sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo, al igual que la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. Por otra parte, respecto a las diversas pruebas testimonial e inspecciones judiciales que ofrece, se reserva proveer hasta en tanto las partes de este juicio se encuentren notificadas del mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Santa Matilde número 20631, Colonia Santa Teresa, código postal 82090, en esta ciudad. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA.
- Incidental
APERTURA DEL INCIDENTE. Como fue ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con el escrito de solicitud de suspensión, con fundamento en los artículos 138, 140 y 143 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1020/2023, promovido por José Roberto Quiroz Millán, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con sede en esta ciudad y otras autoridades. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo previsto en la fracción III del numeral 138 del ordenamiento invocado, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo, el que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir del momento de su notificación, enviándoles para tal efecto copia autorizada de la demanda que se provee; en el entendido de que deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los hechos que se les atribuyen, a fin de determinar la existencia de los actos reclamados, pudiéndose agregar las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe previo, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Asimismo, de expresar las responsables un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirán en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria de referencia, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. PRUEBAS. Por otro lado, de acuerdo a lo previsto en el diverso ordinal 143 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas las pruebas documentales exhibidas por el quejoso en su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia incidental respectiva, donde se acordará sobre su admisión y desahogo. ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Los aspectos que el Juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados y los requisitos que los quejosos deben reunir para su procedencia, se encuentran contemplados tanto en la norma constitucional citada, como en los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), a saber: 1. SOLICITUD EXPRESA DEL QUEJOSO. Este requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo, se tiene por satisfecho con la demanda de amparo y la solicitud de la medida cautelar en el capítulo respectivo para el efecto de que no se le desposea o desaloje del lote de terreno rústico, ubicado en Camino Real de Piaxtla, Sindicatura de Ixpalino, municipio de San Ignacio, Sinaloa, con una superficie de 50-23-48.00 hectáreas, con clave catastral 12-037-01659-i, en el que se encuentra edificada una casa habitación, un empaque, una bodega, y tierras de riego, así como todos los bienes de su propiedad. 2. EXISTENCIA DEL ACTO CUYA SUSPENSIÓN SE SOLICITA. El requisito relativo a la existencia de los actos reclamados se acredita con las manifestaciones que formuló la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, cuando menos, de manera presuntiva, y únicamente para resolver la suspensión provisional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 12, agosto de 1993, registro 206395, de rubro: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. 3. QUE EL ACTO RECLAMADO SEA SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN. En la especie, el acto reclamado es de naturaleza positiva y por ende, sus efectos son susceptibles de ser suspendidos. Ello, teniendo en cuenta que la parte quejosa se duele de la orden de desposesión o desalojo del lote de terreno rústico, ubicado en Camino Real de Piaxtla, Sindicatura de Ixpalino, municipio de San Ignacio, Sinaloa, con una superficie de 50-23-48.00 hectáreas, con clave catastral 12-037-01659-i, en el que se encuentra edificada una casa habitación, un empaque, una bodega, y tierras de riego, así como todos los bienes de su propiedad que se encuentran dentro de dicha finca, derivado del juicio agrario 1011/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, en esta ciudad. 4. EL QUEJOSO DEBE RESENTIR UNA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO (INTERÉS SUSPENSIONAL). De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que la parte promovente además de solicitar la medida cautelar, demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Así, cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado la desposesión del bien inmueble que en esta vía defiende, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad expuestas por la parte quejosa en su demanda de amparo, se debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, se debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos le agravian. Esto es, si bien para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, lo cierto es que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación a la agraviada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 96/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 197239, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. En ese contexto, el quejoso se ostenta como tercero extraño en estricto sentido al juicio agrario 1011/2017, del índice del Tribunal Unitario del Agrario Distrito 39, en esta ciudad, donde se emitió la orden de desposesión o desalojo que reclama y que afecta los derechos de posesión en su calidad de arrendatario que refiere detentar, respecto del inmueble que en esta vía defiende. Así, el quejoso en la especie acreditó indiciariamente que la asiste interés para reclamar el desalojo o desposesión del bien inmueble descrito con antelación, toda vez que para tal efecto ofreció copia certificada por el licenciado José Luis Monárrez Palazuelos, Notario público número 194, con residencia y ejercicio en esta ciudad, del contrato privado de arrendamiento con firmas autógrafas celebrado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, celebrado entre Martín Sotero Zamora Ontiveros y Patricia Barraza Ramírez y/o Patricia Barraza de Zamora como los arrendadores, y José Roberto Quiroz Millán, como arrendatario; en cuyas cláusulas, en lo que interesa, se estableció que dicho contrato tendría una duración de siete años (del dos mil veintiuno al dos mil veintiocho), a partir, de la fecha en que se pactó, documental a la que se le concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. En esa tesitura, el quejoso cuenta con interés suspensional para solicitar la medida cautelar de mérito, a fin de no ser desposeído del aludido inmueble. 5. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA CITADA LEY. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece el diverso requisito para el otorgamiento de la medida cautelar, consistente en que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, el diverso 129 de la ley de la materia, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causa afectación al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Al respecto, el numeral en cita no define los conceptos de orden público e interés social, sino que únicamente contiene (en forma enunciativa, no limitativa) un catálogo de supuestos, los cuales contravienen tales conceptos, como se aprecia de aquel texto normativo al incluir el legislador la frase "se considera", entre otros casos. No obstante ello, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese contexto, corresponde al Juzgador examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución. Entonces, no se tendrá colmado el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando en caso de concederse la suspensión de los actos o las leyes reclamadas, implique que dejen de producirse actos o hechos tendentes a satisfacer necesidades colectivas, que reporten un beneficio a la sociedad, o bien, que eviten un trastorno o perjuicio público, esto es, que no procederá otorgar la referida medida precautoria cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, se estima que los actos reclamados no generan una afectación al orden público e interés social, puesto que la solicitud de suspensión del acto reclamado es para el efecto de que no se desposea a la parte quejosa del bien inmueble que defiende, con lo cual no se impide a la sociedad obtener un beneficio ni se permite alterar la organización de una colectividad; sin que ello implique suspender el procedimiento de origen respecto al bien inmueble señalado, pues se atiende lo previsto en el artículo 151 de la Ley de Amparo. 6. ANÁLISIS PONDERADO EN EL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA NO AFECTACIÓN AL ORDEN PÚBLICO Y AL INTERÉS SOCIAL. Para decidir sobre el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada, se debe ponderar simultáneamente la apariencia del buen derecho, con el perjuicio al interés social o al orden público que se ocasionaría con su concesión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciembre de 2009, registro 165659, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO." Así, a fin de conceder la suspensión de los actos reclamados, una vez satisfechos el resto de los requisitos legales, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir la quejosa. Así, el quejoso formuló manifestaciones bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, en relación a que se le pretende desposeer del inmueble que posee como arrendatario, con motivo de la orden de desalojo decretada en autos del juicio agrario 1011/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, en esta ciudad, sin ser oído ni vencido en juicio, lo que implicaría una violación a la garantía de audiencia, reconocida en el artículo 14 Constitucional. En consecuencia, al acreditarse los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, lo procedente es CONCEDER la suspensión provisional a José Roberto Quiroz Millán, para efecto de que, sin que se deje de actuar en el juicio del cual deriva el acto reclamado, no se desposea al quejoso del lote de terreno rústico, ubicado en Camino Real de Piaxtla, Sindicatura de Ixpalino, municipio de San Ignacio, Sinaloa, con una superficie de 50-23-48.00 hectáreas, con clave catastral 12-037-01659-I, en el que se encuentra edificada una casa habitación, un empaque, una bodega, y tierras de riego, así como todos los bienes de su propiedad, sin que tal circunstancia implique la paralización del procedimiento natural; lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. GARANTÍA. La medida cautelar surte efectos desde este momento, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe una garantía dentro del término de cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, para responder de los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercera interesada con la concesión de esta medida suspensional, de conformidad con los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo. Los parámetros para fijar la garantía que debe exhibir la quejosa, deben atender a que la suspensión otorgada implica la imposibilidad de la parte tercera interesada de disponer durante un tiempo determinado de la suerte principal más intereses moratorios que obtuvo, lo que resulta en el caso concreto cuantificable, puesto que la afectación que se puede causar a la referida tercera interesada con la suspensión otorgada, es estimable en dinero. Además, para la fijación del aludido monto, se debe partir de que el elemento tiempo de duración de la suspensión, se establece tomando en cuenta el promedio de la tramitación del juicio de amparo indirecto en un órgano jurisdiccional de este Decimosegundo Circuito, incluido el trámite del recurso de revisión (por ser durante todo ese tiempo que estará vigente la medida cautelar) que conforme a los datos estadísticos más recientes emitidos por la Dirección General de Estadística Judicial que aparecen publicados en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx, relativa a los indicadores estadísticos judiciales de productividad de este Juzgado de Distrito y de los Tribunales Colegiados del Decimosegundo Circuito, es de 118.23 (ciento dieciocho punto veintitrés) días y en amparo en revisión 250.86 (doscientos cincuenta punto ochenta y seis) días, que sumados dan un total de 369.09 (trescientos sesenta y nueve) días, por lo que dividida esa cantidad entre 30 (treinta), que son los días que en promedio tienen los meses del año, da un total de 12.30 (doce punto treinta), esto es, aproximadamente doce meses de probable duración del juicio constitucional, plazo tentativo que se estima adecuado, atendiendo a que el asunto particular es de complejidad media y que no se trata de un tema novedoso. Lo anterior, encuentra apoyo en la Tesis I.12o.C.123 C (10a.), registro digital 2019036, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2652, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. FORMA DE CUANTIFICAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS A FIN DE REPARAR LOS DAÑOS E INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS CUANDO SE IMPIDE AL TERCERO INTERESADO DISPONER DEL BIEN INMUEBLE, MATERIA DE LA CONTROVERSIA. Ahora, de las constancias que allegó la parte quejosa, consistente en la prueba documental pública relativa a la copia certificada por el licenciado José Luis Monárrez Palazuelos, Notario público número 194, con residencia y ejercicio en esta ciudad, del contrato privado de arrendamiento con firmas autógrafas celebrado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, entre Martín Sotero Zamora Ontiveros y Patricia Barraza Ramírez y/o Patricia Barraza de Zamora como los arrendadores, y José Roberto Quiroz Millán, como arrendatario, de donde se advierte que la renta anual del aludido predio es por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual será tomada como base para fijar la garantía. Luego, considerando que en la fecha en que se concede la presente medida cautelar, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica el Banco de México, la inflación correspondiente al mes de octubre de dos mil veintitrés, es de 4.26% (cuatro punto veintiséis por ciento) según la página oficial del Banco de México, que puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/ inflacion.html. Por tanto, para obtener la cantidad por los posibles daños, que se puedan llegar a ocasionar durante el plazo en que pudiera estar vigente la suspensión, se debe multiplicar la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por el 4.26% (cuatro punto veintiséis por ciento) que corresponde al porcentaje inflacionario en el mes de octubre de dos mil veintitrés (último publicado en la página respectiva) lo que da un resultado de $21,300.00 (veintiún mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), que dividido entre 360 (trescientos sesenta) días arroja un monto de $59.16 (cincuenta y nueve pesos 16/100 moneda de curso legal), que multiplicado por 369.09 (trescientos sesenta y nueve días aproximados de duración del juicio), se obtiene un total de $21,835.36 (veintiún mil ochocientos treinta y cinco pesos 36/100 moneda nacional), la cual deberá establecerse como garantía por concepto de daños. Por otra parte, en cuanto hace a los perjuicios, cabe señalar que la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), se debe multiplicar por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de cuatro semanas, correspondiente al día de hoy, que es de 11.5040% (once punto cinco mil cuarenta), lo que da como resultado $57,520.00 (cincuenta y siete mil quinientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), que dividido entre 360 (trescientos sesenta) días, arroja la cantidad de $159.77 (ciento cincuenta y nueve pesos 77/100 moneda nacional), que multiplicada por 369.09 (trescientos sesenta y nueve días aproximados de duración del juicio), se obtiene la suma de $58,969.50 (cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y nueve pesos 50/100 moneda nacional), que corresponde, como se precisó, al pago de perjuicios, en caso de no obtener sentencia favorable. Por tanto, la suma de ambos conceptos da un total de $80,804.86 (ochenta mil ochocientos cuatro pesos 86/100 moneda nacional). FORMAS DE EXHIBIR LA GARANTÍA. Cantidad fijada que deberá presentar la parte quejosa, en cualquiera de las formas establecidas por la ley para el cumplimiento de la obligaciones (billetes de depósito, pólizas de fianza, etcétera), ya sea de manera conjunta o separada y, en el supuesto de que decida hacerlo mediante pólizas de fianza, la afianzadora deberá indicar que se somete a la jurisdicción del juzgado de distrito, y que renuncia expresamente al procedimiento establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para el caso de hacer efectiva esa garantía, y se somete al procedimiento incidental previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo. En cambio, si opta por hacerlo mediante billetes de depósitos expedidos por el Banco del Bienestar, sociedad nacional de crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la institución crediticia depositaria debe incluir la leyenda de que la depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo del Apoyo de la Administración de Justicia, para que solicite y reciba la información que le permita el control de esos depósitos, y la relativa a que los depósitos no generan interés, rendimiento o contraprestación alguna en favor de la depositante; lo anterior, de conformidad con lo ordenado en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa del propio consejo. Del mismo modo, se hace la aclaración en el sentido de que en caso de exhibir póliza de fianza, deberá ser a disposición de este juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 46 de la Ley de la Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, en relación con el diverso numeral 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y la compañía respectiva deberá comprometerse en caso de que sea necesario hacerla efectiva, a sujetarse al trámite previsto en el ordinal 95 del preindicado ordenamiento.
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