José Roberto Piña Resendiz
Expediente 2272/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2272/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/10/2015
Partes del expediente
- José Roberto Piña Resendiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa...; hubiese recurrido el acuerdo dictado el primero de octubre del dos mil quince, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...VI
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponde, el escrito de cuenta, signado por el quejoso José Roberto Piña, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de dieciocho de septiembre de dos mil quince, relativa a la demanda de amparo que promovió contra actos del Juez noveno de Primera Instancia Civil con residencia en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales consagrados en las garantías individuales que invoca contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese tenor, en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo de dicho ordenamiento legal, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ..." "107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judicial, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De las constancias que remite la parte quejosa anexas al escrito de cuenta, se advierte que combate el auto de catorce de septiembre de dos mil quince, dictado por el Juez Noveno de Primera Instancia Civil, en autos del expediente 798/2014, en el cual se hizo efectivo el apercibimiento con el cual había sido prevenido, y se ordenó en contra del aquí impetrante de garantías, el embargo precautorio por la cantidad de $14,767,36, (catorce mil setecientos sesenta y siete pesos 36/100 Moneda Nacional). Asimismo, de las señaladas constancias, se desprenden como antecedentes que: El aquí quejoso José Roberto Piña Reséndiz, fue demandado en la vía sumaria civil por Claudia Margarita Hernández Ríos, por la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado entre dichas partes, respecto del bien inmueble ubicado en avenida Universidad Poniente, número 121, del Centro Histórico de esta ciudad, demanda que se radicó ante el Juez Noveno de Primera Instancia Civil, bajo el número 798/2014. Posteriormente al emplazamiento ordenado en la radicación de la aludida demanda, el aquí quejoso, contestó la misma y reconvino a la actora Claudia Margarita Hernández Río, y solicitó al Juez de origen, la declaración de la nulidad del contrato de arrendamiento en que basó su demanda la parte actora. Seguido el juicio por sus cauces legales, dentro del referido juicio sumario civil las partes contendientes celebraron un convenio en el que el hoy impetrante de garantías José Robert Piña Reséndiz, se obligó a favor de Claudia Margarita Hernández Ríos, al pago de rentas pendientes y generadas hasta que se concluyera con la entrega del bien inmueble ubicado en avenida Universidad Poniente, número 121, del Centro Histórico de esta ciudad, misma que hasta el veintiocho de enero de dos mil quince, no se había llevado a cabo. Asimismo, se advierte que el aquí quejoso, ha cumplido con gran parte del convenio que fue celebrado y presuntivamente elevado a cosa juzgada, en el juicio de origen, sin embargo, en autos de dieciocho de mayo, y nueve de junio de dos mil quince, en ejecución del convenio celebrado, se previno al aquí quejoso, a fin de que consignara en el término de tres días, la cantidad de $14, 767,36, (catorce mil setecientos sesenta y siete pesos 36/100 Moneda Nacional), por concepto de renta correspondiente al mes de enero de la presente anualidad y se apercibió al mismo, para en caso de no hacerlo, se despacharía ejecución en su contra por la cantidad aludida, resolución en contra de la cual el quejoso de mérito interpuso recurso de revocación. Posterior a dicho acto, en fecha catorce de septiembre de dos mil quince, el Juez de origen, decreto hacer efectivo en contra del quejoso José Roberto Piña Reséndiz, el apercibimiento con el que fue prevenido en auto de nueve de junio de dos mil quince, por lo que ordenó al actuario judicial de su adscripción, se constituyera en el domicilio ubicado en calle San Luís, número 121, esquina con San José, Colonia Carrillo Puerto, en esta ciudad, a fin de embargarlo por la cantidad de $14, 767,36, (catorce mil setecientos sesenta y siete pesos 36/100 Moneda Nacional), por concepto de renta del mes de enero de dos mil quince, auto que constituye el acto que aquí reclama el quejoso de marras. En ese orden de ideas, resulta que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" resuelta en el procedimiento de ejecución, donde por "última resolución" debe atenderse a la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En efecto, en acatamiento al mandato constitucional, la ley de la materia y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo como base la exposición de motivos de la ley citada en el sentido de evitar abusar del juicio de garantías, la procedencia del amparo que promueva quien fue parte en el procedimiento contra actos dictados después de concluido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a la peticionaria siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. La finalidad que persigue este criterio, es la de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones que en el procedimiento de ejecución sucedan, pues de lo contrario se obstaculizarían los procedimientos tendentes a cumplimentar las resoluciones que constituyan la verdad legal para quienes previamente fueron oídos en el juicio; resulta así, ya que se pretende dar un equilibrio entre el interés individual de quien estima sufrir un agravio en sus garantías individuales frente al interés de la sociedad para que se cumplan las sentencias. En esas condiciones, las sentencias firmes deben cumplirse cuidando que no se entorpezca la ejecución de las mismas; además, también debe cuidarse que el juicio de garantías no sea utilizado como instrumento que retarde la administración de justicia y, en cuanto a las personas que efectivamente hayan sufrido una violación en sus garantías individuales, podrán ser restituidas en el goce de éstas desde que se cometió la violación en ese procedimiento de ejecución si así lo determina el órgano de control constitucional. En el caso concreto se advierte que el acto que reclama la parte promovente, fue emitido en el período de ejecución del convenio que celebró con la ahora tercero interesada Claudia Margarita Hernández Ríos; por lo tanto, no satisface los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracción IV párrafo segundo, de la ley en comento y su interpretación jurisprudencial, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; y como ya quedó asentado, es parte en el juicio natural, y éste se encuentra en la etapa de ejecución. Sirve de apoyo la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una acude en forma analógica, ante la inexistencia de sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Asimismo, la jurisprudencia 170134, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Marzo de 2008, página 1482, que dice: AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, del mismo ordenamiento jurídico en consulta, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de garantías, promovida por José Roberto Piña Reséndiz, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente proveído. . .VI
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 02/10/2015 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 01/10/2015, QUE EN LO CONDECENTE DICE: Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponde, el escrito de cuenta, signado por el quejoso José Roberto Piña, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de dieciocho de septiembre de dos mil quince, relativa a la demanda de amparo que promovió contra actos del Juez noveno de Primera Instancia Civil con residencia en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales consagrados en las garantías individuales que invoca contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese tenor, en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo de dicho ordenamiento legal, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ..." "107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judicial, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De las constancias que remite la parte quejosa anexas al escrito de cuenta, se advierte que combate el auto de catorce de septiembre de dos mil quince, dictado por el Juez Noveno de Primera Instancia Civil, en autos del expediente 798/2014, en el cual se hizo efectivo el apercibimiento con el cual había sido prevenido, y se ordenó en contra del aquí impetrante de garantías, el embargo precautorio por la cantidad de $14,767,36, (catorce mil setecientos sesenta y siete pesos 36/100 Moneda Nacional). Asimismo, de las señaladas constancias, se desprenden como antecedentes que: El aquí quejoso José Roberto Piña Reséndiz, fue demandado en la vía sumaria civil por Claudia Margarita Hernández Ríos, por la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado entre dichas partes, respecto del bien inmueble ubicado en avenida Universidad Poniente, número 121, del Centro Histórico de esta ciudad, demanda que se radicó ante el Juez Noveno de Primera Instancia Civil, bajo el número 798/2014. Posteriormente al emplazamiento ordenado en la radicación de la aludida demanda, el aquí quejoso, contestó la misma y reconvino a la actora Claudia Margarita Hernández Río, y solicitó al Juez de origen, la declaración de la nulidad del contrato de arrendamiento en que basó su demanda la parte actora. Seguido el juicio por sus cauces legales, dentro del referido juicio sumario civil las partes contendientes celebraron un convenio en el que el hoy impetrante de garantías José Robert Piña Reséndiz, se obligó a favor de Claudia Margarita Hernández Ríos, al pago de rentas pendientes y generadas hasta que se concluyera con la entrega del bien inmueble ubicado en avenida Universidad Poniente, número 121, del Centro Histórico de esta ciudad, misma que hasta el veintiocho de enero de dos mil quince, no se había llevado a cabo. Asimismo, se advierte que el aquí quejoso, ha cumplido con gran parte del convenio que fue celebrado y presuntivamente elevado a cosa juzgada, en el juicio de origen, sin embargo, en autos de dieciocho de mayo, y nueve de junio de dos mil quince, en ejecución del convenio celebrado, se previno al aquí quejoso, a fin de que consignara en el término de tres días, la cantidad de $14, 767,36, (catorce mil setecientos sesenta y siete pesos 36/100 Moneda Nacional), por concepto de renta correspondiente al mes de enero de la presente anualidad y se apercibió al mismo, para en caso de no hacerlo, se despacharía ejecución en su contra por la cantidad aludida, resolución en contra de la cual el quejoso de mérito interpuso recurso de revocación. Posterior a dicho acto, en fecha catorce de septiembre de dos mil quince, el Juez de origen, decreto hacer efectivo en contra del quejoso José Roberto Piña Reséndiz, el apercibimiento con el que fue prevenido en auto de nueve de junio de dos mil quince, por lo que ordenó al actuario judicial de su adscripción, se constituyera en el domicilio ubicado en calle San Luís, número 121, esquina con San José, Colonia Carrillo Puerto, en esta ciudad, a fin de embargarlo por la cantidad de $14, 767,36, (catorce mil setecientos sesenta y siete pesos 36/100 Moneda Nacional), por concepto de renta del mes de enero de dos mil quince, auto que constituye el acto que aquí reclama el quejoso de marras. En ese orden de ideas, resulta que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" resuelta en el procedimiento de ejecución, donde por "última resolución" debe atenderse a la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En efecto, en acatamiento al mandato constitucional, la ley de la materia y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo como base la exposición de motivos de la ley citada en el sentido de evitar abusar del juicio de garantías, la procedencia del amparo que promueva quien fue parte en el procedimiento contra actos dictados después de concluido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a la peticionaria siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. La finalidad que persigue este criterio, es la de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones que en el procedimiento de ejecución sucedan, pues de lo contrario se obstaculizarían los procedimientos tendentes a cumplimentar las resoluciones que constituyan la verdad legal para quienes previamente fueron oídos en el juicio; resulta así, ya que se pretende dar un equilibrio entre el interés individual de quien estima sufrir un agravio en sus garantías individuales frente al interés de la sociedad para que se cumplan las sentencias. En esas condiciones, las sentencias firmes deben cumplirse cuidando que no se entorpezca la ejecución de las mismas; además, también debe cuidarse que el juicio de garantías no sea utilizado como instrumento que retarde la administración de justicia y, en cuanto a las personas que efectivamente hayan sufrido una violación en sus garantías individuales, podrán ser restituidas en el goce de éstas desde que se cometió la violación en ese procedimiento de ejecución si así lo determina el órgano de control constitucional. En el caso concreto se advierte que el acto que reclama la parte promovente, fue emitido en el período de ejecución del convenio que celebró con la ahora tercero interesada Claudia Margarita Hernández Ríos; por lo tanto, no satisface los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracción IV párrafo segundo, de la ley en comento y su interpretación jurisprudencial, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; y como ya quedó asentado, es parte en el juicio natural, y éste se encuentra en la etapa de ejecución. Sirve de apoyo la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una acude en forma analógica, ante la inexistencia de sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Asimismo, la jurisprudencia 170134, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Marzo de 2008, página 1482, que dice: AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, del mismo ordenamiento jurídico en consulta, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de garantías, promovida por José Roberto Piña Reséndiz, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente proveído. . .VI
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V i s t a s las piezas postales relativas a los oficios 4634 y 4636, dirigidos al Jefe General de la Policía Judicial y Coordinador de la Policía Judicial Adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros, ambos de la Procuraduría General de Justicia en México, Distrito Federal; agréguense a los autos sólo como debida constancia, toda vez que en dieciséis de abril de dos mil quince, se proveyó lo conducente respecto a dichas autoridades, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. . .VI
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