José Roberto Pedraza Molina
Expediente 1446/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 39 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1446/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Roberto Pedraza Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Vistas las piezas devueltas por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta localidad, que amparan los oficios 23456/2019 y 21327/2019, enviados a Alonso Israel Lira Salinas, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la Republica y Procurador General de la Republica, respectivamente, ambos con sede en la Ciudad de México, de las que se advierte respecto a la primera de las comunicaciones una leyenda que dice: "Cambio de domicilio", y por cuanto a la segunda de las mencionadas "LA AUTORIDAD QUE CITA NO EXISTE EN EL DOMICILIO". Por tanto, envíese nuevamente la primera de las misivas mencionadas en párrafo que precede al domicilio ubicado en avenida Paseo de la Reforma, número setenta y cinco (75), segundo piso, colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06300, en la Ciudad de México. Asimismo y en relación a la segunda de las comunicaciones, reexpídase con denominación correcta la cual es Fiscal General de la Republica, lo anterior es así, en razón de que al rendir su informe justificado (foja 152), la mencionada autoridad refirió ser su denominación correcta, la cual tiene su domicilio ubicado en Avenida Insurgentes, número veinte, de la glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700, en la Ciudad de México.
- Principal
Vista la pieza devuelta por el Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta localidad, que ampara el oficio 21328/2019, enviado al Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Republica, con sede en la Ciudad de México, de la que se advierte una leyenda que dice: "CAMBIO DE DOMICILIO", ahora bien, y dado que la denominación correcta de la autoridad antes mencionada es Alonso Israel Lira Salinas, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la Republica, con sede en la Ciudad de México, envíese nuevamente la comunicación en comento, con la denominación señalada en líneas que preceden, al domicilio ubicado en avenida Paseo de la Reforma, número setenta y cinco (75), segundo piso, colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06300, en la Ciudad de México.
- Principal
Visto el oficio que signa la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, téngase informando que por supresión del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, ahora conoce de la causa penal 19/2016-II. Atento a lo anterior, se tiene a la referida Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, como autoridad sustituta en el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Tiene apoyo a lo anterior por razón de contenido y razones que la sustentan el criterio de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXII, página 38, de la Quinta Época, con registro 308491, de la siguiente literalidad: "AUTORIDAD RESPONSABLE, SUSTITUCION DE LA. Si aquella contra quien se pidió el amparo cesa de tener jurisdicción en el negocio, por impedimento, excusa o cualquiera otra causa, tiene el carácter de responsable la que se avoca al conocimiento del asunto, por ser la única que está en condiciones de cumplir con todas las determinaciones dictadas en el amparo y de ejecutar la sentencia que se dicte en el juicio constitucional, independientemente de la responsabilidad que en el caso pueda corresponder, personalmente, a la autoridad que haya dictado la resolución, materia de la demanda." De igual manera, téngase a la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, dese vista a la parte quejosa y córrase traslado con copia autorizada del oficio de cuenta y constancias anexas, para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, este Juzgado se pronunciará respecto si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria.
- Principal
Visto el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación que antecede, y toda vez que se advierte que la parte quejosa no interpusó recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que SOBRESEYÓ y por otra parte AMPARÓ Y PROTEGIÓ al quejoso ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, por conducto de su titular Avimael Rodríguez Nava, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este juzgado federal sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, para efecto de que: 1. Deje insubsistente la resolución de dos de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 19/2016-II, que calificó de legal la orden de traslado de veintiocho de noviembre del mismo año, emitida por el Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de esta ciudad. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción y siguiendo los lineamientos establecidos en la presente sentencia, emita una nueva determinación debidamente fundada y motivada que podrá ser en el mismo sentido de la impugnada o en uno diverso. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaria de Gobernación, residente en la ciudad de México, al no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192 y 193 en relación con el 258 de la Ley de Amaro y del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Sin que haya lugar a requerir a Superior Jerárquico alguno, para que la autoridad responsable, de cumplimiento al fallo protector, toda vez que los órganos Jurisdiccionales de Primera Instancia no tienen Superior Jerárquico, en materia jurisdiccional, para efectos del cumplimiento de ejecutorias de Amparo. Es aplicable al caso por analogía la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2007295, Instancia: Plenos de Circuito Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Tesis: PC.I.C. J/3 K (10a.) visible a página 1378, Materia Común, de rubro y texto que se transcribe: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Hágase la devolución de las actuaciones de la causa penal 19/2016-II, que remitió la autoridad responsable Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, encargado del despacho por ministerio de ley, sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo por tratarse de copias certificadas. En otro orden, glósense a los autos para que obre como corresponda la pieza postal devuelta por la oficina de correos de México, residente en esta ciudad, que ampara el oficio 12713/2019, enviada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la Republica; en el que se le hace de su conocimiento que se declaró infundado el recurso de queja promovido por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, sin que haya lugar hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que en párrafos que preceden causo ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que a nada práctico llevaría ordenar que se gire de nueva cuenta.
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