José Roberto Padilla González
Expediente 157/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Roberto Padilla González
- Daniel Sierra Santana
- José Roberto Padilla González y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. DEVOLUCIÓN DOCUMENTOS. Agréguese el escrito de signado por Ángel Cabrera Vega, autorizado en amplios términos de los quejosos; como lo solicita, devuélvanse los discos compactos que acompañó a su demanda, así como los documentos que anexó a su escrito presentado el veintiuno de mayo del año en curso; no así la USB que refiere, ya que ésta no fue exhibida, tal como se advierte de la papeleta glosada a foja 13; hágase su entrega a la persona que señala, previa identificación y recibo que se deje agregado en autos, dejando en el lugar de los documentos copia de los mismos, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EJ. Uruapan, Michoacán, dos de octubre de dos mil diecinueve. SIN MAYOR TRÁMITE. Agréguese el oficio enviado por el Magistrado de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, por el cual informa en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite las constancias respectivas; sin que haya lugar a proveer al respecto, toda vez que en proveído de veintitrés de septiembre pasado, se acordó lo conducente, al haberse recibido dichas constancias al correo electrónico de este tribunal. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO. Atento el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de veintitrés de septiembre pasado, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo, mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito y se requirió a la autoridad responsable, para que justificara el cumplimiento dado a la sentencia amparadora. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por la responsable Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, se tiene: Efectos de la sentencia ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE. a) Deje insubsistente la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación XI-1/2019, de su índice. b) Con libertad de jurisdicción, emita una nueva determinación, en la que atienda en su totalidad los argumentos vertidos por la parte quejosa en su escrito de agravios; y, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. Mediante oficio 892 de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha, en el toca de apelación XI-1/2019, en la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecinueve y en su lugar emitió otra en la que se desprende que realizó un análisis de los agravios vertidos por la parte quejosa, como se indicó en la sentencia respectiva. Esto es, en lo que interesa expuso lo siguiente: ". Sexto. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se incorporan la totalidad de los agravios expresados por la parte recurrente, para su estudio, bajo los siguientes aspectos. El auto de vinculación a proceso, violó en su perjuicio el contenido del artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 4º, cuarto párrafo, y 19, último párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales; Lo anterior, toda vez que el Juez de control omitió ponderar que en los certificados médicos de catorce y quince de noviembre de dos mil dieciocho, que se exhibieron, se describen las lesiones que les fueron inferidas a los quejosos cuando fueron detenidos; lesiones las cuales coinciden con lo declarado por éstos ante el Juez de Control; Así dicha autoridad, al dejar de tener en cuenta lo que consta en estos certificados médicos, puso en riesgo el derecho a la protección a la salud contenido en el artículo 4º de la Constitución y no respetó la prohibición de que se infieran malos tratos a las personas detenidas por las autoridades a que se refiere el artículo 19 de ese mismo cuerpo normativo. A partir de la existencia de dichos certificados médicos, el Juez de Control estaba obligado a denunciar este aviso ante las autoridades y a poner en duda la legitimidad de todos los actos desplegados por los Policías Ministeriales, como por el Ministerio Público." . ". En cuanto al agravio sexto, en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de tutela constitucional, se analiza bajo las siguientes consideraciones. Contrario a los motivos de disenso, no hubo una omisión por parte del juez de control para pronunciarse sobre la información expuesta por la defensa en audiencia, derivada de los datos de prueba que contienen las certificaciones médicas de los imputados, posteriores a su detención. En efecto, el debate al respecto, mediante el control horizontal de las partes, se suscitó en la primera etapa de la audiencia inicial; esto es, durante el control de detención de los imputados, donde la defensa, expuso la información correspondiente y solicitó al juzgador su atención dado que eran visibles algunas de las lesiones que presentaban sus representados. El juez de control generó el debate entre las partes, donde la fiscalía, de igual manera expuso la naturaleza de las lesiones de los imputados, tales como excoriaciones y equimosis; una vez cerrado el mismo, el juzgador procedió a emitir su resolución [10:00 a.m. de la sesión de 17 de noviembre de 2018]. El juzgador primario, de acuerdo a la información producida en audiencia por las partes, destacó la información atingente a las lesiones que presentaron los imputados y que atribuyen a los elementos aprehensores. No obstante, el juzgador de control señaló que no se advertía una finalidad en el caso de la tortura, dado que los imputados se reservaron en sede ministerial de su derecho a declarar; también, el juzgador subrayó que no se hizo ningún pronunciamiento por las partes, respecto al impacto que tal circunstancia -haber sido golpeados- tendría en el procedimiento sobre los datos de prueba obtenidos por la fiscalía, es decir, que no existió ningún efecto intraprocesal. Tal determinación, es acorde a lo sustentado por la primera sala de la SCJN en casos similares; esto es, en aquellos supuestos que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar una investigación a fin de determinar si se actualizó o no la tortura y, de corroborarse ésta, ceñirse a los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas, pues en esos supuestos la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto. Sin embargo, en cautela de los derechos de los imputados e invocados en los agravios, el juez de control ordenó la vista a la fiscalía sobre la denuncia de tortura para efectos de la investigación correspondiente como delito. Tal determinación, también se encuentra dentro de los parámetros de actuación, por parte de la autoridad jurisdiccional, cuando existe la denuncia de tortura, sin efecto intraprocesal. Además, como acertadamente lo consideró el juez de control, el hecho que los imputados hayan denunciado haber sido golpeados, durante o después de su detención, con independencia si fueron elementos de la Marina -versión de los imputados- o por agentes de la policía ministerial -versión de la fiscalía- la vista para la investigación de esos hechos denunciados a la fiscalía es procedente. No obstante, las evidencias físicas que presentaban los imputados, de las cuales el juez de control sí dio cuenta en audiencia, no constituyen información conclusiva a efecto de corroborar la versión de la detención de los imputados, por elementos de la Marina. Lo anterior es así, dado que, tal acontecimiento, pudo haberse suscitado, en ambos escenarios; es decir, tanto al ser detenidos como refieren los imputados o como afirma la fiscalía, por elementos de la policía ministerial en el lugar de los hechos. Máxime, que como enseguida se verá, la versión de los imputados al respecto -detención- no se encuentra, en este estadio, lo suficientemente corroborada, para confrontar la imputación. ." (sic) Del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que con la resolución de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la autoridad señalada como responsable, en autos del toca 1/2019 de su índice, se restituyó a la parte agraviada del derecho fundamental que le fue vulnerado. Es así, pues la responsable realizó el pronunciamiento de acuerdo a los lineamientos que quedaron estipulados en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
EJ. Uruapan, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. INFORMA CUMPLIMIENTO. Agréguense el oficio y constancias enviadas por la autoridad responsable Magistrada de la Octava Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, por el cual informa respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto anexa las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento total dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dése vista a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Resulta aplicable a lo anterior, el siguiente criterio: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." OFICIO SIN MAYOR TRÁMITE. Por otro lado, glósese únicamente como antecedente el diverso oficio signado por el Magistrado responsable, por el cual informa las acciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acusa recibo del oficio 866/2019, de trece de septiembre pasado; lo anterior, toda vez que en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, se acordó al respecto, al haberse recibido dicha comunicación en el correo electrónico de este tribunal. ACUSA RECIBO. Agréguese el oficio enviado por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Apatzingán, Michoacán, por el cual acusa recibo del oficio 867/2019-ME-Ir, al que se anexaron copias certificadas del proceso penal 10/2018; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE, personalmente a las partes
- Principal
I. Uruapan, Michoacán, a trece de septiembre de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó y concedió a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente juicio de amparo ; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. REQUERIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, para que en el improrrogable plazo de TRES DÍAS hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento total, sin excusa ni evasivas, a la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a la responsable que deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectriz, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realice la responsable deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se les conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remita o informe, se advierte que las gestiones que haya realizado o se encuentre realizando, son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 20007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I pagina 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VICENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. DOCUMENTAL. Finalmente al resultar innecesaria su conservación, devuélvanse al Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán y Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la región Apatzingán, Michoacán, las documentales consistentes en el original del toca penal XI-I/2019, y copias certificadas del proceso penal 109/2018, que remitieron en apoyo a su informe justificado, en el entendido que respecto de la primera documental desglósese del presente expediente (fojas 144 a 352), dejando en su lugar la certificación respectiva; asimismo, solicítese a dichas autoridades ordenen a quien corresponda acusen recibo de estilo NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables.
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