José Roberto Murillo Hernández
Expediente 186/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Roberto Murillo Hernández
- José Roberto Murillo Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
...CÚMPLASE...
- Principal
... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del cinco al nueve del mes y año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. Como se desprende de los párrafos que anteceden, el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dígase al promovente de que se trata que quedan a su disposición las copias de la demanda de garantías que exhibió, en la secretaría del juzgado para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, comparezca con identificación fehaciente a recogerlas, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido se procederá a destruirlas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del cinco al nueve del mes y año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. Como se desprende de los párrafos que anteceden, el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dígase al promovente de que se trata que quedan a su disposición las copias de la demanda de garantías que exhibió, en la secretaría del juzgado para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, comparezca con identificación fehaciente a recogerlas, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido se procederá a destruirlas. ...
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
Agréguese el oficio FEH/0092/2018, signado por el Fiscal Especializado de Homicidios, Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa del cumplimiento dado a la suspensión de oficio y de plano otorgada por este juzgado federal al quejoso Roberto Ramírez Lozano y/o José Roberto Murillo Hernández. Por otro lado, glósese el oficio B-097/2018, signado por el encargado del Área de Internación "Barandilla", con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, en oficio 2881, de fecha veintiséis de febrero del año en curso, informa que el quejoso Roberto Ramírez Lozano y/o José Roberto Murillo Hernández, ingresó a esa área de internamiento el veinticinco de febrero de dos mil dieciocho, a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, por la tripulación de unidad oficial con el número económico 3416, perteneciente a la Policía Estatal Preventiva, así como que a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos (sic) de ese mismo día, se dejó en absoluta libertad al citado quejoso, al concluir su arresto respectivo, lo que acredita con las copias certificadas que acompaña al mismo. Asimismo, informa que Roberto Ramírez Lozano y José Roberto Murillo Hernández, son la misma persona. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ahora, para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil dieciocho, ante este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, Maritza Valencia Murillo, promovió juicio de amparo a favor de José Roberto Murillo Hernández, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistente en: ".De todas las autoridades señaladas como responsables tanto ordenadoras y ejecutoras, reclamo a nombre de JOSÉ ROBERTO MURILLO HERNÁNDEZ el haber sido incomunicado y privado de su libertad, estar realizando actos de tortura, fuera de todo procedimiento judicial y sin orden escrita de autoridad judicial o ministerial competente debidamente fundada y motivada. Desaparición forzada de personas, la que se reclama a Carlos Hernández Camacho, Fiscal General de Homicidios dependiente de la Fiscalía regional de delitos de alto impacto de la Procuraduría General de justicia del estado de Michoacán.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompaña en copia certificada a su comunicado de cuenta, se advierte que la autoridad de mérito, con fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciocho procedió a dejar en absoluta libertad al aquí quejoso, al concluir su arresto respectivo, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, es así en razón a que, los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la privación de la libertad, incomunicación y actos de tortura, también lo es que con fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciocho, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos (sic) fue puesto en libertad, al concluir su arresto administrativo, como se aprecia de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, y lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo que dio origen a este expediente, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia. Lo anterior, aunado a que en el certificado de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciocho, con número de folio 13101, se asentó que el aquí quejoso, se encontraba clínicamente sano. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio FEH/0092/2018, signado por el Fiscal Especializado de Homicidios, Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa del cumplimiento dado a la suspensión de oficio y de plano otorgada por este juzgado federal al quejoso Roberto Ramírez Lozano y/o José Roberto Murillo Hernández. Por otro lado, glósese el oficio B-097/2018, signado por el encargado del Área de Internación "Barandilla", con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, en oficio 2881, de fecha veintiséis de febrero del año en curso, informa que el quejoso Roberto Ramírez Lozano y/o José Roberto Murillo Hernández, ingresó a esa área de internamiento el veinticinco de febrero de dos mil dieciocho, a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, por la tripulación de unidad oficial con el número económico 3416, perteneciente a la Policía Estatal Preventiva, así como que a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos (sic) de ese mismo día, se dejó en absoluta libertad al citado quejoso, al concluir su arresto respectivo, lo que acredita con las copias certificadas que acompaña al mismo. Asimismo, informa que Roberto Ramírez Lozano y José Roberto Murillo Hernández, son la misma persona. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ahora, para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil dieciocho, ante este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, Maritza Valencia Murillo, promovió juicio de amparo a favor de José Roberto Murillo Hernández, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistente en: ".De todas las autoridades señaladas como responsables tanto ordenadoras y ejecutoras, reclamo a nombre de JOSÉ ROBERTO MURILLO HERNÁNDEZ el haber sido incomunicado y privado de su libertad, estar realizando actos de tortura, fuera de todo procedimiento judicial y sin orden escrita de autoridad judicial o ministerial competente debidamente fundada y motivada. Desaparición forzada de personas, la que se reclama a Carlos Hernández Camacho, Fiscal General de Homicidios dependiente de la Fiscalía regional de delitos de alto impacto de la Procuraduría General de justicia del estado de Michoacán.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompaña en copia certificada a su comunicado de cuenta, se advierte que la autoridad de mérito, con fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciocho procedió a dejar en absoluta libertad al aquí quejoso, al concluir su arresto respectivo, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, es así en razón a que, los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la privación de la libertad, incomunicación y actos de tortura, también lo es que con fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciocho, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos (sic) fue puesto en libertad, al concluir su arresto administrativo, como se aprecia de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, y lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo que dio origen a este expediente, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia. Lo anterior, aunado a que en el certificado de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciocho, con número de folio 13101, se asentó que el aquí quejoso, se encontraba clínicamente sano. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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