Jose Roberto Moreno Lopez
Expediente 1647/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1647/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Roberto Moreno Lopez
- Andrés Peralta Albarrán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de julio de dos mil veintidós. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia dictada en estos autos, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Causa Ejecutoria En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el cuatro de abril de dos veintidós, terminada de engrosar el veintiocho de junio del mismo año, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Se ordena archivo Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y toda vez que se negó la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia, y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE PROCEDE A NOTIFICAR LA SENTENCIA TERMINADA DE ENGROSAR EL VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DICTADO(A) POR EL TITULAR DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE ACTÚA, A LA PARTE TERCERO INTERESADA ****, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, respecto de la autoridad y acto precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a J****, respecto de la autoridad y acto precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por ***, en su carácter de apoderado legal de la moral tercero interesada ***, mediante el cual se apersona a la presente instancia, formula alegatos, señala domicilio procesal y ofrece pruebas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 5º, fracción III, inciso b), y 124, de la Ley de Amparo, se tiene a la citada parte por apersonada al presente juicio de amparo y por formulados sus alegatos, mismos que serán tomados en consideración al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Además, con base en el artículo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. Finalmente, ofrece como prueba, se requiera a Plataforma México o en su caso a la Fiscalía General del Estado de Morelos, un listado de carpetas de investigación o juicios vinculados a los aquí; sin embargo, no ha lugar a tener por admitida la prueba que refiere, en atención a las siguientes consideraciones. Primeramente, el artículo 75 de la Ley de Amparo, textualmente dice: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. (.)" En el artículo 75 de la Ley de Amparo, se recoge el llamado principio de limitación de prueba y con base en él se establece que en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomaran en consideración los medios de convicción que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para demostrar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. Dicho principio que consagra el multireferido artículo 75 de la ley de la materia tiene su origen jurídico en los principios del derecho y de la lógica, puesto no es dable juzgar la conducta de una autoridad sino frente a la situación y las circunstancias que concurrieron en el momento en que se emitió la propia resolución, es decir, con los mismos elementos que tuvo para resolver en determinado sentido; esto implica que los tribunales federales no pueden sustituirse, al decidir el juicio de amparo, a la autoridad y fundamentar sus sentencias en probanzas que aquélla no tuvo en cuenta, puesto que de hacerlo se convertirían en tribunales de plena jurisdicción, desvirtuando con ello el fin primordial para los que fueron creados, o sea, para vigilar el estricto acato a las normas que marca nuestra Carta Magna. Siguiendo ese criterio, en el párrafo primero del numeral en cuestión se señala que en las sentencias de amparo sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad. También, en el segundo de sus párrafos, se establece la obligación del juzgador constitucional de recabar oficiosamente aquellas pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, se advierta que no obren en el cuaderno de constancias o autos y siempre y cuando dicho juzgador las considere necesarias para poder resolver el asunto. Como puede verse, este precepto recoge uno de los principios característicos del juicio de amparo tradicional que es el de "limitación de pruebas" antes mencionado, que funda sus raíces en la estructura lógica de que el análisis de la constitucionalidad del actuar de una autoridad debe hacerse con base en el mismo marco probatorio que la autoridad señalada como responsable tuvo en su poder o a su alcance para resolver o actuar en la forma en que lo hizo. Además, la tendencia mostrada en el numeral referido, al exigir al juez de amparo recabar pruebas oficiosamente cuando sean necesarias para resolver sobre la constitucionalidad y no obren en los legajos de autos, no desvirtúa la persistencia de dicho principio de limitación probatoria, pues esto es procedente siempre y cuando las citadas pruebas hubieren sido presentadas ante la responsable. Las anteriores consideraciones, encuentran sustento, por identidad jurídica sustancial, en el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en la tesis VII.P.5 K, que dice: "ACTO RECLAMADO. APRECIACIÓN DEL, AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo el acto combatido debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no deben ser admitidas ni tomadas en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante tal autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución impugnada, norma que tiene su origen jurídico en los principios mismos del derecho y de la lógica, ya que no es dable juzgar la conducta de la autoridad sino frente a la situación y las circunstancias que concurrieron en el momento en que se emitió la propia resolución, lo que implica que los tribunales federales no pueden sustituirse, al decidir el juicio de amparo, a la autoridad y fundamentar sus sentencias en probanzas que aquélla no tuvo en cuenta, ya que de hacerlo se convertirían en tribunales de plena jurisdicción y desvirtuarían el espíritu de la Carta Magna y de la Ley de Amparo." De igual manera, la tesis número II.2o.P.37 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo contenido señala: "PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE PRUEBAS EN EL AMPARO. SUS EFECTOS. El artículo 78 de la Ley de Amparo contiene, como regla general, el llamado principio de "limitación de pruebas" inherente al juicio de garantías, el cual constituye un medio de control constitucional que tiene la naturaleza de un procedimiento impugnativo autónomo y no una instancia o recurso ordinario adicional. Por tales motivos, la limitación de pruebas o de análisis probatorio, da lugar a una limitante con dos diversos efectos; por un lado, el relativo a que para juzgar el acto reclamado y su constitucionalidad, la autoridad de amparo no puede comprender en materia de prueba, aspectos o cuestiones ajenos a los que la responsable estuvo en aptitud de considerar, de ahí que se establezca la obligación de apreciar el acto "tal y como aparezca probado ante la responsable"; y por otro, se produce una limitación, la cual consiste en evitar que el juzgador de amparo al sustituirse en la competencia exclusiva de aquella autoridad llegue al extremo opuesto de justificar o mejorar el contenido del acto reclamado." Bajo el mismo tenor, debe tenerse en cuenta que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es una resolución de vinculación a proceso, el cual se emite de conformidad con los principios del sistema de justicia penal acusatorio y oral, entre el que se encuentra el de contradicción, que garantiza la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Federal, de esta manera el Juez de control, atento a los extremos que rigen tal principio, debe emitir su decisión únicamente con base en los antecedentes de investigación que exponga el ministerio público en la audiencia correspondiente, lo que significa que debe abstenerse, salvo excepciones, de revisar las actuaciones de la carpeta de investigación practicadas por el órgano técnico, con el fin de evitar que se prejuzgue. En mérito de lo anterior, este órgano de control Constitucional no puede sustituir a la autoridad responsable y analizar el acto reclamado, en probanzas que aquella no tuvo en cuenta o en cuestiones que no fueron objeto del debate en la audiencia de vinculación a proceso y con base en las cuales emitió la resolución impugnada. Esto es así, porque de hacerlo se contraviene el artículo 75, párrafo primero, invocado y desvirtuaría el principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio, siendo este una exigencia ineludible vinculada con el derecho de defensa que establece dicho sistema. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I. 1º.P61 P (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Materia Común, Décima Época, visible en la página 3034, Tomo IV, Agosto de 2017, Libro 45, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI EL ACTO RECLAMADO ES EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ES IMPROCEDENTE ADMITIR COMO DOCUMENTAL LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DE LA QUE SE OBTUVIERON LOS DATOS PROBATORIOS PARA DICTARLO. El artículo 75 de la Ley de Amparo regula el denominado principio de limitación de prueba, conforme al cual, en los juicios de control constitucional el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración los medios de convicción que no se hayan rendido ante dicha autoridad para demostrar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; postulado que da lugar a una limitante con dos diversos efectos: 1) el relativo a que para juzgar el acto reclamado y su constitucionalidad, la autoridad de amparo no puede comprender, en materia de prueba, aspectos o cuestiones ajenos a los que la responsable estuvo en aptitud de considerar; y, 2) se produce una limitación, la cual consiste en evitar que el juzgador de amparo, al sustituirse en la competencia exclusiva de aquella autoridad, llegue al extremo opuesto de justificar o mejorar el contenido del acto reclamado. En ese sentido, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, debe tomarse en consideración que dicha determinación judicial se emite de conformidad con los principios del sistema de justicia penal acusatorio y oral, entre el que se encuentra el de contradicción, que garantiza la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Federal, en la medida en que se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio, la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Así, tanto el Ministerio Público, como el imputado y su defensor, deben exponer al juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte, a fin de convencerlo de su versión, a lo cual se le conoce como "teoría del caso". De esa manera, en el auto de vinculación a proceso, el Juez de control, atento a los extremos que rigen al principio de contradicción, debe emitir su decisión únicamente con base en los antecedentes de investigación que le exponga el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, es decir, debe analizar y ponderar las cuestiones debatidas en la audiencia inicial o, en su caso, en la de vinculación a proceso, pues el sistema adversarial estatuye la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del proceso penal acusatorio, lo que significa que el Juez de control debe abstenerse, salvo excepciones, de revisar las actuaciones de la carpeta de investigación practicadas por el órgano técnico, con el fin de evitar que prejuzgue, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, dado el plano de igualdad entre los contendientes, debiendo valorar la racionabilidad de los argumentos expuestos por las partes. Máxime que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no exige como requisito para emitir el referido acto de molestia, que el juzgador de control tenga que verificar directamente en la carpeta de investigación la información que sea aportada durante el desarrollo de la audiencia inicial, sino que debe sujetarse a los antecedentes de la investigación que exponga la representación social, de los que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; sin soslayar que de conformidad con los artículos 113, fracción VIII, 117, fracción IV, 218, párrafos primero y tercero y 219, todos del código procesal citado, el imputado y su defensor tienen el derecho de acceder a los registros que obran en la carpeta de investigación, incluso, a obtener copia de ella con la oportunidad debida para preparar la defensa; más cuando el imputado es presentado ante el Juez de control en calidad de detenido, supuesto en el que de acuerdo con el artículo 308 del mismo código, el propio juzgador, previo a analizar y resolver sobre la legalidad de la detención, debe hacerle saber al imputado que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros respectivos. De lo que se colige que, a efecto de analizar la constitucionalidad del acto reclamado (auto de vinculación a proceso), el juzgador de amparo no puede sustituirse a la autoridad responsable y analizar la sentencia que corresponda, en probanzas que aquélla no tuvo en cuenta o en cuestiones que no fueron objeto del debate en la audiencia de vinculación a proceso y con base en las cuales emitió la resolución impugnada. Esto es así, porque de hacerlo contravendría el artículo 75, párrafo primero, invocado, y desvirtuaría el principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio, siendo este postulado una exigencia ineludible vinculada con el derecho de defensa que establece dicho sistema; de ahí que para la sustanciación del juicio sea improcedente admitir como prueba documental, la carpeta de investigación de la que se obtuvieron los datos probatorios para dictar el auto de vinculación a proceso." En tales circunstancias, este juzgado se encuentra legalmente impedido para admitir la probanza que ofrece el solicitante de amparo; toda vez que al dictar la sentencia de amparo, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a apreciar el acto combatido, según los hechos probados ante la autoridad que lo emitió. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que la autoridad responsable ya remitió las constancias relativas al acto reclamado como complemento a su informe con justificación, entre las que se encuentran copia certificada de la carpeta administrativa, así como el audio y video de las audiencias celebradas en el expediente JCJ/451/2021, las cuales se consideran suficientes para resolver el presente sumario constitucional puesto que se encuentran directamente relacionadas con el acto reclamado. Notifíquese; y personalmente a la parte tercero interesada.
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