José Roberto Montiel Esparza y Otros.

Expediente 1052/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1052/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2018

Partes del expediente

  • José Roberto Montiel Esparza y Otros.
  • José Roberto Montiel Esparza

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo concedido al promovente de amparo, por auto de dieciséis de noviembre pasado, para que aclarara su pretensión realizada en el escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado en esa fecha, transcurrió del veintisiete al veintinueve del mes en curso, sin que desahogara tal requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, en ese sentido, se tiene por no presentado el ocurso de referencia. Vuelvan los autos al archivo.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por Filiberto Valentín Ugalde Calderón, asesor jurídico, en representación de José Roberto Montiel Esparza y Ana Fabiola Juárez Ramírez; en atención a su contenido, requiérase a dicho promovente para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, precise cuál es su pretensión, pues al parecer promueve una nueva demanda de amparo, lo que no tiene congruencia al haberla dirigido al juicio en que se actúa, en que se desechó la diversa que presentó el quince del mes actual por la misma vía. Apercibido que de no cumplir se tendrá por no presentado el ocurso de referencia.

  4. Principal

    Ciudad de México, a quince de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Filiberto Valentín Ugalde Calderón, asesor jurídico, en representación de José Roberto Montiel Esparza y Ana Fabiola Juárez Ramírez, contra los actos reclamados de la Agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 2, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad; de conformidad con el artículo 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 1052/2018. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, la parte quejosa reclama: * "El contenido del oficio sin número de fecha 5 de noviembre de 2018, notificado el 14 de noviembre de 2018, por el que la ministerio público Mónica Altamirano Bernal, remite al Director Ejecutivo de Justicia Cívica de la Ciudad de México la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-1/UI-1/S/D/0228/02-2018". Del contenido de dicho comunicado se advierte que una de las autoridades señaladas como responsables remitió tal indagatoria al Director Ejecutivo de Justicia Cívica de la Ciudad de México, "POR SER DE SU ÚNICA Y EXCLUSIVA COMPETENCIA". Establecido lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia. En efecto, de la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia que aparece publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". En ese contexto, es evidente que la determinación controvertida no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, porque no constituye un acto definitivo. Así se considera, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, concluyó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción VIII del numeral 107 de la ley de la materia, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Dicho criterio quedó plasmado en la jurisprudencia P./J.17/2015(10a.), publicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Por tanto, si en el caso la parte quejosa reclama el oficio por el que se declinó competencia para conocer de la carpeta de investigación mencionada, lo procedentes es desechar de plano la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, con la precisión que si eventualmente existiera una resolución en que se hubiera aceptado tal competencia, tiene a salvo su derecho para controvertir dicho acto por la vía que estime procedente, pues de los antecedentes relatados bajo protesta de decir verdad no se aprecia tal circunstancia. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, practíquensele las notificaciones correspondientes a través de la vía electrónica.

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