Jose Roberto Lafarga Baltzar

Expediente 238/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
238/2015
Año
2015
Actuaciones
23
Última actuación
28/04/2016

Partes del expediente

  • Jose Roberto Lafarga Baltzar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en el cual se tuvo la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva del acto reclamado. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte tercero interesada, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADA JOSÉ ROBERTO VILLASEÑOR FRÍAS, publicada el uno de abril de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo, que dice: "Vista la certificación secretarial que antecede, así como las constancias que integran el presente asunto, de las que se desprende que las autoridades responsables Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Primero de lo Familiar de esta ciudad, expresaron la imposibilidad que tienen para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias en el procedimiento de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto, de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Juez y Actuarios adscritos al Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, de quienes reclamó lo que enseguida se precisa: "[.] la sentencia interlocutoria de treinta de marzo de dos mil quince, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, dentro del expediente 842/2014. [.]" De ahí que mediante resolución definitiva de veinticuatro de julio de dos mil quince, pronunciada por este juzgado federal, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, por ejecutoria de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Bajo esa tesitura, para determinar si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, o bien, si se considera de imposible cumplimiento, es necesario precisar los efectos de la concesión de amparo, que son del tenor siguiente: [.] a) Deje insubsistente la resolución de treinta de marzo de dos mil quince que constituye el acto reclamado; y b) Emita una nueva determinación, en la que partiendo de los razonamientos planteados en esta sentencia protectora, con plenitud de jurisdicción, dé contestación de manera congruente y completa a los motivos de disenso esgrimidos por el recurrente, debiendo analizar todas y cada de las pruebas allegadas, así como las constancias que integran el sumario de origen, concediéndoles el valor demostrativo que les corresponda; resolución que podrá en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales de la afectaban, o en uno diverso, tomando en cuenta, como ya se dijo, las pruebas allegadas, así como las constancias que integran el sumario de origen. Protección que se hace extensiva hacia los actos atribuidos al actuario judicial adscrito al juzgado responsable, al ser consecuencia directa e inmediata de actos viciados de origen y no reclamarse por vicios propios de inconstitucionalidad. [.]" Ahora bien, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero de lo Familiar de Primera Instancia en esta ciudad, mediante oficio registrado con folio 4144 (fojas 293 a 302) informaron la imposibilidad jurídica que tenían para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, habida cuenta que con fecha uno de octubre de dos mil quince, la apoderada de José Roberto Villaseñor Frías, ratificó el escrito de fecha veintinueve de septiembre de ese mismo año, desistiéndose de la acción en el juicio sumario civil (alimentos), en el expediente 842/14-B, de su índice. Por lo que atendiendo a que es obligación de la suscrita fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, lo que conlleva a analizar de manera oficiosa el mismo, aun cuando no hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que expresaron las autoridades responsables su imposibilidad para cumplir; además -dicho análisis- debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin tomar en cuenta aspectos novedosos que no fueron analizados por la juzgadora de amparo; bajo ese orden de ideas, es de considerarse que la ejecutoria de amparo es de imposible cumplimiento. Así pues, de la ejecutoria de amparo se desprende que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, esto es, se constriñó al Juez a dejar insubsistente la resolución de treinta de marzo de dos mil quince, y en su lugar, emitiera una nueva con plenitud de jurisdicción, y diera contestación de manera congruente y completa a los motivos de disenso esgrimidos por el aquí quejoso, debiendo analizar todas y cada una de las constancias, concediéndole el valor demostrativo que le correspondiera, resolución que podría ser en el mismo sentido, debiendo fundar y motivar su resolución. Sin embargo, mediante acuerdo de uno de octubre de dos mil quince, pronunciado en el expediente 842/2014-B, el Juez responsable decretó el desistimiento de la acción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción II, 34, inciso B, fracción IV y 926 del Código de Procedimientos Civiles, y ordenó el archivo definitivo de dicho juicio. En ese contexto, en la especie se actualiza una imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues sobrevino una causa o situación ajena al proceso, que ha modificado las circunstancias conforme a la cuales se emitió el fallo motivo de análisis; por tanto, la suscrita estima que no habrá posibilidad de que se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o no. Pues se reitera que la sentencia protectora no puede cumplirse, por razones jurídicas y materiales, debido a que en el presente caso existe imposibilidad de acatar la sentencia protectora, es decir, no es posible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida. La anterior afirmación cobra sustento en el hecho de que a partir del análisis de las condiciones del caso en concreto -la sentencia de amparo no puede ser cumplida en sus términos- dado que a la fecha en que causó ejecutoria, había cambiado la situación jurídica, con motivo del desistimiento por la apoderada del aquí tercero interesado, esto es, que procediera a dejar insubsistente la resolución de treinta de marzo de dos mil quince, y que emitiera una nueva. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª./J.2/2008, consultable a página 431, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." En consecuencia esta juzgadora procede a declarar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues el motivo que dio origen a la concesión del amparo."

  3. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amaparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de treinta de marzo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Vista la certificación secretarial que antecede, así como las constancias que integran el presente asunto, de las que se desprende que las autoridades responsables Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Primero de lo Familiar de esta ciudad, expresaron la imposibilidad que tienen para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias en el procedimiento de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto, de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Juez y Actuarios adscritos al Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, de quienes reclamó lo que enseguida se precisa: "[.] la sentencia interlocutoria de treinta de marzo de dos mil quince, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, dentro del expediente 842/2014. [.]" De ahí que mediante resolución definitiva de veinticuatro de julio de dos mil quince, pronunciada por este juzgado federal, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, por ejecutoria de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Bajo esa tesitura, para determinar si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, o bien, si se considera de imposible cumplimiento, es necesario precisar los efectos de la concesión de amparo, que son del tenor siguiente: [.] a) Deje insubsistente la resolución de treinta de marzo de dos mil quince que constituye el acto reclamado; y b) Emita una nueva determinación, en la que partiendo de los razonamientos planteados en esta sentencia protectora, con plenitud de jurisdicción, dé contestación de manera congruente y completa a los motivos de disenso esgrimidos por el recurrente, debiendo analizar todas y cada de las pruebas allegadas, así como las constancias que integran el sumario de origen, concediéndoles el valor demostrativo que les corresponda; resolución que podrá en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales de la afectaban, o en uno diverso, tomando en cuenta, como ya se dijo, las pruebas allegadas, así como las constancias que integran el sumario de origen. Protección que se hace extensiva hacia los actos atribuidos al actuario judicial adscrito al juzgado responsable, al ser consecuencia directa e inmediata de actos viciados de origen y no reclamarse por vicios propios de inconstitucionalidad. [.]" Ahora bien, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero de lo Familiar de Primera Instancia en esta ciudad, mediante oficio registrado con folio 4144 (fojas 293 a 302) informaron la imposibilidad jurídica que tenían para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, habida cuenta que con fecha uno de octubre de dos mil quince, la apoderada de José Roberto Villaseñor Frías, ratificó el escrito de fecha veintinueve de septiembre de ese mismo año, desistiéndose de la acción en el juicio sumario civil (alimentos), en el expediente 842/14-B, de su índice. Por lo que atendiendo a que es obligación de la suscrita fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, lo que conlleva a analizar de manera oficiosa el mismo, aun cuando no hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que expresaron las autoridades responsables su imposibilidad para cumplir; además -dicho análisis- debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin tomar en cuenta aspectos novedosos que no fueron analizados por la juzgadora de amparo; bajo ese orden de ideas, es de considerarse que la ejecutoria de amparo es de imposible cumplimiento. Así pues, de la ejecutoria de amparo se desprende que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, esto es, se constriñó al Juez a dejar insubsistente la resolución de treinta de marzo de dos mil quince, y en su lugar, emitiera una nueva con plenitud de jurisdicción, y diera contestación de manera congruente y completa a los motivos de disenso esgrimidos por el aquí quejoso, debiendo analizar todas y cada una de las constancias, concediéndole el valor demostrativo que le correspondiera, resolución que podría ser en el mismo sentido, debiendo fundar y motivar su resolución. Sin embargo, mediante acuerdo de uno de octubre de dos mil quince, pronunciado en el expediente 842/2014-B, el Juez responsable decretó el desistimiento de la acción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción II, 34, inciso B, fracción IV y 926 del Código de Procedimientos Civiles, y ordenó el archivo definitivo de dicho juicio. En ese contexto, en la especie se actualiza una imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues sobrevino una causa o situación ajena al proceso, que ha modificado las circunstancias conforme a la cuales se emitió el fallo motivo de análisis; por tanto, la suscrita estima que no habrá posibilidad de que se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o no. Pues se reitera que la sentencia protectora no puede cumplirse, por razones jurídicas y materiales, debido a que en el presente caso existe imposibilidad de acatar la sentencia protectora, es decir, no es posible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida. La anterior afirmación cobra sustento en el hecho de que a partir del análisis de las condiciones del caso en concreto -la sentencia de amparo no puede ser cumplida en sus términos- dado que a la fecha en que causó ejecutoria, había cambiado la situación jurídica, con motivo del desistimiento por la apoderada del aquí tercero interesado, esto es, que procediera a dejar insubsistente la resolución de treinta de marzo de dos mil quince, y que emitiera una nueva. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª./J.2/2008, consultable a página 431, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." En consecuencia esta juzgadora procede a declarar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues el motivo que dio origen a la concesión del amparo.

  4. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de ocho de marzo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de siete de marzo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad y anexos, mediante el cual informa la imposibilidad jurídica que tiene para dar cumplimiento al fallo protector, toda vez que mediante acuerdo de uno de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente 842/2014-B de su índice, la apoderada de José Roberto Villaseñor Frías, compareció a ratificar el escrito de veintinueve de septiembre de ese mismo año, en que desistió de la acción en el citado expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.

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