José Roberto Guzmán Hernández
Expediente 1089/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Roberto Guzmán Hernández
Actuaciones
- Principal
V I S T O el estado que guarda el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Ciudad de México, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del juicio de amparo 84/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, por lo que este Juez de Distrito procede a dictar la interlocutoria correspondiente; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Interposición del incidente de nulidad de notificaciones. El veintiséis de agosto del año en curso, se acordó el oficio número 529-III-DGAECPA-DAA-(BBGG)-8125, signado electrónicamente por el Director de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, residente en Ciudad de México, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual interpuso incidente de nulidad de notificaciones respecto de los oficios 5711 y 6925, enviados al Presidente de la República, a fin de informarle, respectivamente, el contenido de la sentencia emitida el veintisiete de abril de dos mil veintiuno y el auto de veintiuno de mayo de la presente anualidad, por el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión intentado por la parte quejosa contra el fallo antes mencionado. SEGUNDO. Tramitación del incidente de nulidad de actuaciones. Una vez admitido el incidente de nulidad de actuaciones de que se trata, mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se fijaron las doce horas del cinco de noviembre posterior, a fin de que tuviera verificativo la audiencia incidental correspondiente. Sin embargo, una vez llegada la fecha indicada no fue posible llevar a cabo la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 67 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 68, en virtud de que este órgano jurisdiccional no tenía evidencia de que las autoridades responsables hubieran estado enteradas del contenido de los oficios 16696, 16697, 16699, 16700 y 16701, enviados a fin de notificarles la fecha de la celebración de la audiencia relativa al incidente que nos ocupa, por ende, se fijaron de nueva cuenta las doce horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Llegada la fecha señalada en el párrafo que antecede, al estar ante la misma situación señalada con antelación, se fijaron de nueva cuenta las doce horas del uno de diciembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia respectiva al incidente de que se trata. Finalmente la audiencia incidental tuvo verificativo en la fecha antes mencionada, en los términos plasmados en ella. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Argumentos sustentados por la autoridad para promover el incidente de nulidad de actuaciones. Sustancialmente el Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Ciudad de México, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las notificaciones realizadas al titular del ejecutivo federal deben declararse nulas, en virtud de que señala que como en el caso concreto se reclaman porciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por ende la representación presidencial corresponde a la dependencia a la que se encuentra adscrito, ello en virtud de lo establecido en el Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en términos de lo dispuesto en su artículo 3°, fracción VI, hipótesis 26. SEGUNDO. Estudio. Resulta fundado el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Ciudad de México, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ello resulta de esa manera, pues como bien lo refiere la autoridad incidentista, en el presente juicio de amparo se planteó la inconstitucionalidad del decreto publicado el once de diciembre de dos mil trece, concretamente los artículos 93, fracciones XIV y XV y 96, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la emisión y publicación del artículo 174 del Reglamento de dicha disposición. Por ende, no obstante que fue señalado como autoridad responsable el titular del ejecutivo federal, en términos del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en términos de lo dispuesto en su artículo 3°, fracción VI, hipótesis 26, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la representación del Presidente de la República en los juicios de amparo en los que se controvierta entre otras disposiciones la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual a su vez puede ser representada por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, con base en el artículo 72, fracción II Bis, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez establecido lo anterior, atendiendo a la integración del presente juicio de amparo, se advierte que tanto el oficio 5711, como el diverso 6925, respectivamente, de veintisiete de abril del año en curso y veintiuno de mayo de la presente anualidad, por medio de los cuales, en su orden, se pretendió notificar al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la sentencia pronunciada dentro del presente juicio, así como el acuerdo por el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión y allegar el escrito de expresión de agravios formulados por la parte quejosa; fueron remitidos vía correspondencia acelerada, en el caso haciendo uso de la empresa Estafeta, los cuales fueron recibidos en el domicilio ubicado en calle Alfonso Reyes número 30, colonia Hipódromo Condesa, código postal 06140, Delegación Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Ello no obstante que como ya se estableció, en el caso que nos ocupa, la representación presidencial corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como también a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, en términos de las disposiciones citadas con antelación. Por ello, atendiendo a lo establecido en el Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en términos de lo dispuesto en su artículo 3°, fracción VI, hipótesis 26, así como lo establecido por el artículo 72, fracción II Bis, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se había anticipado, se declara fundado el incidente de nulidad de notificaciones practicadas al Presidente de la República, respecto de los oficios 5711 y 6925, de veintisiete de abril del año en curso y veintiuno de mayo de la presente anualidad, respectivamente, por medio de los cuales, en su orden se pretendió notificar a dicha autoridad, la sentencia pronunciada dentro del presente juicio, así como el acuerdo por el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión y allegar el escrito de expresión de agravios formulados por la parte quejosa. Ello sin que se soslaye el argumento vertido por la autoridad incidentista, en el que sostiene que mediante informe justificado rendido por medio de oficio número 529-III-DGAECPA-DAA-(JALO)-8818, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se precisó que correspondía a la Procuraduría Fiscal de la Federación la representación del Ejecutivo Federal, y en el a su vez señaló domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 795, planta baja, colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03810, en la Ciudad de México, pues contrario a lo que sostiene dicha comunicación no fue recibida en esta órgano jurisdiccional, ya que de una revisión minuciosa de las constancias que integran el juicio en el que se actúa, no se advierte su existencia. No obstante, por los razonamientos vertidos anteriormente se declara la procedencia de la nulidad de las notificaciones de los oficios antes señalados. Por ende, se ordena la notificación de los oficios en comento, así como las demás que deban practicarse a tal autoridad, mediante el sistema de Interconexión entre los sistemas Tecnológicos de Gestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo solicita la autoridad incidentista y para el caso de que ello no sea posible se realicen por vía acelerada en el domicilio ubicado en avenida Insurgentes Sur, número 795, Nápoles, Benito Juárez, código postal 03810, en la Ciudad de México. Lo anterior, hágase del conocimiento del Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, ya que a dicho órgano le correspondió conocer del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del presente controvertido, a fin de que se sirva a bien determinar lo que en derecho corresponda. R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Se declara fundado el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el Director de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, residente en Ciudad de México, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los oficios 5711 y 6925. SEGUNDO. Se ordena la notificación de los oficios 5711 y 6925, y por ende su reenvío con los anexos necesarios, al Director de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, residente en Ciudad de México, así como las demás que deban practicarse a tal autoridad, mediante el sistema de Interconexión entre los sistemas Tecnológicos de Gestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y para el caso de que ello no sea posible se realicen por vía acelerada en el domicilio ubicado en avenida Insurgentes Sur, número 795, Nápoles, Benito Juárez, código postal 03810, en la Ciudad de México. TERCERO. Hágase del conocimiento del Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales que estime conducentes. Notifíquese personalmente y mediante oficios a las autoridades responsables, así como al Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por José Roberto Guzmán Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número II-1089/2021-D. Ahora bien, analizada íntegramente la demanda se advierte que la parte quejosa solicita amparo contra el acto que enseguida se precisa: "El acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno, pronunciado por la autoridad responsable, dentro del juicio ordinario laboral J-V-1461/2021, en el cual acordó: ".II. Dígasele a los promoventes que toda vez que no dieron cumplimiento a lo decretado en acue3rdo de fecha dos de julio del año dos mil veintiuno, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en este, esto es, se le tiene por no interpuesta la presente demanda, al no tener reconocido el carácter con el que se actúa, al no exhibir documentos para acreditar el carácter que ostenta en cuanto socios del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES, en consecuencia se ordena el archivo definitivo del presente asunto, dejando a salvo sus derechos sindicales.."." Ahora bien, de acuerdo con los artículos 34 y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo, el cual procede entre otras, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Por tanto, en el presente asunto el acto reclamado consiste en el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno, por el que la autoridad responsable no tuvo por interpuesta la demanda laboral J-V-1461/2021, esto porque no exhibió los documentos con los que acreditara tener reconocido el carácter de socio del Sindicato y ordenó el archivo definitivo dejando a salvo sus derechos sindicales. Lo que torna procedente la vía de tramitación directa y por ende, se surte la competencia legal a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito, con residencia en esta ciudad, para conocer de la demanda de amparo de cuenta. En tal virtud, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para conocer de la demanda de amparo promovida José Roberto Guzmán Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Sustenta lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2016334, de rubro y texto siguientes: AMPARO DIRECTO. PROCEDE TANTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO COMO CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO INTERPUESTO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL, EN EL QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL NO SE ADMITEN RECURSOS ORDINARIOS. En términos del segundo párrafo del artículo 1390 Bis del Código de Comercio, si contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procede recurso ordinario alguno, por consiguiente, cuando se reclama en la demanda de amparodirecto la sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio conjuntamente con el auto que desecha el recurso interpuesto, debe resolverse respecto de ambos actos reclamados, no obstante que ante la improcedencia del recurso contra la resolución definitiva, el auto que desecha el medio de impugnación deba considerarse como una determinación judicial dictada después de concluido el juicio, reclamable en amparo indirecto conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que en este supuesto debe privilegiarse la resolución expedita del asunto en aplicación del derecho fundamental a una justicia pronta y completa consagrado en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando de esta manera dividir la continencia de la causa. Asimismo, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2008791, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Remítase la demanda original, así como las copias de la misma al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito en turno, solicitándole que haga del conocimiento de este Juzgado Federal la resolución que al respecto pronuncie. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Se le tiene señalando el domicilio que indica para recibir notificaciones y como autorizados para tal efecto a las personas que refiere, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Por otro lado, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del nombre de Usuario "abogadoguillen", registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo anterior, en el entendido de que ello no implica que se le realicen las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal mediante el acuerdo general 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de dos de diciembre de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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