Jose Roberto Carrillo Osornio

Expediente 279/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
279/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Jose Roberto Carrillo Osornio
  • Iván Rafael Graciano Escajeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha les transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de veintidós de junio del dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es destruible, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio de la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Torreón, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Pruebas. Ahora bien, de las constancias que integran la controversia 1796/2022, se advierte la actualización de una causal de improcedencia en el juicio en que se actúa. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Las omisiones, abstenciones y retardos en que ha incurrido la autoridad responsable dentro de los autos de la controversia judicial 1796/2022." Efectivamente, de las constancias que integran el expediente electrónico habilitado por la autoridad judicial responsable, en cumplimiento a lo requerido por este juzgado, correspondientes a la controversia judicial 1796/2022, promovido por Iván Rafael Graciano Escajeda, a las que cabe otorgarles valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que en actuación de trece de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó un acuerdo, en el cual tuvo al defensor público aceptando y protestando su cargo, asimismo se advierte que la autoridad responsable requirió al Centro Federal de Readaptación Social 14 "CPS-Durango", en Gómez Palacio, Durango, misma que fue omisa en dar contestación, asimismo vuelve a realizar requerimiento a la autoridad penitenciaria, por último señala fecha para que tenga verificativo la audiencia de la controversia de los que derivan los actos reclamados, señalando los lineamientos para su celebración, por consiguiente se evidencia, sin lugar a dudas, que las omisiones y abstenciones de dar continuidad a su controversia lo cual constituyen los actos reclamados cesaron al emitir el pronunciamiento respectivo. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues la propia autoridad responsable se encuentra realizando las acciones necesarias para la resolución de la controversia con número 1796/2022, de su índice; lo cual se comprueba con la actuaciones del expediente que se encuentra habilitado por la misma. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. En consecuencia a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta se agrega el oficio suscrito por el Licenciado Azeem David Hernandez Linares, encargado de la Delegación por ausencia del Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, asimismo, proporciona diversos datos de localización de la licenciada Ricarda Ruvalcaba Gutiérrez, a efecto de tenerlos como medios de contacto. Acuerdo. Téngase a la autoridad ocursante por designando a la licenciada Ricarda Ruvalcaba Gutiérrez, como Defensora Pública Federal del quejoso Iván Rafael Graciano Escajeda; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Escrito. Por otra parte se tiene por recibido el escrito signado por la licenciada Ricarda Ruvalcaba Gutiérrez, mediante el cual informa que protesta el cargo conferido como Defensora Pública Federal del quejoso Iván Rafael Graciano Escajeda, en la prosecución del presente juicio; asimismo, proporciona correo electrónico y señala domicilio para oír y recibir notificaciones. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto. Autorización de usuario. Por otro lado, en términos de los artículos 3 y 21 de la Ley de Amparo, y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a la licenciada Ricarda Ruvalcaba Gutiérrez, con nombre de usuario "36232" acceder al expediente electrónico del presente juicio de amparo. Medios de contacto. Asimismo, se le tiene proporcionando los correos electrónicos rruvalcaba@cjf.gob.mx y ricarda777@hotmail.com y los números de teléfono 8717479549 extensión 1110 y 8712317191, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a quince de junio de dos mil veintitrés. Requerimiento. Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose que la autoridad responsable Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en los proveídos de once de abril y quince de mayo ambos del año en curso, no obstante de haber sido debidamente notificado para ello, según constancias de notificación que obran agregadas a los presentes autos, en tales condiciones, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable antes mencionada, a fin de que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este auto, informe a este juzgado el estado procesal de la controversia 1796/2022 (proceso de ejecución 2706/2022) en la inteligencia que si ya fue resuelta remita copia certificada de la resolución correspondiente, así como del cumplimiento a la misma. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida de actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso no dio cumplimiento a lo requerido en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el cual se le solicitó designara abogado que lo represente. Autorizado del quejoso. En tales condiciones, a fin de garantizar una debida asesoría al promovente, durante el curso de este juicio, con apoyo en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente, requiérase al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, designe un asesor jurídico federal a favor del quejoso Iván Rafael Graciano Escajeda. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 237 y 259 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cincuenta, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo anterior de conformidad con la tesis aislada I.7o.P.55 P (10a.) emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2434, libro 38, tomo IV, enero de 2017, Décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: ASESOR JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. SI EL QUEJOSO ESTÁ EN UNA SITUACIÓN QUE LE OBSTACULIZA EJERCER PLENAMENTE LA DEFENSA DE SUS INTERESES, Y SOLICITA EL AUXILIO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA ACCEDER A UNA ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA QUE HAGA VALER SUS DERECHOS ÉSTE, EN ARAS DE TUTELAR LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA, DEBE GIRAR UN OFICIO AL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, A EFECTO DE QUE LE NOMBRE A AQUÉL (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 29 DE LAS BASES GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA). Si bien en el juicio de amparo no existe la figura jurídica del defensor de oficio, como se establece en un procedimiento penal, lo cierto es que cuando se advierta que el quejoso está en una situación que le obstaculiza ejercer plenamente la defensa de sus intereses (como lo es que se encuentre privado de su libertad, sea de escasos recursos, promueva por derecho propio y sin nombrar autorizados), y solicita el auxilio al órgano jurisdiccional para acceder a una asistencia técnica jurídica que haga valer sus derechos efectivamente en el juicio constitucional, aquél debe girar un oficio al Instituto Federal de Defensoría Pública, a efecto de que le nombre un asesor jurídico, pues aun cuando el artículo 29 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del instituto mencionado, no establece expresamente el supuesto de prestar el servicio de asesoría jurídica en materia de amparo a una persona privada de su libertad, dicho dispositivo debe interpretarse de conformidad con los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en aras de tutelar los derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, para garantizar que el juicio de amparo cumpla con las características de un recurso judicial efectivo". Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas con cincuenta minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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