José Roberto Bermúdez Aguirre

Expediente 1084/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 29 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1084/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • José Roberto Bermúdez Aguirre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, a fin de que expresaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieran hecho. En tales condiciones, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido... También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. El treinta de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente juicio en la cual se concedió el amparo y la protección constitucional a ******************** para los siguientes efectos: "[.] SEXTO. Efectos del amparo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo para efecto de que la Magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca ******************** de su índice: a) Deje insubsistente la resolución del recurso de apelación de doce de agosto de dos mil veintidós, interpuesto contra la diversa de cuatro de marzo de este año; y b) Dicte otra en la cual, deje intocadas las consideraciones que sustentan la legalidad del traslado urgente del quejoso y, en línea con lo establecido en este fallo, revoque el auto recurrido a fin de que el juez de ejecución se allegue de elementos de prueba idóneos con los cuales dilucide, con libertad de jurisdicción, la viabilidad de que el sentenciado sea trasladado a un centro de reinserción diverso al Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente "VERACRUZ" que sea más cercano a su residencia familiar y que cuente con las medidas de seguridad necesarias para su internamiento. En el entendido de que en caso de que por razones de cupo, seguridad u otras análogas esto no sea posible, la autoridad responsable deberá justificarlo e informar al quejoso las condiciones particulares del caso, para que esté en posibilidad de hacer valer lo que a su interés convenga. [.]". En proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, por lo cual, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, para que dentro del término de tres días contado a partir de su notificación, cumpliera el fallo protector y remitiera las constancias relativas. Con motivo de dicho requerimiento, mediante oficio 170, la magistrada responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en seis de marzo de dos mil veintitrés, en la que en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente la diversa de doce de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca de apelación ******************** de su índice y revocó el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós dictado por el Juez de Ejecución de Penas del Sistema Oral del Distrito Judicial de Irapuato, Guanajuato, a fin de que se allegara de elementos de prueba idóneos con los cuales dilucidara, con libertad de jurisdicción, la viabilidad de que el sentenciado fuera trasladado a un centro de reclusión diverso al que fue trasladado (Centro Federal de Readaptación Social 5 "Oriente, Veracruz), que fuera más cercano a su residencia familiar y que contara con las medidas de seguridad necesarias para su internamiento. Mediante auto de doce de abril del año en curso, se tuvo recibido el oficio de la sala responsable en el que anexó copia certificadas de las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector que a esa fecha había dado el juez de ejecución, en las que, esencialmente, dio vista a las partes para que manifestaran si tenían pruebas que aportar al procedimiento, respecto de la viabilidad a efecto de trasladar al quejoso a un reclusorio diverso al Centro Federal de Readaptación Social 5 "Veracruz", que sea más cercano a su residencia familiar y que cuente con las medidas de seguridad necesarias para su internamiento. Después, por oficio 1710/2022, recibido el diecinueve de abril del actual, el juez de ejecución comunicó las medidas tomadas en resolución de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta de ejecución ******************** de su estadística, en la que ordenó a la autoridad penitenciaria de esta ciudad realizara el traslado del quejoso, del Centro Federal de Readaptación número cinco de Veracruz, a un reclusorio federal diverso a éste, que se localizara en un lugar lo más cercano que sea posible al domicilio de residencia y que contara con las medidas de seguridad necesarias para su internamiento, e indicó que el centro federal debería determinarse por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en vinculación con la autoridad penitenciaria de esta localidad. Además, precisó que deberían considerarse las opciones mencionadas en la sentencia amparadora; para ello, el juzgado responsable giró oficio al Director General del Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato y al Director de Coordinación y Control de los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social de Guanajuato, para que se comuniquen con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para solicitar de dicha autoridad apoyo institucional para que dicho organismo sea vinculado y realicen de manera coordinada las gestiones necesarias a fin de cumplir con el fallo protector. Ante dicha situación, se precisó al juez que el amparo no se había otorgado para que forzosamente se trasladara al quejoso del centro penitenciario veracruzano a uno distinto, sino para que efectuara una investigación exhaustiva en los términos que se indicaron en la ejecutoria, para averiguar si, el traslado era o no conveniente; y sólo en caso de que lo fuera, hiciera lo necesario para que se llevara a cabo. Y, se le requirió para que informara las subsecuentes actuaciones que se generaran con motivo de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo en que se actúa, y remitiera copia certificada de las constancias relativas. Luego, el veintiséis de abril del presente año, el juez responsable remitió oficio en el que transcribió acuerdo de veinticuatro del mes referido, donde determinó: "[.] Por ello, el cumplimiento de la ejecutoria involucra solamente a las autoridades penitenciarias por un lado, y por el otro al juez de ejecución, y por ello, las autoridades penitenciarias deben proporcionar a este juzgador, la información necesaria para estar en condiciones de evaluar los tres factores que la autoridad de amparo explicó, sin necesidad de seguir trámites incidentales ni celebrar audiencias, por lo que se deberán acopiar medio de prueba a través de los requerimientos que se dirijan a las autoridades penitenciarias locales y federales, haciendo uso de los medios de apremio necesarios para que los acaten. Por lo anterior expuesto se acuerda: Se requiere a las Autoridades Penitenciarias Estatales: I. Director General del Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato, II. Director de Coordinación y Control de los Centro Estatales de Prevención y Reinserción Social, y III. Director del Centro Estatal de Prevención Social de Irapuato. Asimismo se requiere a la Autoridad Penitenciaria Federal: Director de Área en la Coordinación General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Para que proporcionen a este juzgador, la información que sea necesaria para estar en condiciones de evaluar los tres factores siguientes: I. Grado de hacinamiento (cupo). II. Cercanía con el domicilio del queioso sentenciado JOSE ROBERTO BERMUDEZ AGUIRRE, quien tiene su domicilio de residencia en la calle Carrillo Puerto número 112, de la ciudad de Pueblo Nuevo, Guanajuato; y, III. Medidas de seguridad, con identificación del perfil y vínculos de pertenencia de la población penitenciaria con la que el quejoso deberá convivir y, por lo mismo, el nivel de riesgo que podría derivar de ello. Lo anterior deberán cumplirlo dentro de un término de 3 tres dias hábiles, para efecto de que este juzgador esté en condiciones de cumplir la ejecutoria de amparo citada al inicio de este auto, con el apercibimiento de que en caso de que no acaten lo anterior, se les aplicará por su incumplimiento un medio de apremio consistente en 30 treinta días de salario mínimo vigente, lo anterior con fundamento en la Il (sic) inciso b) del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, una vez que se las autoridades señaladas cumplan con lo ordenado en el plazo determinado, y obre en este procedimiento la información solicitada, se resolverá de plano. [.]" Posteriormente, en acuerdo de veintitrés de junio, se recibió el oficio signado por el juez de ejecución mediante el cual hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional que conforme a las pruebas que recabó, determinó la viabilidad de que el quejoso ******************** fuera trasladado al Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS Michoacán" en Buenavista Tomatlan, Michoacán, por reunir todos los requisitos necesarios para su internamiento y, se le requirió hiciera del conocimiento de esta comunicara la materialización de dicho traslado Finalmente, el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales, mediante oficio recibido el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés informó el egreso del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente" e ingreso al Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", y remitió copia autenticada de las constancias relativas para acreditarlo. En tales condiciones, se considera que el fallo protector está cumplido conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la Magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en resolución de seis de marzo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la diversa de doce de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca de apelación ******************** de su índice y revocó el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós dictado por el Juez de Ejecución de Penas del Sistema Oral del Distrito Judicial de Irapuato, Guanajuato, a fin de que se allegara de elementos de prueba idóneos con los cuales dilucidara, con libertad de jurisdicción, la viabilidad de que el sentenciado fuera trasladado a un centro de reclusión diverso al que fue trasladado, que fuera más cercano a su residencia familiar y que contara con las medidas de seguridad necesarias para su internamiento. Por su parte, el Juez de Ejecución de Penas con sede en esta ciudad, mediante resolución de veinte de junio del año en curso, conforme a las pruebas que recabó, determinó la viabilidad de que el quejoso ******************** fuera trasladado al Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS Michoacán" en Buenavista Tomatlan, Michoacán, traslado que fue materializado el nueve de agosto, según constancia de acta entrega-recepción que obra en autos. Archivo del expediente. Así, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Hágase la captura correspondiente en el libro de gobierno electrónico respectivo. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece: Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), de dicho acuerdo, el presente expediente debe conservarse íntegro en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez transcurrido el plazo en comento, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    agréguese al expediente el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito al Área de Impugnaciones de la Fiscalía Regional "B", mediante el cual acusa recibo del oficio 20780/2023 y anexo; por tanto, téngase cumplido el requerimiento de veinticuatro de agosto del año en curso.

  3. Principal

    Vista la cuenta, agréguese al expediente el oficio suscrito por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin mayor pronunciamiento, toda vez que se recibió con anterioridad y se proveyó respecto a su contenido mediante acuerdo de veinticinco de agosto del año en curso.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales, mediante el cual informa el egreso del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente" e ingreso al Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", y remite copia autenticada de las constancias relativas para acreditarlo. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previo a pronunciarse sobre el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del oficio de cuenta y anexo, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifiesten lo que a su interés convenga. En la inteligencia de que de no hacerlo dentro del lapso que se les concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tengan para ello; este órgano de control constitucional proveerá lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 196 de la ley de la materia. En tal sentido, requiérase al tercero interesado Agente del Ministerio Público de Impugnaciones Región "B" de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a que reciba el oficio con el que se le notifique el presente proveído, acuse el recibo correspondiente, a través del correo electrónico institucional de este juzgado (9jdo16cto@correo.cjf.gob.mx). Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo, equivalente a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional).

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