José Roberto Arce Beltrán

Expediente 249/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
249/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
11/04/2016

Partes del expediente

  • José Roberto Arce Beltrán
  • Juez Primero Penal de Partido de Celaya, Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciocho de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS: Vista la demanda de amparo promovida por José Roberto Arce Beltrán, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 249/2016-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo las anteriores consideraciones, el suscrito afirma que en relación a los actos reclamados por la parte quejosa se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones: a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal; b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y, c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta poner fin a ellos. Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sea diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto." De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: a) Por el mismo quejoso o quejosos. b) Contra las mismas autoridades. c) Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 2. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Por el criterio jurídico que contiene resulta ilustrativa la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 28, volumen 39, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista, así como que se agregue copia certificada, la ejecutoria de doce de noviembre de dos mil nueve, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, en el amparo en revisión 355/2009 de su índice, que se formó con motivo del medio de impugnación que interpuso el aquí quejoso contra la sentencia emitida en el juicio de amparo 386/2009 de la estadística de este órgano jurisdiccional, publicada en la intranet del Poder Judicial de la Federación, específicamente en el módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, habida cuenta que se justifica la invocación de este dato en virtud que las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun y cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. Cobra aplicación la jurisprudencia XXI.3o. J/7 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable a página 804, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Ahora, de la lectura de la constancia arriba descrita se obtienen los siguientes datos: - José Roberto Arce Beltrán promovió el juicio de amparo indirecto 386/2009 de la estadística de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en contra de la orden de aprehensión de trece de abril de dos mil nueve, emitida en su contra por el Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, dentro de la causa penal 188/2004 de su índice, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio. - El veintitrés de junio de dos mil nueve, se resolvió negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Roberto Arce Beltrán. - Contra la determinación anterior la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el Estado, quien la radicó bajo el número 355/0009 y el doce de noviembre de dos mil nueve, confirmó la sentencia sujeta a revisión. Por su parte, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que: - José Roberto Arce Beltrán promovió el presente controvertido en contra de la orden de aprehensión librada en su contra por el Juez Primero Penal de Partido de esta localidad, dentro de la causa penal 188/2004 de su índice, que se le sigue por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio. Bajo esas premisas, el requisito marcado con el número 1, atinente a que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado, se encuentra cubierto, pues la demanda presentada en primer término y la que es objeto de este juicio fue promovida por el mismo quejoso José Roberto Arce Beltrán. Las autoridades responsables son las mismas en ambos juicios de amparo. Es el mismo acto reclamado, pues en ambos reclama la orden de aprensión librada en su contra por el Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, dentro de la causa penal 188/2004 de su índice. Por lo que respecta a la exigencia precisada con el número 2, atinente a que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, también se encuentra cubierta, debido a que el acto que se reclama en el presente juicio ya fue materia del diverso juicio de amparo 386/2009 del índice de este juzgado. Se afirma lo anterior, ya que el veintitrés de junio de dos mil nueve, se resolvió negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Roberto Arce Beltrán en contra del referido acto reclamado. Inclusive, dicha determinación fue confirmada por Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, al resolver el amparo en revisión 355/2009 de su índice. Bajo las anteriores consideraciones, si el quejoso José Roberto Arce Beltrán acude a esta instancia constitucional reclamando nuevamente la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez Primero Penal de Partido de esta localidad, dentro de la causa penal 188/2004 de su índice, lo cual ya fue objeto del diverso juicio de amparo 386/2009 del índice de este juzgado, en el que se le negó la protección constitucional, es incuestionable que ya no es dable jurídicamente examinar el referido mandato de captura que reclama, por cuanto hacerlo implicaría volver a analizar su constitucionalidad, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XI del citado artículo 61 de la Ley de la materia. Es aplicable a lo anterior la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3414, Tomo LXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que textualmente dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rosa Elena Emiliano Alvarado y Ma. Francisca Avilés López, por así haberlo solicitado y tratarse de un asunto en materia penal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a Ernesto Alejandro Lázaro Yáñez, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador; por tratarse de un asunto en materia penal, sólo podrá hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la fecha en que se concluya el juicio. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del WORD SISE.

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