José Roberto Acosta Vargas

Expediente 259/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
259/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • José Roberto Acosta Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo por los actos ahí indicado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO.Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de veintiocho de marzo del año en curso, que en lo conducente dice: " Visto el escrito de demanda y copias, presentado por ..., por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público Militar Judicializador adscrito al Tribunal Militar de Juicio Oral de la Tercera Región Militar; regístrese en el libro de gobierno con el número 259/2022. Analizado el oficio de cuenta, así como el escrito y constancias que anexa, este juzgador estima que la pretensión del quejoso es notoriamente improcedente, tal como se justificará. El acto que Acosta Vargas reclama -derivado que por los otros por los que también pretenden ampliar su demanda, ya existe pronunciamiento en el juicio 195/2022- consiste en "el requerimiento de comparecer a las nueve horas del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente de enjuiciamiento 08/2021", que atribuye al agente del Ministerio Público Militar Judicializador adscrito al Tribunal Militar de Juicio Oral de la Tercera Región Militar. Así, analizado en su integridad la pretensión del quejoso se advierte la actualización de dos causas de improcedencia. I. La primera, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción ll, ambos de la ley de la materia. Lo anterior, porque no se le puede tener con el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, pues como establece el artículo 5º, fracción II, de La Ley de Amparo, es requisito sine qua non, que se le atribuya el haber dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ello, en razón que la intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11, del Código Militar de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el Tribunal Militar de Juicio Oral quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia invocada y, consecuentemente se desecha la demanda respecto del representante social y acto que se le atribuye. En esas condiciones, si en el caso que nos ocupa el quejoso pretende impugnar una actuación del Ministerio Público Militar Judicializador adscrito al Tribunal Militar de Juicio Oral de la Tercera Región Militar, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia en comento porque como su nombre lo indica, la autoridad está sujeta a la decisión que en definitiva resuelva el tribunal mencionado, por lo que no puede tener el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo. II. Como ya se apuntó, el suscrito también advierte la actualización de otra causa de improcedencia, en la especie la prevista en la fracción XII, del arábigo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan una afectación directa, inmediata y definitiva a la esfera jurídica del impetrante del amparo. Así, el interés jurídico, puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, considerado como aquél que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole a su destinatario una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, lo cual, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. En el caso se estima que la parte quejosa carece de interés jurídico para combatir el acto reclamado precisado anteriormente, pues un citatorio, no es más que una simple exhortación a comparecer ante el Ministerio Público, que emite en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación que no afecta derechos sustantivos del gobernado, puesto que está en posibilidad de asistir o no, a la diligencia para la cual fue citado. En efecto, el citatorio como parte de la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ésta se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos (lo cual no se advierte en la especie); lo mismo acontece cuando se acuerda sobre la consignación de la indagatoria y se ejerce la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que afectaría la esfera jurídica del quejoso. Bajo esas condiciones, el juicio de amparo es improcedente, contra actos y diligencias llevados a cabo por el Ministerio Público tendientes a la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales -derechos sustantivos-, aquellos inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita. Lo anterior es así, pues en términos del artículo 21 constitucional, la persecución de los delitos es facultad exclusiva de los órganos investigadores, quienes en ejercicio de esa atribución, practican diversas diligencias dentro de la carpeta de investigación respectiva, a fin de probar la comisión del delito, sus circunstancias y la probable responsabilidad de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella; actuaciones que por sí no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado, pues las mismas son de orden público; desde luego, siempre y cuando, con ellas no se ordene o se prive de la libertad, posesiones o derechos del gobernado. Por ello, el actuar de la responsable, per se, no le causa perjuicio alguno al inconforme y menos aún a sus derechos fundamentales, pues el Ministerio Público, conforme a las atribuciones y obligaciones conferidas por los numerales 21 y 102 constitucionales, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para establecer posibles hechos delictuosos, integrar la correspondiente carpeta de investigación y ejercer la acción penal; determinación esta última que en todo caso tampoco, por sí misma, afecta la esfera jurídica del quejoso, ya que con ella no se ordena la privación de su libertad, posesiones o derechos, pues es al juez de control a quien le corresponde resolver sobre el pedimento de la Representación Social y la determinación que se emitiera al respecto, es la que podría afectar tales derechos, consecuentemente los actos tendentes a la integración de la carpeta de investigación no vulneran las prerrogativas de los impetrantes. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que al rubro dice: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. Así como la tesis XXVII.3o.47 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1959, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Luego, en el caso, el citatorio de veintiuno de marzo de dos mil veintidós, no trasgrede los derechos sustantivos a la libertad del impetrante, por el hecho de que constituyen un mandato emitido por el órgano que constitucionalmente tiene la obligación de investigar los delitos. Lo anterior, pues como se anticipó, el Ministerio Público en ejercicio de su actividad de investigación, entre otras cuestiones, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona, con las excepciones correspondientes, ello será cuando se afecten -o exista posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos. Asimismo, tiene la facultad de ordenar, por medio de la fuerza pública, la presentación de aquella persona que habiendo sido debidamente citada, no hubiere comparecido sin causa justificada; es decir, en ese caso se estaría en presencia de una orden de presentación, circunstancia en la que sí se vería afectado el derecho sustantivo relativo a la libertad, derivado de los efectos restrictivos del espacio al cual habría de sujetarse al gobernado, pues se limita temporalmente su derecho a la libertad, la cual finaliza cuando se desahoga la diligencia que motiva la presencia del individuo, instante en que el citado puede retirarse del lugar, lo que en el caso no acontece. De tal manera, este juzgador estima que la presente instancia constitucional no es procedente contra la citación emitida por el agente del Ministerio Público responsable en contra del quejoso, pues no contiene como tal apercibimiento alguno en el supuesto de que no asistiera a la diligencia correspondiente. No escapa la atención del suscrito que en la parte final del comunicado donde viene inserto la citación del Ministerio Público se le dice que su inasistencia ante las autoridades requirentes Ministerio Público y tribunal Militar de Juicio Oral incurrirá en una responsabilidad jurídica, sin embargo, ello no puede estimarse como un apercibimiento realizado en específico por el Ministerio Público. En tales condiciones, deviene incontrovertible que, en la especie, se actualizan las causas de improcedencia mencionadas; por tanto, con fundamento en el precepto 113 de la nueva ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de amparo. DE LA PARTE QUEJOSA: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado; así como el correo electrónico y número telefónico mencionados para entablar comunicaciones no procesales. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO EN LÍNEA Y SOLICITUD DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. " toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda y copias, presentado por ..., por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público Militar Judicializador adscrito al Tribunal Militar de Juicio Oral de la Tercera Región Militar; regístrese en el libro de gobierno con el número 259/2022. Analizado el oficio de cuenta, así como el escrito y constancias que anexa, este juzgador estima que la pretensión del quejoso es notoriamente improcedente, tal como se justificará. El acto que Acosta Vargas reclama -derivado que por los otros por los que también pretenden ampliar su demanda, ya existe pronunciamiento en el juicio 195/2022- consiste en "el requerimiento de comparecer a las nueve horas del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente de enjuiciamiento 08/2021", que atribuye al agente del Ministerio Público Militar Judicializador adscrito al Tribunal Militar de Juicio Oral de la Tercera Región Militar. Así, analizado en su integridad la pretensión del quejoso se advierte la actualización de dos causas de improcedencia. I. La primera, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción ll, ambos de la ley de la materia. Lo anterior, porque no se le puede tener con el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, pues como establece el artículo 5º, fracción II, de La Ley de Amparo, es requisito sine qua non, que se le atribuya el haber dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ello, en razón que la intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11, del Código Militar de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el Tribunal Militar de Juicio Oral quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia invocada y, consecuentemente se desecha la demanda respecto del representante social y acto que se le atribuye. En esas condiciones, si en el caso que nos ocupa el quejoso pretende impugnar una actuación del Ministerio Público Militar Judicializador adscrito al Tribunal Militar de Juicio Oral de la Tercera Región Militar, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia en comento porque como su nombre lo indica, la autoridad está sujeta a la decisión que en definitiva resuelva el tribunal mencionado, por lo que no puede tener el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo. II. Como ya se apuntó, el suscrito también advierte la actualización de otra causa de improcedencia, en la especie la prevista en la fracción XII, del arábigo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, del mismo ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los gobernados, es decir, en contra de aquéllos que no provocan una afectación directa, inmediata y definitiva a la esfera jurídica del impetrante del amparo. Así, el interés jurídico, puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, considerado como aquél que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole a su destinatario una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, lo cual, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. En el caso se estima que la parte quejosa carece de interés jurídico para combatir el acto reclamado precisado anteriormente, pues un citatorio, no es más que una simple exhortación a comparecer ante el Ministerio Público, que emite en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación que no afecta derechos sustantivos del gobernado, puesto que está en posibilidad de asistir o no, a la diligencia para la cual fue citado. En efecto, el citatorio como parte de la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ésta se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos (lo cual no se advierte en la especie); lo mismo acontece cuando se acuerda sobre la consignación de la indagatoria y se ejerce la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que afectaría la esfera jurídica del quejoso. Bajo esas condiciones, el juicio de amparo es improcedente, contra actos y diligencias llevados a cabo por el Ministerio Público tendientes a la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales -derechos sustantivos-, aquellos inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita. Lo anterior es así, pues en términos del artículo 21 constitucional, la persecución de los delitos es facultad exclusiva de los órganos investigadores, quienes en ejercicio de esa atribución, practican diversas diligencias dentro de la carpeta de investigación respectiva, a fin de probar la comisión del delito, sus circunstancias y la probable responsabilidad de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella; actuaciones que por sí no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado, pues las mismas son de orden público; desde luego, siempre y cuando, con ellas no se ordene o se prive de la libertad, posesiones o derechos del gobernado. Por ello, el actuar de la responsable, per se, no le causa perjuicio alguno al inconforme y menos aún a sus derechos fundamentales, pues el Ministerio Público, conforme a las atribuciones y obligaciones conferidas por los numerales 21 y 102 constitucionales, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para establecer posibles hechos delictuosos, integrar la correspondiente carpeta de investigación y ejercer la acción penal; determinación esta última que en todo caso tampoco, por sí misma, afecta la esfera jurídica del quejoso, ya que con ella no se ordena la privación de su libertad, posesiones o derechos, pues es al juez de control a quien le corresponde resolver sobre el pedimento de la Representación Social y la determinación que se emitiera al respecto, es la que podría afectar tales derechos, consecuentemente los actos tendentes a la integración de la carpeta de investigación no vulneran las prerrogativas de los impetrantes. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que al rubro dice: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. Así como la tesis XXVII.3o.47 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1959, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Luego, en el caso, el citatorio de veintiuno de marzo de dos mil veintidós, no trasgrede los derechos sustantivos a la libertad del impetrante, por el hecho de que constituyen un mandato emitido por el órgano que constitucionalmente tiene la obligación de investigar los delitos. Lo anterior, pues como se anticipó, el Ministerio Público en ejercicio de su actividad de investigación, entre otras cuestiones, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona, con las excepciones correspondientes, ello será cuando se afecten -o exista posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos. Asimismo, tiene la facultad de ordenar, por medio de la fuerza pública, la presentación de aquella persona que habiendo sido debidamente citada, no hubiere comparecido sin causa justificada; es decir, en ese caso se estaría en presencia de una orden de presentación, circunstancia en la que sí se vería afectado el derecho sustantivo relativo a la libertad, derivado de los efectos restrictivos del espacio al cual habría de sujetarse al gobernado, pues se limita temporalmente su derecho a la libertad, la cual finaliza cuando se desahoga la diligencia que motiva la presencia del individuo, instante en que el citado puede retirarse del lugar, lo que en el caso no acontece. De tal manera, este juzgador estima que la presente instancia constitucional no es procedente contra la citación emitida por el agente del Ministerio Público responsable en contra del quejoso, pues no contiene como tal apercibimiento alguno en el supuesto de que no asistiera a la diligencia correspondiente. No escapa la atención del suscrito que en la parte final del comunicado donde viene inserto la citación del Ministerio Público se le dice que su inasistencia ante las autoridades requirentes Ministerio Público y tribunal Militar de Juicio Oral incurrirá en una responsabilidad jurídica, sin embargo, ello no puede estimarse como un apercibimiento realizado en específico por el Ministerio Público. En tales condiciones, deviene incontrovertible que, en la especie, se actualizan las causas de improcedencia mencionadas; por tanto, con fundamento en el precepto 113 de la nueva ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de amparo. DE LA PARTE QUEJOSA: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado; así como el correo electrónico y número telefónico mencionados para entablar comunicaciones no procesales. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO EN LÍNEA Y SOLICITUD DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es, a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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