Jose Rivera Vazquez

Expediente 2198/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2198/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
04/01/2016

Partes del expediente

  • Jose Rivera Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    En cuatro de enero de dos mil dieciséis, el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del dieciséis al veintidós de diciembre de dos mil quince, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto del día ocho de diciembre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 2198/2015.- DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de ocho de diciembre de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida JOSÉ RIVERA VÁZQUEZ; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

  2. Principal

    En ocho de diciembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con la demanda de amparo promovida por JOSÉ RIVERA VÁZQUEZ, registrada con el número 24258, a la que se acompañan siete copias de la misma.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de diciembre de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por JOSE RIVERA VAZQUEZ, contra actos del Director General del Colegio de Bachilleres de esta ciudad y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 123 apartados A y B, 103 y 107, Constitucionales; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 2198/2015-8 que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto reproducido se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Precisado lo anterior, este resolutor considera procedente desechar de plano la demanda de garantías, por actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En efecto, del análisis de la demanda de garantías se advierte que la misma carece de firma autógrafa del promovente JOSE RIVERA VAZQUEZ, pues se trata de copias simples; afirmación que se corrobora con lo asentado tanto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, como por la Oficialía de Partes de este Tribunal Federal, en el sentido de que el libelo constitucional de que se trata se presentó "sin firma autógrafa". Lo anterior pone de relieve una clara contravención a uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, como lo es el "Principio de Instancia de Parte Agraviada", consistente en que, para la tramitación de todo juicio de garantías, indefectiblemente debe mediar solicitud expresa por parte de quien se dice agraviado por el acto de autoridad; esto, condicionado a que el agraviado, ya sea por propia cuenta o por medio de sus representantes, externen de manera fehaciente su deseo de solicitar el amparo ante la Justicia Federal, por violaciones a sus derechos fundamentales, lo cual, es preciso hacerlo mediante escrito que contenga la firma, huella o rubrica estampadas de manera autógrafa, o en su caso por comparecencia ante la autoridad correspondiente, dado que la prosecución del juicio de amparo no es oficiosa; y siendo que tales preceptos doctrinales al hallarse previstos por la legislación de la materia, en su 4° numeral, es obvio que a tal precepto le reviste el carácter de que su observancia sea obligatoria; por tanto, es evidente que, ante la ausencia de firma autógrafa por parte del citado JOSE RIVERA VAZQUEZ, ello conduce a determinar que en la especie se está ante una nada jurídica, al no encontrarse debidamente externada su voluntad de ejercer la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo X, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, visible en la página trescientos catorce, del Semanario Judicial de la Federación y, también bajo el número de registro 218141, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." Así como la diversa tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-2, julio-diciembre de mil novecientos noventa, visible en la página quinientos ocho, del Semanario Judicial de la Federación, y también bajo el número de registro 225017, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Sólo resta decir sobre el particular, que no puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma autógrafa en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el suscrito tenga que disponer que la misma se subsane de conformidad con lo previsto por el artículo 114 de la ley en consulta, puesto que, un escrito presentado en estas condiciones no obliga al Órgano Jurisdiccional a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al carecer de dicho requisito la demanda, debe considerarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En las condiciones apuntadas, y al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por JOSE RIVERA VAZQUEZ. Apoya ésta conclusión, la tesis I.13o.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Finalmente, se tiene por autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Salvador Reyes Villarreal (cédula 1787979) y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Alfonso Lemus Gutiérrez, toda vez que no tiene cédula registrada; y como domicilio para tal efecto en calle Tierra número 310, colonia Las Palmas, en esta ciudad de Zacatecas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la demanda de garantías promovida por JOSE RIVERA VAZQUEZ, contra actos del Director General del Colegio de Bachilleres de esta ciudad y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 123 apartados A y B, 103 y 107, Constitucionales; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 2198/2015-8 que por su orden le corresponde, y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto reproducido se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Precisado lo anterior, este resolutor considera procedente desechar de plano la demanda de garantías, por actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En efecto, del análisis de la demanda de garantías se advierte que la misma carece de firma autógrafa del promovente JOSE RIVERA VAZQUEZ, pues se trata de copias simples; afirmación que se corrobora con lo asentado tanto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, como por la Oficialía de Partes de este Tribunal Federal, en el sentido de que el libelo constitucional de que se trata se presentó "sin firma autógrafa". Lo anterior pone de relieve una clara contravención a uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, como lo es el "Principio de Instancia de Parte Agraviada", consistente en que, para la tramitación de todo juicio de garantías, indefectiblemente debe mediar solicitud expresa por parte de quien se dice agraviado por el acto de autoridad; esto, condicionado a que el agraviado, ya sea por propia cuenta o por medio de sus representantes, externen de manera fehaciente su deseo de solicitar el amparo ante la Justicia Federal, por violaciones a sus derechos fundamentales, lo cual, es preciso hacerlo mediante escrito que contenga la firma, huella o rubrica estampadas de manera autógrafa, o en su caso por comparecencia ante la autoridad correspondiente, dado que la prosecución del juicio de amparo no es oficiosa; y siendo que tales preceptos doctrinales al hallarse previstos por la legislación de la materia, en su 4° numeral, es obvio que a tal precepto le reviste el carácter de que su observancia sea obligatoria; por tanto, es evidente que, ante la ausencia de firma autógrafa por parte del citado JOSE RIVERA VAZQUEZ, ello conduce a determinar que en la especie se está ante una nada jurídica, al no encontrarse debidamente externada su voluntad de ejercer la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo X, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, visible en la página trescientos catorce, del Semanario Judicial de la Federación y, también bajo el número de registro 218141, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." Así como la diversa tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-2, julio-diciembre de mil novecientos noventa, visible en la página quinientos ocho, del Semanario Judicial de la Federación, y también bajo el número de registro 225017, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Sólo resta decir sobre el particular, que no puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma autógrafa en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el suscrito tenga que disponer que la misma se subsane de conformidad con lo previsto por el artículo 114 de la ley en consulta, puesto que, un escrito presentado en estas condiciones no obliga al Órgano Jurisdiccional a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al carecer de dicho requisito la demanda, debe considerarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En las condiciones apuntadas, y al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por JOSE RIVERA VAZQUEZ. Apoya ésta conclusión, la tesis I.13o.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Finalmente, se tiene por autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Salvador Reyes Villarreal (cédula 1787979) y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Alfonso Lemus Gutiérrez, toda vez que no tiene cédula registrada; y como domicilio para tal efecto en calle Tierra número 310, colonia Las Palmas, en esta ciudad de Zacatecas. "

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