José Ricardo Villanueva Cortez

Expediente 924/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
924/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
21/08/2017

Partes del expediente

  • José Ricardo Villanueva Cortez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de cuatro de agosto del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. ...

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso RICARDO VILLANUEVA CORTEZ, con el cual da cumplimiento al requerimiento de veinticinco de julio del presente año, e informa que en el juicio del cual deriva el acto reclamado, la última actuación fue la relativa a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de catorce de marzo de dos mil diecisiete. En atención a lo anterior, se tiene por cumplida la prevención de mérito. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, respecto de los actos que se reclaman del Representante del Trabajo, Representante de Capital, Auxiliar y Secretario, todos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Estos preceptos transcritos disponen que no es posible realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando éste no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, el que resuelve estima que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que en el caso el Representante del Trabajo, Representante de Capital, Auxiliar y Secretario todos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, señalados como responsables en el presente juicio de amparo, no tiene el carácter de autoridades para efectos del amparo. Esto es, no se les pueden imputar los actos reclamados que aquí se combaten, pues, es menester señalar, que estos, únicamente tiene el carácter de subalternos de la Junta y, por consiguiente, no realizan funciones que encuadren en las previstas por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues sus actuaciones están desprovistas de imperio y decisión, excluyéndolas así del carácter de autoridades responsables. Sirve de puntual apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis VIII.3º.9L, con número de registro 187854, visible en la página 769 del tomo XV, febrero de 2002, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "AUTORIDAD RESPONSABLE. EL AUXILIAR DICTAMINADOR DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO TIENE TAL CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN EN EL DICTADO DEL PROYECTO DE LAUDO. De conformidad con lo establecido por los artículos 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, la discusión y votación del proyecto de laudo, así como su aprobación, corresponde a los integrantes de la Junta, por lo que al dictaminador o proyectista no se le puede imputar la omisión en el dictado del proyecto de laudo, pues el citado secretario auxiliar únicamente tiene el carácter de subalterno de los miembros de la Junta y, por consiguiente, no realiza funciones que encuadren en las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues el citado funcionario, por su calidad de subalterno, recibe órdenes de los integrantes de la Junta y, por ende, su actuación está desprovista de imperio y decisión, excluyéndolo así del carácter de autoridad responsable, pues en el numeral invocado se establece: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.". Apoya lo antes considerado la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por RICARDO VILLANUEVA CORTEZ, en lo que respecta al Representante del Trabajo, Representante de Capital, Auxiliar y Secretario todos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ahora bien, respecto de los actos reclamados al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el Actuario de su adscripción, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217 de ese mismo ordenamiento y las jurisprudencias 2a./J.47/2011 (10a.) y 1a./J.67/2013 (10a.), emitidas por la Segunda y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente. De acuerdo con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando dicha causal derive de la Constitución General de la República o de la propia Ley de Amparo. El artículo 217 de la ley de la materia establece que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para los Jueces de Distrito. En las jurisprudencias 2a./J.47/2011 (10a.) y 1a./J.67/2013 (10a.), la Segunda y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron, esencialmente, que para que el promovente del amparo pierda el carácter de extraño al juicio con que se ostenta, basta que antes de que se dicte sentencia tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, pues en ese caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Por consiguiente, si el quejoso se ostenta tercero extraño por equiparación a un juicio en que aún no se ha dictado el laudo y conoce los datos del proceso, debe desecharse la demanda de amparo, en virtud de que tal circunstancia (el conocimiento del proceso) le hace perder el carácter de tercero extraño. A continuación se transcriben las jurisprudencias referidas: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; y, "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. En el caso, la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio laboral, radicado con el número 937/2016, ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, del escrito de fecha veintisiete de julio del presente año, con el cual la parte quejosa dio cumplimiento al requerimiento de veinticinco de julio del año que transcurre, se desprende que éste señala que con fecha catorce de marzo del presente año se celebró en el juico de origen la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y que se encuentra pendiente el dictado del laudo correspondiente, lo cual implica que el aquí quejoso se encuentra en condiciones de comparecer al juicio laboral de origen y hacer valer sus derechos. En consecuencia, se actualiza el supuesto contenido en las jurisprudencias 2a./J.47/2011 (10a.) y 1a./J.67/2013 (10a.), emitidas por la Segunda y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, pues en el caso, la parte quejosa perdió el carácter de extraño a la controversia de origen al conocer sus datos antes de que se emitiera la sentencia correspondiente. Jurisprudencias que son aplicables al caso aun cuando en las ejecutorias correspondientes se examinó el supuesto de procedencia del juicio, previsto en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada, pues dicho numeral es idéntico al diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que ambos contemplan la procedencia del medio de control constitucional y convencional en caso de personas extrañas. Por consiguiente, respecto al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 217 de ese mismo ordenamiento y las jurisprudencias 2a./J.47/2011 (10a.) y 1a./J.67/2013 (10a.), emitidas por la Segunda y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que por su aplicación relacionada con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, obligan a desechar la demanda. Por lo que lo procedente es, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por RICARDO VILLANUEVA CORTEZ, en lo que respecta a los actos atribuidos al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el Actuario de su adscripción.

  3. Principal

    MESA VI. Vista la demanda de cuenta, promovida por José Ricardo Villanueva Cortez, contra los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Asimismo, de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte la etapa procesal en que se encuentra el juicio laboral 937/2016. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en condiciones de proveer respecto de la admisión o no de la demanda de amparo, prevéngase al promovente, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito manifieste, bajo protesta de decir verdad ante este Juzgado de Distrito: a) La etapa procesal en la que se encuentra el juicio laboral 937/2016, y en su caso, si ya se dictó el laudo correspondiente. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el predio que señala en su demanda de amparo, y como autorizados para tal fin a Jesús Alfonso Salas Villanueva, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y por lo que respecta a Missoury Consuelo Marrufo Quiñones, Ariel Mora Herrera Flores y Edwin Rangel Sosa Noh, todos con las limitaciones que establece el numeral antes invocado, toda vez que no están registrados en el Registro Único Computarizado de Profesionales del Derecho ante los Órganos de Control Constitucional. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto.

  4. Principal

    MESA VI. Vista la demanda de cuenta, promovida por José Ricardo Villanueva Cortez, contra los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Asimismo, de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte la etapa procesal en que se encuentra el juicio laboral 937/2016. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en condiciones de proveer respecto de la admisión o no de la demanda de amparo, prevéngase al promovente, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito manifieste, bajo protesta de decir verdad ante este Juzgado de Distrito: a) La etapa procesal en la que se encuentra el juicio laboral 937/2016, y en su caso, si ya se dictó el laudo correspondiente. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el predio que señala en su demanda de amparo, y como autorizados para tal fin a Jesús Alfonso Salas Villanueva, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y por lo que respecta a Missoury Consuelo Marrufo Quiñones, Ariel Mora Herrera Flores y Edwin Rangel Sosa Noh, todos con las limitaciones que establece el numeral antes invocado, toda vez que no están registrados en el Registro Único Computarizado de Profesionales del Derecho ante los Órganos de Control Constitucional. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto.

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